lunes, 20 de diciembre de 2010

La OEA revolucionaria

Jaime Aparicio Otero
Apariciojaime@hotmail.com

No cabe duda que José Miguel Insulza es el político latinoamericano mejor dotado para destruir lo que queda de la OEA. Lo demostró una vez más, con sus recientes declaraciones en Bolivia durante la reunión de ministros de defensa de las Américas. Insulza, seguramente entusiasmado por las beligerantes vociferaciones de Evo Morales contra el gobierno de los Estados Unidos, le dio un zalamero apoyo al gobierno boliviano. No es la primera vez que los latinoamericanos tenemos que soportar con impotencia cómo el Secretario de la OEA realiza maniobras políticas para acomodar intereses personales.

Cuando a partir de los años 90, regímenes democráticos sucedieron dictaduras, con la excepción de Cuba, los gobiernos de las Américas, adoptaron la democracia representativa como único régimen legítimo y aprobaron la Carta Democrática Interamericana. Las guías legales de la Carta y de otros instrumentos interamericanos definen la democracia como un sistema político caracterizado por elecciones libres; imperio de la ley; independencia de los Poderes del Estados, garantías de protección contra la actuación arbitraria del Estado; poder Judicial independiente; libertad de expresión; respeto a la oposición política y alternancia en el poder.

Sin embargo, hoy en la región vemos nuevas amenazas a la democracia –esta vez no de golpes militares- sino de algunos gobiernos electos, quienes una vez en el poder buscan perpetuarse, desnaturalizando la esencia del sistema democrático al alterar en su favor la independencia y equilibrio de poderes en el Estado. Frente a esto, se suponía que el leitmotiv de la OEA era defender la integridad del sistema democrático y verifica que las reglas de juego de la democracia se cumplan. Insulza hace lo contrario. En sus nostálgicas declaraciones dijo que Bolivia es "un ejemplo para el continente", y que "la OEA está muy feliz" de apoyar ese proceso revolucionario. El mismo día un manifiesto de la Iglesia Católica en Bolivia deploraba la situación de la democracia, el narcotráfico y el uso de la justicia con fines políticos.

En otro arrebato de cinismo, Insulza dijo: "Poca gente en el exterior tiene aún la visión de lo mucho que aquí ha ocurrido y sobre todo, Presidente (refiriéndose a Evo Morales), del escaso costo humano, porque en realidad los procesos revolucionarios generalmente tienen un costo".

Lo que Insulza llama "escaso costo", son más de un centenar de muertos en esta gestión, entre crímenes políticos, represión o justicia popular; la manipulación burda del aparato judicial para reprimir a opositores políticos; exiliados y presos políticos; ex Presidentes, gobernadores y alcaldes de la oposición amenazados o encarcelados; represión y ataques constante a los medios de comunicación y desprecio por la ley y un descomunal incremento del narcotráfico. Más adelante Insulza declaró que los periodistas " son muy susceptibles ante la ley contra el racismo". Insulza se refería a una protesta masiva de periodistas y a un millón de firmas de ciudadanos, alertando sobre el peligro que se esconden detrás de la ley contra el racismo. Insulza deliberadamente ignoró que el verdadero objetivo de esa ley es cerrar los medios de comunicación independientes. Las expresiones racistas, no son expresamente determinadas en esta ley, sino que dependen del criterio de jueces al servicio del gobierno, lo que le da a éste un poderoso instrumento de amedrentamiento para acabar con los medios que no sean benévolos con Morales.

El Secretario General no puede tomar a los latinoamericanos por imbéciles, sobre todo a aquellos ciudadanos que saben de qué se trata esa historia de "transformaciones revolucionarias" y que ya no se compran el cuento de la revolución Cubana que Insulza defendió a muerte en la Asamblea de la OEA en Honduras, o de la moral de Daniel Ortega, o del etnopopulismo autoritario de Bolivia, sin mencionar al resto del grupo. La función del Secretario General de la OEA no es la de homenajear revoluciones, sino la de defender el estado de derecho, cuando éste es atropellado por caudillos populares electos que, desde el poder, desconocen la ley, violan las libertades individuales y controlan el poder judicial para perseguir a sus adversarios.