PÓNGALE LA FIRMA

Luis Fernando Ortiz Daza
lufo69@yahoo.com

Las acciones del Gobierno Nacional encaminadas a relevar de sus cargos a autoridades legítimamente electas por el voto popular, están produciendo un estancamiento en la gestión de gobernadores y alcaldes y por ende una recesión económica que en el corto plazo se está viendo reflejada con una frustración en la ciudadanía que está cansada del manoseo político y la judicialización de la política.

La persecución política está en manos de fiscales y jueces nombrados por el aparato ideológico del Gobierno, esto produce que una sola persona esté por encima de la decisión soberana del pueblo que en las elecciones votó por una visión de desarrollo. Un fiscal que con sólo la presentación de una acusación formal, atropella de manera inconstitucional la soberanía de millones de votantes no puede ser posible en un Estado de Derecho.

Hasta ahora existe una veintena de autoridades, entre alcaldes, gobernadores y concejales que han sido acusados de delitos penales por el Ministerio de Transparencia o la Contraloría General y que corren el riesgo de ser suspendidos del cargo merced a que la Ley marco de Autonomías establece que procede el relevo con la acusación formal admitida por un juez. Esto no es más que lo que se viene diciendo y sintiendo por parte de la ciudadanía: un golpe de Estado.

Ante esta situación y coincidentemente desde La Paz y Tarija se está emprendiendo una movilización nacional respaldada por los comités cívicos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Tarija para promover una ley por medio de la iniciativa legislativa ciudadana contemplada en la Constitución Política del Estado. El proyecto de ley plantea la derogatoria de los artículos 144 y 148 de la Ley Marco de Autonomías por medio de los cuales suspenden a las autoridades electas con la simple acusación formal ante un juez y también contempla la restitución a sus funciones de las autoridades que han sido suspendidas merced a la aplicación de esta normativa que va en contra de la Constitución Política del Estado porque no respeta la presunción de inocencia y el debido proceso.

La misma ruta de Mario Cossío ha sido planteada por el jefe del Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, quien desde Santa Cruz anunció una movilización en defensa del voto ciudadano que irá acompañado de la recolección de firmas y de mítines, luego que el alcalde paceño Luis Revilla fuera denunciado penalmente por la Contraloría del Estado acusado de daños económicos.

Este golpe de Estado destruye la democracia en el país, anula el voto popular e impide el ejercicio pleno de las Autonomías y de las autoridades electas y legalmente constituidas, en clara y evidente violación a la Constitución Política del Estado que contempla la Soberanía Popular, Sufragio Universal, Debido Proceso, Presunción de Inocencia, Sentencia Ejecutoriada y Elección directa de Autoridades Autonómicas.

Si nosotros como ciudadanos, sea cual fuere la militancia política, no apoyamos estas iniciativas a nivel nacional, estaremos dando un cheque en blanco a una dictadura totalitaria de la que solamente en 50 años, como en Cuba, tendremos que reconocer que el sistema no funciona y tendremos que reempezar desde la liberalización del mercado a la recuperación de la democracia que tantas vidas y luchas ha costado.

Hay que ponerle la firma, la campaña debe ser mucho más agresiva, los medios de comunicación, intelectuales, artistas, obreros, juntas vecinales, campesinos, indígenas, debemos ser promotores y motivadores de los valores de la democracia, libertad, justicia, paz y trabajo al que tenemos derecho todos los bolivianos.

La oposición, no sólo aquella que tiene siglas de un partido o agrupación, la oposición al abuso, la exclusión y la discriminación de gentes independientes, deben sumarse a esta iniciativa. Gente dentro del mismo partido de gobierno, sabe que algo anda mal, que se andan promoviendo leyes con fines de acallar a los medios, como la ley antirracismo, que en palabras del diputado Pinedo, la intención era preventiva, no represiva. Así sin medios y sin oposición y sin autoridades legítimamente electas será muy fácil para el Gobierno perpetuarse en el poder y llevarnos a la bancarrota, aunque sus intenciones de palabra parezcan otras.

Póngale la firma, tenemos el deber de preservar y restituir las garantías democráticas para el respeto del voto popular y el ejercicio de funciones de las autoridades elegidas mediante sufragio universal, garantizando que todo procesamiento se sujete a la Constitución Política y a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.