miércoles, 5 de enero de 2011

Era el gasolinazo una medida antineoliberal?

Juan Carlos Zuleta Calderón
jczuleta@gmail.com

Parece que algunos ministros o han perdido la brújula o realmente creyeron que, desde que el partido de gobierno adquirió el poder total, están más allá del bien y el mal. Estoy casi seguro de que, con argumentos que no resisten el menor análisis, primero convencieron al Vicepresidente y, con él, al mismísimo Presidente del Estado boliviano para lanzar una medida que iba en contra de las grandes mayorías que dicen defender. Todavía me resulta extraño y muy difícil de creer que nada menos que la segunda autoridad del país hubiera de pronto decidido abrazar una política estrictamente neoliberal como es la de eliminar la subvención de los hidrocarburos para poner a sus precios a merced del mercado internacional. ¿Es que nadie les dijo que con ello estaban liberalizando la economía? ¿Es que no se dieron cuenta de que en política primero hay que ser para luego parecer y no al revés? ¿Cuándo podrán entender que el poder total que lograron con el apoyo de una gran masa popular no les dio la autoridad para ser todo, incluso neoliberales?

En una coyuntura de gran confusión conceptual en que hasta el propio Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia continúa insistiendo en que los neoliberales fueron los que impusieron la subvención y que los antineoliberales (leáse el MAS y los movimientos sociales afines al partido de gobierno) son los que quieren levantarla, conviene definir claramente qué es el neoliberalismo.

En general, se puede decir que éste constituye una política económica inscrita en la Teoría Económica Neoclásica con dos objetivos fundamentales: (1) la búsqueda de estabilidad macroecónomica, y (2) la aplicación de ajustes estructurales. Para los neoliberales, la estabilidad macroeconómica sólo se podrá lograr mediante el control de la inflación, el presupuesto y la balanza de pagos, en tanto que los ajustes estructurales consisten en: (i) la puesta en vigor de una reforma tributaria dirigida,entre otras cosas, a ampliar el universo de contribuyentes y el mejoramiento de las recaudaciones impositivas; (ii) la liberalización de precios en la economía a través de la eliminación de todos los subsidios y subvenciones existentes en la economía; (iii) la privatización de las empresas públicas estratégicas, y (iv) el fomento a la inversión extranjera.

Está claro que en estos casi cinco años de gobierno, se cumplió a cabalidad el primer objetivo del neoliberalismo; no por nada hasta se consiguieron los elogios más grandilocuentes del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el buen manejo de la economía.

En cuanto al segundo objetivo del neoliberalismo, con el D.S. 748 el gobierno estuvo a punto de dar un paso trascendental para liberalizar la economía, a tiempo de generar los incentivos más claros a la inversión extranjera encarnada en la decena de empresas transnacionales petroleras y gasíferas que, desde la nacionalización decretada el 1ro. de mayo de 2006, se encargan de la explotación de nuestros hidrocarburos con base en contratos de servicios suscritos con el Estado boliviano, para que produzcan más combustibles líquidos en el país.

Al parecer, hasta las más altas autoridades del país se olvidaron de que en el marco del Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos y la Constitución Política del Estado, las transnacionales petroleras dejaron de ser propietarias de los hidrocarburos en Bolivia y se convirtieron solamente en empresas prestadoras de servicios a cambio de un costo "recuperable" y una utilidad que el Estado boliviano les reconoce de acuerdo con las condiciones establecidas en cada contrato de servicios. Por tanto, estas empresas no venden ningún combustible a nadie; están obligadas a entregar la totalidad de la producción de hidrocarburos al Estado Boliviano. Si las petroleras no invirtieron en exploración, me gustaría saber ¿por qué YPFB no les rescindió sus contratos y buscó otros operadores? o, finalmente, ¿por qué no se preparó a YPFB para asumir el control de las empresas que no cumplieron sus compromisos?

En este contexto, me pregunto: ¿qué le hubiera quedado de antineoliberal a la política económica del gobierno si se mantenía en vigencia el DS 748?