sábado, 12 de marzo de 2011

Una radiografía del narcotráfico a propósito del narcogeneral

Diego Ayo Saucedo
dayo28@hotmail.com

El problema del narcotráfico no es un asunto nuevo en nuestra historia. Conviene hacer un balance retrospectivo para comprender los recovecos en torno al narcogeneral atrapado ignominiosamente en Panamá. Al decir que no es un problema reciente, es preciso comprender qué solución se le dio en coyunturas pasadas y qué actores fueron ganadores y perdedores respecto a esa decisión y, claro, hacer lo propio para el momento particular que vivimos, que de luces sobre este espinoso asunto.

Partamos de la premisa de que cualquier solución propiciada tuvo que lidiar con una estructura de poder específica compuesta por 1) los cocaleros, 2) la Embajada de Estados Unidos, 3) los narcotraficantes (o los embriones de cartel existentes, 4) los políticos. ¿Se puede contentar a todos? La respuesta es un rotundo no. Certeza que propicia la siguiente interrogante: ¿a quién y cuándo, entonces, se contentó más (o menos)? Partimos de la hipótesis de que Bolivia transito por tres etapas históricas en función a la correlación de fuerzas entre estos actores.

Una primera etapa duró de principios de los 80 hasta 1997. Fue una etapa de equilibrio catastrófico o de hegemonía variable: nadie ganó pero nadie perdió.

La Embajada ciertamente no ganó pero logró aprobar la Ley 1008, condicionar su ayuda a certificaciones oficiales, arrestar a más gente que nunca por más tiempo (si el promedio de reclusión en 1982 fue de 38 meses, en el periodo posterior a la promulgación de la Ley 1008 ascendió a 90 meses), extraditar a los más buscados (o a algunos), asentar la militarización en la lucha antinarcóticos, y, sobre todo, promover, y hasta imponer, el desarrollo alternativo. Los campesinos, no obstante sufrir bajas, consiguieron mantenerse en el Trópico y Yungas como una fuerza social decisiva, lograron la definición de la coca como legal, en tránsito e ilegal (y no sólo como ilegal) y, con ello, la autorización de plantar 12 mil hectáreas; alcanzaron a cultivar hasta 1997 poco más de 50 mil hectáreas, recibieron más ayuda que ningún otro campesino en Bolivia (en términos per cápita son los campesinos con mayor electrificación y o infraestructura vial en el país); fueron subsidiados con determinados montos por hectárea erradicada y tuvieron sitios de venta legal además de haber logrado ingresar al congreso precisamente en aquel año. Los narcos no estuvieron de fiesta pero si tuvieron su Huanchaca, su Oso Chevarría y/o su Barbaschocas. Estuvieron presentes. No con gran fuerza pero presentes. Y, claro, los políticos no estuvieron exentos de los beneficios y lazos clandestinos. Precisamente Huanchaca fue del MNR, las muchas haciendas narcotizadas fueron de ADN y el Oso fue del MIR. Fue una situación de nexos multipartidarios. Si groseramente tuviésemos que poner porcentajes diríamos que la cosa fue pareja: 25, 25, 25 y 25 por ciento para los actores en juego.

Una segunda etapa marcó una inflexión. Nada volvió a ser como antes. Se ingresó en una etapa de hegemonía estadounidense que se inició con el gobierno democrático del General Banzer en 1997 y concluyó el 2003 con Gonzalo Sánchez de Lozada. En este periodo se decidió erradicar todos los cultivos como bien lo exigía la Embajada de Estados Unidos. Se realizó en 1997 el Diálogo Nacional que elaboró un Plan de Gobierno en base a cuatro pilares. El Plan Dignidad o Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico 1998-2002 se estableció como meta la erradicación total de la hoja excedentaria hasta finales de 2002. El propósito fue suavizar la relación con Estados Unidos que veía con ojos punitivos la alianza con el MIR, partido tildado de estar involucrado con el narcotráfico.

De ese modo, si hasta 1997 se pagó 83.630.000 dólares a 34.537 productores por concepto de erradicación individual, ya desde aquel año, en el marco del Plan Dignidad se estableció la erradicación comunitaria que fijó una compensación descendente para la comunidad de 2.500 dólares en 1998 hasta sólo 500 a finales de 2001. Los resultados fueron contundentes. Entre 1989 y 1997 la superficie cultivada se redujo de 52.900 a 45.800 hectáreas con una erradicación neta de sólo 7.100 hectáreas. Entre enero de 1998 y diciembre de 2001 se erradicaron 46 mil hectáreas y la erradicación neta fue de un 90% de esta cifra. Esta reducción, que posibilitó la existencia de sólo 2.600 hectáreas ilegales en 2000, significó simultáneamente la disminución de la oferta potencial de cocaína de 236 toneladas métricas a sólo 12. Asimismo, el aporte de esta economía informal bajó a 2,2% del PIB y al 7,3% de las exportaciones legales y en 2003 a poco más del 1% del PIB. En cuanto a la generación de empleo a mediados de los 80 alrededor de 120 mil familias estaban involucradas en esta cadena productiva y para 2002 se estimó que esta cifra se redujo a cerca de 60 mil familias.

No hay pues duda. Narcos y campesinos tanto como los propios políticos quedaron al margen de los beneficios. La embajada fue la ganadora neta de esta fase histórica. Si tuviésemos que poner porcentajes la cosa seguramente sería de 70, 10, 10, 10.

Una tercera etapa se inicia en 2003 con el ascenso de Carlos Mesa a la presidencia y tiene duración hasta el periodo vigente. Es la etapa de hegemonía campesina. Carlos Mesa firmó en octubre de 2004 un convenio con el movimiento cocalero que tenía por objetivo autorizar el cultivo de un k´ato por familia cocalera en el Chapare a cambio de que el Gobierno pueda emprender la elaboración de un estudio para certificar la cantidad de coca necesaria para el consumo lícito, fijada en 12 mil hectáreas de coca en la letra de la Ley 1008. Se estableció un plazo de un año para lograr este cometido. Ese convenio terminó de ratificar el veloz ascenso en los cultivos de coca que alcanzaron en 2005 las 28.450 hectáreas. El estudio jamás tuvo lugar y hoy, ya con Evo Morales a la cabeza, la producción potencial de coca subió. Entre 1990 a 1997 se mantuvo estable con un promedio anual de 80 mil toneladas. A partir de aquel momento se redujo hasta 13.400 en 2000 para incrementarse a 20 mil toneladas en 2003 y llegar a las 39 mil en 2006. De esta cantidad sólo el 1% -casi 400 toneladas- pasó por los mercados legales. Aún más riesgosa fue la autorización del Gobierno de Evo Morales para comercializar libremente la hoja de coca –Reglamento de Comercialización de la Coca- que incrementó su producción de 1,3 a 6,8 toneladas. Producción que de acuerdo a los mismos comerciantes de la hoja –los cocanis- será destinada al narcotráfico. Hoy el gobierno debe controlar no sólo a 6 mil detallistas sino a más de 54.500 productores de coca: 23 mil en el Chapare, 30 mil en Yungas y 1.500 en Caranavi.

Qué duda cabe, en esta fase de auge campesino, los narcotraficantes también salen a flote. El otro actor, el denominado "político", tampoco parece beneficiarse. No al menos de la manera multipartidaria descrita. Quizás monopartidaria, aunque ello aún debe ser revelado en el transcurso de los siguientes meses. Por de pronto, la expulsión de la DEA y las restricciones al apoyo de USAID marcan un claro perdedor: Estados Unidos. Si diésemos porcentajes quizás la cosa sería de 50 para los campesinos, 30 para los carteles en ciernes (y/o para las múltiples familias involucradas "microeconómicamente"), 15 para los posibles financiamientos electorales y sólo 5 para la Embajada.

El narcogeneral no es una peca en la piel. Y si lo es, entonces es una peca que ha hecho metástasis, dejando entrever la ecuación de poder vigente en torno a ese tema, volcada hacia el narcotráfico en alianza tácita con los cocaleros y el gobierno.