lunes, 16 de mayo de 2011

Ratificación del Estado intervencionista al anular el 21060

Armando Méndez Morales
amendezmo@yahoo.es

El famoso DS 21060 promulgado el 29 de agosto del año 1985, ha normado, desde entonces hasta la fecha, los aspectos fundamentales de la política económica boliviana. Gracias a esto el país ha logrado un continuo crecimiento económico, dada su capacidad potencial de producción, junto a una contralada inflación de precios.

Fui uno de los pocos economistas que escribió, bajo el título "Análisis y Comentarios a la Nueva Política Económica" (Suplemento Análisis de HOY, 30/09/1985), en favor del ya famoso DS 21060, -si no el único- una vez se promulgara. ¿Por qué lo hice? No ocupaba ningún cargo público y no tenía vinculación alguna con el partido de gobierno de esa entonces. Lo hice porque me di cuenta que incluía un conjunto de medidas de política económica absolutamente imprescindibles para asegurar algún grado de racionalidad al manejo de la política económica, convertida en algo desastroso, que ocasionó la dramática hiperinflación de precios de la primera mitad de la década de los años ochenta del siglo XX, la primera en América, junto a la peor depresión económica que Bolivia había sufrido en toda su historia republicana.

Un anterior gobierno, populista y de izquierda, presidido por Hernán Siles Zuazo había generalizado la política del control de precios, razón por la que lo habitual era la presencia de los mercados negros para todo tipo de bienes. El manejo del tipo de cambio era completamente irracional y con venta de divisas sólo a los "amigos" del gobierno. Había prohibiciones para las importaciones. Un sistema arancelario irracional y con tasas que superaban el 100 por ciento. El sistema impositivo era un desastre. Se dice que había más de 400 impuestos, sin embargo, la presión tributaria había caído hasta representar sólo el uno por ciento del PIB. En los hechos no había recaudación de impuestos para sufragar el voluminoso y creciente gasto público, por lo que este se financiaba con créditos diarios que el Banco Central abonaba a las cuentas fiscales del Tesoro General de la Nación. La consecuencia de esa irracionalidad monetaria fue la hiperinflación de precios y del tipo de cambio. La banca prácticamente había colapsado porque los créditos otorgados se habían desvalorizado completamente.

El DS 21060 eliminó el control de precios y como por arte de magia los mercados restablecieron la venta de productos, los mismos que antes carecían de todo. Se dispuso la libre actividad económica, libre importación y exportación. Se reconoció el derecho de la banca de otorgar créditos a tasas de interés libremente pactadas. El Banco Central pasó a ser responsable de la determinación del tipo de cambio; los exportadores recomenzaron a entregarle sus divisas, las mismas que luego se utilizaron para realizar las necesarias importaciones, promoviendo el normal funcionamiento de todas las actividades económicas. Se creó un impuesto a los hidrocarburos el mismo que se convirtió en la principal fuente del financiamiento del imprescindible gasto público. Se tuvo que disminuir el gasto en inversión pública ya que los créditos del Banco Mundial y de otras entidades internacionales se restringieron para Bolivia, luego se reactivó cuando se normalizó el financiamiento externo.

El DS 21060 dispuso también el reordenamiento de las empresas públicas y su descentralización, el cumplimiento de la Ley del Trabajo, el inicio de la reforma fiscal y de la reforma monetaria; todo aquello con el propósito de eliminar las causas que estaban generando la hiperinflación y la depresión económica. Dos años más tarde la hiperinflación desapareció y el país reinició el crecimiento económico.

¿Qué es lo que se busca con la anulación del DS 21060? La anulación del famoso decreto 21060 tiene por objetivo político ratificar el carácter de Estado intervencionista sobre la actividad económica que caracteriza al gobierno socialista de Evo Morales, intervencionismo que se encuentra avalado por la Constitución Política del Estado que, además y por primera vez, ha sido aprobada por el voto popular. Cuando la Constitución Política del Estado define al sistema económico boliviano como "plural" y le otorga funciones de intervención sobre la economía, lo que se está diciendo es que el Estado se inmiscuirá discrecionalmente sobre las diferentes formas de organización y de propiedad económica de manera directa o indirecta. Sus políticas otorgaran privilegios, preferencias y beneficios a unas en desmedro de otras. En este contexto el Estado fijará unos precios y no otros. Prohibirá las importaciones que así vea conveniente como también las exportaciones. Esto es lo que busca el gobierno. Para esto no era necesario anular el citado decreto porque ya lo ha venido haciendo antes. Pero al hacerlo ha generado incertidumbre en unos y un impacto político en gente que cree que los males de Bolivia dependen de ese decreto y que todos, con la anulación, "viviremos bien".