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La detención del Alcides Villagomez, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, establece un nuevo atropello a los derechos humanos y a la democracia boliviana. Mientras el país, sufre la crisis económica y la incapacidad del gobierno solucionar problemas como controlar la inflación o asegurar la atención de los ancianos por parte de la Caja Nacional de Salud, las autoridades nacionales intensifican la persecución judicial contra líderes de la oposición, en su búsqueda de tomar todo espacio institucional que hubiera sido ganado por quienes pensamos diferente al Movimiento al Socialismo.
La privación de libertad del presidente del Parlamento Cruceño no tiene fundamento alguno y viola las garantías más elementales a los derechos humanos. Se basa en un delito inexistente y atropella los derechos de un legislador electo por el voto popular, con el único objetivo político de tomar la única Asamblea Departamental que no controla el oficialismo y así preparar las condiciones para dar un golpe de estado (desde el Estado) al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera.
Veamos qué pasa. El estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz reconoce el derecho del pueblo indígena mojeño a tener un representante en la Asamblea Legislativa cruceña. La Ley del Régimen Transitorio Electoral, aprobada en 2009 y bajo la cual se realizaron las últimas elecciones nacionales, departamentales y municipales, reconoce el mismo derecho de representación a los moxeños.
Una vez realizada la elección departamental, aparecen representantes de un supuesto pueblo yuracare moxeño, que no existe ni en la historia, ni en la Constitución ni en el Estatuto, (son dos pueblos distintos; no existe una fusión de ambos) pretendiendo asumir la representación correspondiente a los moxeños. La Corte Nacional Electoral estableció que no había condiciones de reconocer dicha representación. Sin embargo, el nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), indebidamente emitió una nueva resolución otorgando a los yuracare moxeño el derecho de ocupar el curul en cuestión.
El MAS promovió un recurso de amparo que ordenaba a los legisladores cruceños acreditar a dichos representantes. Frente a la manifiesta ilegalidad de estas decisiones, el Legislativo Cruceño planteó un conflicto de competencia y un recurso de inconstitucionalidad. No obstante, un fiscal ordena la privación de libertad de Alcides Villagomez por el supuesto delito de desobedecer la resolución del amparo y la existencia de peligro de fuga, no obstante que se había presentado a declarar voluntariamente. Igualmente, argumentó que podría influir negativamente en sus colegas para evitar la instrucción judicial de otorgar el curul en cuestión a los afines del Movimiento al Socialismo, desconociendo el derecho y la independencia de todo parlamentario a votar según su conciencia y fundamentar sus decisiones.
Parece la narración ficticia de los abusos cometidos en alguna nación sin ley, sometida al despotismo. Es la realidad que vivimos en Bolivia en pleno 2011.
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