jueves, 25 de noviembre de 2010

Si el Presidente fuera Diputado...

Erika Brockmann Quiroga
erikabrockmann@yahoo.com.mx

Si Su Excelencia hubiese sido diputado bajo el reglamento hoy reformado, viviría en la Comisión de Ética. No hay duda, y es que él fue y sigue siendo el abanderado y modelo de quien la incontinencia verbal lo lleva a humillar, acusar y denunciar a sus adversarios y hasta a sus colaboradores "con humildad y mucho respeto"

La pedagogía del castigo está muy arraigada en la cultura nacional y va de la mano de la manía acusatoria que pulveriza el principio de presunción de inocencia. Esta tendencia tiene múltiples manifestaciones y aparece con renovado impulso cada vez que se inaugura un nuevo periodo constitucional. Entonces, a falta de oficio y de buenas ideas, sobra el entusiasmo de nóveles legisladores para reformar leyes agravando penas y ganando notoriedad cuando de múltiples formas de violencia y delitos contra niños, niñas y adolescentes y otros temas sensibles se trata. La mayoría aplaude y pocos se preguntan si funcionaron similares ímpetus reformadores en el pasado ni indagan sobre las verdaderas causas de los delitos y faltas que preocupan a la colectividad.

Pero, ¿a qué viene todo este preámbulo? Resulta que la Cámara de Diputados ha reformado su Reglamento de Ética extremando sanciones a los representantes nacionales. No sólo se ratifica que la declaración de independencia obligará a la devolución del curul a la sigla "propietaria", sino que la pérdida de mandato se daría cuando un diputado no respalde la denuncia que hiciere contra uno de sus colegas.

Luego de 10 años de vigencia del primer reglamento de ética parlamentaria era necesario analizar sus fortalezas y debilidades.

Además de sanciones y castigos a faltas graves y leves, el reglamento tenía un carácter preventivo cuyo alcance no fue comprendido. Cualquier parlamentario a fin de legitimar un acto legislativo o fiscalizador ante eventuales conflictos de interés, y dudas sobre su eticidad, podía consultar a esta comisión y solicitar un dictamen que aconseje abstenerse o libere de toda duda y sospecha a su actuación. Lamentablemente pudo más el extremismo sancionador aún a riesgo de que cunda la tentación de acusar, castigar y estigmatizar al adversario político o al aliado que discrepa con la línea oficial.

Esta reforma planteaba una extraordinaria oportunidad para abrir el debate sobre el significado de la representación política, discutir sobre los límites del derecho individual de un legislador a abstenerse a la consigna de bancada por objeción de conciencia o por el simple hecho de abrigar un criterio divergente, o discutir sobre las posibilidades reales de un parlamentario de acumular pruebas suficientes previa denuncia cuando ésta fuera grave y perjudicial a la imagen corporativa del Órgano Legislativo.

En teoría, en el papel y en los spots, las intenciones parecen ser buenas. Lamentablemente la realidad despierta suspicacias. Al senador Maldonado el deseo de abrir el debate sobre los polémicos artículos de la ley contra el racismo le costó la censura y ofensivas acusaciones. También se apunta contra el ex aliado MSM, ya que el mismísimo Presidente lo acusó incorporando a sus miembros a la abultada lista de "sospechosos de actos lesivos al Estado" por oponerse al cambio. Como el acusar se hizo epidemia, ayer sorprendió la arremetida acusatoria contra monseñor Solari, ahora sospechoso y presunto aliado de la DEA.

Si Su Excelencia hubiese sido diputado bajo el reglamento hoy reformado, viviría en la Comisión de Ética. No hay duda, y es que él fue y sigue siendo el abanderado y modelo de quien la incontinencia verbal lo lleva a humillar, acusar y denunciar a sus adversarios y hasta a sus colaboradores "con humildad y mucho respeto". Sin embargo, el Presidente está tranquilo. No es diputado del disciplinado Órgano Legislativo. Hoy, vive y gobierna desde el Olimpo.