Eduardo Campos Velasco
eduardocamposdc@yahoo.es
Todos en algún momento, hemos expresado nuestra preocupación respecto la justicia boliviana. Sabemos con la suficiente certeza que las cosas no están bien y que hacen falta transformaciones profundas para hacer de ésta, una garantía de la convivencia pacifica entre los ciudadanos y de éstos con el estado. Retardación, prebenda, cuoteo, tráfico de influencias, entre otras, son males que han acabado minando la confianza del ciudadano respeto al sistema de justicia de nuestro país, al extremo que es común aplicar la siguiente frase: "mas vale un mal arreglo a un buen juicio", expresado el temor y desconfianza que todos tiene de verse envueltos en un proceso judicial.
La falta de acceso universal a la justicia en términos de igualdad de los ciudadanos ante la ley, los niveles de corrupción y tráfico de influencias, los fallos inmotivados que no se ajustan a la constitución política del estado y las leyes, la sistemática violación del derecho al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia, la retardación de fallos, así como la ausencia de una efectiva tutela judicial que garantice los derechos fundamentales de las personas, son un conjunto de prácticas comunes que constituyen los problemas estructurales de la justicia boliviana, mismos que no serán resueltos con la sola elección de magistrados por el voto de los ciudadanos.
La justicia, como la organización política - social y la economía, hacen al buen desenvolvimiento de una sociedad. Dicen los expertos que la sostenibilidad de una sociedad, se asienta en un buen gobierno, democrático y legitimo; una sólida economía, base material de su desarrollo y; un sistema de justicia imparcial e independiente. Si esto es así, cualquier transformación del sistema de justicia en nuestro país, debiera partir por enfrentar los problemas estructurales que la aquejan, garantizando su plena independencia e institucionalidad, de manera que – en algún momento – la justicia se constituya en una garantía para la convivencia pacifica de los ciudadanos.
Lo que no esperábamos los bolivianos, es que ese estado de situación – que efectivamente requiere ser modificado – sea aprovechado para impulsar un proceso de subordinación de la justicia por el poder político, superando con creces lo que acontecía en el pasado.
En ese sentido, la sociedad boliviana se aproxima a un momento muy peligroso de su vida democrática. Todo indica que este proceso - como se viene desarrollado el proceso de elección de magistrado - puede acabar de consolidando la intención del partido de gobierno de copar todos los espacios de los poderes públicos del país, repitiendo y – sobre todo – "legalizando" una nueva manera de subordinar la justicia a intereses mezquinos y particulares, desaprovechando una extraordinaria oportunidad para superar sus graves deficiencias.
La justicia - como hemos señalado - y creo bien todos nos damos cuenta, es uno de los pilares de la construcción colectiva de un futuro mejor. Contar con un sistema de justicia independiente de todo tipo de influencia y fuertemente institucionalizado, son parte de las garantías que tienen los individuos y el propio estado, para hacer respetar sus derechos y garantías constitucionales. De lo contrario, la incertidumbre, el temor, el riesgo, el peligro se constituyen en factores cotidianos que acaban afectando las otras dimensiones de la vida en sociedad. Si no hay garantías de una convivencia pacifica entre los miembros de un colectivo, es imposible pensar que éstos desarrollen sus actividades cotidianas con la confianza y seguridad de que las mismas, no se verán afectadas por interferencias extrañas, incontrolables e interesadas.
La justicia, como una instancia independiente y autónoma de los otros poderes del estado, se constituye en una garantía del desarrollo económico y social de la sociedad y contribuye significativamente a hacer posible la construcción de un futuro colectivo mejor; por lo tanto, cuando estamos hablando de justicia, no estamos hablando tan sólo de jueces, procesos y leyes, sino de las garantías y seguridades que todos esperamos contar para enfrentar con posibilidades de éxito los retos que de manera individual y social asumimos.
Varios estudios señalan que a una sociedad se la puede catalogar por el grado de eficiencia de su sistema de administración de justicia. Así, a mayor independencia de la justicia, mayor es probidad de los fallos; a mayor claridad de sus normas, mejor es el desempeño de sus ciudadanos; a mayor institucionalidad del sistema, mayores son los niveles de convivencia pacifica. Esa debiera ser la apuesta que los bolivianos tendríamos que asumir para mejorar y transformar nuestro precario sistema de justicia. Sin embargo, de una manera contradictoria con todo lo que se predica (proceso de cambio, revolución democrática, etc.), el partido de gobierno impulsan una elección que siendo novedosa, todo indica que no podrá superar las taras del pasado y por el contrario, introducirá nuevas formas de sometimiento de la justicia por el poder político.
En todo caso, la situación de atravesamos se origina en el propio texto constitucional, cuando de manera apresurada e irreflexiva, como en varios otros aspectos, se incorporó en la nueva constitución mecanismos para "descolonizar" la justicia, entre ellos la "inédita" elección por voto universal de los altos magistrados del órgano judicial. Por esa vía, se pensó superar los famosos "cuoteos" entre partidos para la designación de magistrados, cuando en realidad lo que se ha facilitado es el control de la designación por un solo partido, el partido de gobierno.
La CPE establece también, la prohibición de todo tipo de campaña electoral, facultando únicamente al tribunal electoral la difusión de los méritos de los candidatos; prohibición que pareciendo razonable, tiene un alto precio, debido a que viola el derecho a la libre expresión, sin la cual todo proceso electoral pierde su sentido democrático.
Respaldado por el texto constitución, el gobierno no ha dubitado en impulsar el proceso de elección de magistrados, convencido que de esa manera, podrá hacer realidad su proyecto hegemónico, en el que – como nos están mostrando los hechos – parecen inadmisibles la existencia de jueces imparciales e independientes. De esa manera, las "decisiones del poder político", ya no correrán el riesgo de ser declaradas inconstitucionales y precisamente el voto ciudadano, otorga a los nuevos magistrados, el "blindaje democrático" que les libera de cualquier sospecha de parcialidad con el poder.
Es paradójico, pero el mecanismo que fue presentado como el antídoto de los "cuoteos políticos tradicionales" y la solución para garantizar la independencia del poder judicial, acabará convirtiéndose en el instrumento para la implementación de uno de los últimos actos de la implementación de la estrategia del control del poder total, que por supuesto incluye el órgano judicial.
En ese sentido, la posibilidad que el partido de gobierno con los 3/2 que dispone en el congreso, defina de manera discrecional las listas de precandidatos que serán los únicos que se someterán al voto de la ciudadanía, se constituye en una amenaza - que todo indica - acabará concretándose, haciendo del evento electoral una verdadera farsa, en la que los ciudadanos voten, pero no puedan elegir.
Es advierte que el instrumento que hará posible esa maniobra, es el reglamento de preselección de postulantes aprobado en el congreso. El mencionado reglamento establece en su artículo 5º que los postulantes no deben tener militancia política al menos un año antes de su postulación; es decir, que aquellos que participaron en las elecciones de diciembre del 2009 y abril del 2010, como candidatos, activistas, pintando paredes o repartiendo panfletos, están plenamente habilitado, "legalizándose" de manera interesada e ilegitima, la participación de muchos postulantes claramente vinculados con el poder político.
En todo caso, no basta que los postulantes presenten un certificado otorgado por el órgano electoral, señalando que no figuran en las listas partidarias para aceptar que no tiene vínculos políticos, fundamentalmente con el partido de gobierno. Se trata como vemos, de una disposición que "abre las puertas" para facilitar el ingreso de personajes vinculados con el poder político al órgano judicial.
Por otra parte; el artículo 6º del mencionado reglamento, establece que para postularse a magistrado del tribunal constitucional se debe contar por lo menos 35 años y con 30 años para el tribunal supremo, el tribunal agroambiental y el consejo de la judicatura; exigiéndose además, 8 años de experiencia. Por supuesto que la primera impresión que uno tiene, es que la norma establece una apertura a las nuevas generaciones; sin embargo, no deja de ser parte de la maniobra de copamiento del órgano judicial. Un ejemplo nos puede ilustrar mejor. Un abogado que se haya titulado entre los 23 y 24 años; que haya trabajado de actuario o secretario unos 3 a 4 años; que haya ejercido la profesión libre, unos 3 o 4 años, está plenamente habilitado para postularse. La pregunta es: ¿queremos tener magistrados de ese perfil?
Información del proceso de preselección de postulantes que está en curso, muestra que varios de los postulantes ya se han beneficiado de la "convalidación" de sus años de experiencia profesional, con actividades en reparticiones públicas, como funcionarios del estado. Entonces, ¿que duda puede haber, de que está en curso una maniobra para copar el órgano judicial?
Más adelante, el referido reglamento de preselección de postulantes señala en sus artículos 16º, 17º, y 18º, los procedimientos de la calificación de meritos, las entrevistas y la remisión de los resultados. En ninguna parte de los mencionados artículos se habla de la elaboración de una lista meritocratica, que establezca la diferencia entre unos y otros y permita discriminar entre aquellos que efectivamente tienen méritos, de los que sólo cumplen con los requisitos. Por el contrario, se señala que una vez concluida la etapa de calificación de meritos y entrevistas, se debe enviar una "lista alfabética" con los postulantes que hayan cumplido con los requisitos a la presidencia del congreso.
Si bien el reglamento habla de la calificación de méritos y la entrevista en los artículos 16º y 17º, en estricto sentido esta claro que no habrá calificación de meritos y valoración del historial personal de cada uno de los postulantes, así como – tampoco - la entrevista personal implicará una ponderación de su trayectoria y capacidad. Si esto es así, como señala el artículo 19º del mencionado reglamento, la preselección de postulantes en congreso, será definida por los dos tercios del partido de gobierno, sin verse obligados a escoger a los más meritorios, porque en la "lista alfabética" no se incluirán puntajes.
¿Cómo no dudar entonces que los favorecidos serán aquellos que comulgan con el partido de gobierno, cuando se conoce - por lo acontecido hasta el momento - que son más de 140 postulantes los que tienen alguna relación con el poder político?
Los hechos ya han constatado ese extremo. Entre los postulantes que han presentado sus documentos, se encuentran muchos personajes fuertemente ligados al gobierno, los que han logrado ser preseleccionados sin reparo alguno y las críticas por su relación familiar y/o política, al no estar contempladas en el reglamento de preselección, no han podido impedir que continúen en carrera.
La pregunta es: ¿Por qué lo hicieron así, es un descuido o más bien una estrategia para copar el órgano judicial? Indudablemente a los ojos de cualquier ciudadano que no tenga mayores intereses políticos, estos procedimientos le demuestran que no estamos ante un proceso cristalino y transparente para dotarnos de una administración imparcial y eficiente de justicia, como se señala de manera publica y, por el contrario, nos encontramos ante una terrible maniobra para copar políticamente el órgano judicial.
De esa manera, llegaremos a octubre del presente año (momento de la elección) con los 125 preseleccionados que deberán recibir el voto de la ciudadanía, los cuales una gran mayoría serán ex militantes (de un año atrás), simpatizantes o colaboradores del actual régimen, cumpliendo las normas y procedimientos establecidos en el reglamento de preselección y - sobre todo -, burlándose del proceso electoral y la voluntad democrática de los bolivianos.
La realidad es incontrastable, no estamos hablando de una hipótesis. Hay que recordar que con un reglamento parecido al que ahora se aplica, en el pasado inmediato se han designado a los actuales miembros del órgano electoral, tanto del nivel nacional como departamental. Se trata como vemos, del mismo mecanismo con el que se han preseleccionado a los postulantes al órgano electoral por lo menos en 5 departamentos del país (Oruro, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y Potosí) en los que el partido de gobierno dispone de los 2/3 de las asambleas. Sobre la base de "listas alfabéticas" en las que no se reconocieron los méritos y trayectoria profesional de los postulantes, las bancadas oficialistas en esos cinco departamentos, eligieron las ternas que posteriormente fueron votadas en el congreso, designado a los actuales miembros del órgano electoral y los tribunales departamentales.
Como la opinión pública conoce, varios de esos miembros, son connotados personajes allegados al partido de gobierno, al extremo que uno de ellos, en el propio acto de su posesión, acabó haciendo la señal de su partido, como vanagloria de su poder e influencia.
En el órgano electoral plurinacional y los tribunales electorales departamentales, no sólo están aquellos que fueron elegidos de las "listas alfabéticas" con el famoso reglamento, sino también los designados directamente por el presidente Morales; uno en el tribunal nacional que a la postre se ha constituido en el presidente de ese órgano y otros nueve en cada uno de los departamentos del país. En definitiva, es indisimulable la toma del cuarto poder del estado (el órgano electoral) por el gobierno y claramente lo que se pretende ahora, es hacer lo mismo con el órgano judicial.
En todo caso, no sólo es el órgano judicial lo que está en juego. Asociadas a una administración no independiente de la justicia, siempre estarán presentes mayores niveles de corrupción. Ésta es la consecuencia de fondo que debiera preocuparnos a todos y que puede generarse si el partido de gobierno se empecina en implementar su proyecto de copamiento de la justicia.
La corrupción, entendida como un conjunto de prácticas y acciones que alteran y/o corrompen los cánones establecidos de convivencia social, como la manifestación de varios factores que producen la "putrefacción" o "podredumbre" en el seno de una sociedad. Mucho poder, sumado a una baja institucionalidad y una alta dispersión social, resulta el mejor escenario para que la corrupción campee.
La corrupción, es sin duda, uno de los peores males que sufren las sociedades desde los tiempos más remotos hasta la actualidad. Sin embargo, no hay que engañarse, la corrupción no es producto de la existencia de unos cuantos malos ciudadanos en la sociedad, es el resultado de un conjunto de factores que facilitan su expresión Se trata de una formula sencilla que supera los limites de cualquier modelo económico e ideología política. Concentración de poder, mas (+) baja institucionalidad, mas (+) alta dispersión social, igual (=) mayor corrupción.
En un país como el nuestro, en el que cada día somos testigos de cómo el narcotráfico, el contrabando, el crimen organizado, adquiere carta de ciudadanía (apoderándose paulatinamente de todo lo que encuentran en su camino), contar con una justicia dependiente de los designios políticos, antes que una garantía para la convivencia pacifica, abre las puertas a mayores niveles de des-institucionalización y desagregación social. De esa manera, fácilmente podemos pasar del copamiento político de la justicia, al copamiento ya no sólo de la justicia, sino de los otros ámbitos de la vida social por grupos de poder económico asociados al crimen organizado.
Ese es en el fondo, el verdadero peligro. Ese es el itinerario que puede hacer de Bolivia, la tierra de nadie, la tierra del más fuerte, la tierra sin justicia. Por esa vía, estaremos más cerca del "estado de naturaleza", donde domina el más fuerte por medio de la violencia, del "estado de derecho" que es lo que todos los bolivianos requerimos y aspiramos.
Esa es la realidad que debe merecer una respuesta contundente de parte de la ciudadanía. En la medida en la que los bolivianos y bolivianas conozcan el conjunto de triquiñuelas con las que se quiere someter al poder judicial – esto seguro – harán sentir su desacuerdo por esa pretensión de apoderarse de la justicia.
Un apunte final. La ciudadanía no debe basar sus cuestionamientos en falsos argumentos e interpretaciones. No es evidente que lo importante sea cuanto se va ha gastar en la elección de magistrados; como tampoco es lo central, que haya más o menos publicidad respeto de los postulantes. Lo sustancial, lo peligroso, lo de fondo, es que todos los preseleccionados en el congreso, respondan al interés y la línea política del gobierno y el voto de los ciudadanos, sólo sirva para corroborar esa decisión. Por esa vía, antes que mejorar la actual cuestionada administración de justicia, lo que haremos será convertir al órgano judicial en un apéndice del gobierno, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica para el futuro de la sociedad boliviana.
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