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A no asustarse, no se trata de injerencia del Estado en las Autonomías Departamentales, Regionales e Indígenas, simplemente se trata de la necesidad de tener el control de los recursos naturales y económicos para la implementación del Estado Integral a partir de las fronteras, no se trata de establecer un cinturón de castidad en la cintura del aparato (re) productivo nacional, es simple y llanamente la necesidad de ahogar lo que siempre se nos opone, es decir, centralismo versus autonomías.
A decir de la Senadora Centa Rek Lopez , con la Ley llamada de "Desarrollo y seguridad fronteriza" aprobada en diputados y senadores por los "dos tercios" MASISTAS y lista para ser promulgada por el gobierno, se están cometiendo aberraciones singulares y sin precedentes en nuestro país. Más allá de la intención en si misma del Gobierno, llama la atención el silencio cómplice y la falta de análisis de las fuerzas políticas oficialistas y de oposición acerca de esta ley, que afectan directamente a la libre determinación de los pueblos y naciones originarias de nuestro territorio.
Los medios locales y nacionales de lo único que se enteraron y/o preocuparon de esta ley es acerca de la mercadería incautada, que entre otras aberraciones dará 20% al denunciante individual y 40% a la comunidad o pueblo denunciante y el 70% será destinado a la entidad pública encargada de su comercialización, que puede rebajar al 50% en caso que el denunciante sea la comunidad, demostrando claramente la incapacidad del Estado para que por sus propios medios frene la actividad del contrabando.
Lo que también debe interesarnos es el espíritu de la Ley que es el de "proteger el territorio nacional en zona de frontera, evitar el saqueo de los recursos naturales, promover el desarrollo de las actividades económicas lícitas e implementar medidas y acciones dirigidas a lograr la seguridad alimentaria y energética y de lucha contra el tráfico ilegal de mercancías en el Estado Plurinacional de Bolivia". En contra ruta, la Ley manda que: se cree el CONSEJO PARA EL DESARROLLO FRONTERIZO Y de SEGURIDAD :) que controlará todos los proyectos de desarrollo, actividades económicas, generación de cultura, responsabilidad ciudadana y supuestas prevenciones de "ilícitos" en fronteras. El CONSEJO, será convocado por el Ministro de la Presidencia y estará conformado por los ministros(as) de la Presidencia, Defensa, Gobierno, Planificación y Economía, el legislativo en pleno, adiós las autonomías y por supuesto con estos designios es que comenzará la fiesta.
Atención, autonomistas y constitucionalistas, 50 kilómetros a la redonda de la frontera, significa un protectorado que puede ser definido, como una modalidad de administración de territorios en la que por medio de una ley, una entidad política como la ADENAF será la instancia responsable de "ejecución" de todas las políticas dictadas por un virreinato que tendrá en sus manos todo el poder del "rey" para hacer y deshacer en las fronteras de nuestro país. En la extensa frontera nacional se encuentran asentadas nacionalidades originarias que serán sometidas por esta ley.
Los Gobiernos Departamentales, uno a título de interventor, otros oficialistas y dos opositores nada podrán hacer una vez promulgada la ley, es interesante la intención, ya no el espíritu de la misma. Se pretende que recursos como el gas, el petróleo, el hierro del Mutún y los recursos geotérmicos y evaporíticos, que están en la franja de "seguridad" de los 50 kilómetros, sean confiscados, los recursos económicos generados de estos recursos naturales sólo podrán ser administrados por el Estado y ya no se trata de distracción del Gobierno, es manifiesta la colonización centralista. Los originarios y no me refiero sólo a los indígenas, sino a los estantes y habitantes de las poblaciones fronterizas serán removidos de su origen y vendrán como en Pando colonizadores milicianos a apropiarse de tierra y territorio.
Bonito el discurso de decir que es para frenar el contrabando y frenar el tránsito de narcotráfico, leyes así se vienen haciendo muchas, diciendo una cosa y haciendo otra, la institucionalidad del Estado está siendo socavada por apetitos personales y ambiciones de poder. La Constitución Política del Estado establece en su Tercera Parte la estructura y organización territorial del Estado, incorporando al ordenamiento jurídico del país nuevas unidades territoriales, el Artículo 269 en su inciso II establece que: "La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley".
No podemos permitir desde las autonomías esta confiscación, bien sabemos que es cuestión de voluntad política hacer que funcionen las instituciones del Estado, claro ejemplo es la labor realizada por las Fuerzas de Tarea Conjunta en la frontera con Brasil en Puerto Suárez y Puerto Quijarro, donde se incautaron toneladas de droga, se atraparon delincuentes y se confiscaron bienes al narcotráfico, sin necesidad de ADENAF y con solo la misión que tienen la Fuerzas Armadas de resguardar las fronteras. Aduna e Impuestos Nacionales deben hacer su trabajo en las fronteras y los fiscales dedicarse a ampliar su labor que no es sólo la de perseguir políticos.
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