gabrielespinozayaez@yahoo.com
Hace ya un par de semanas de la promulgación de la ley de promoción del sector productivo. En líneas generales es una ley que otorga una serie de facilidades a los pequeños y medianos agricultores, facilitando el acceso al crédito, a un sistema de seguros y otorgando facilidades para la importación y mecanización del agro.
A lo largo de cada uno de los puntos que se van tocando en la ley y desde una perspectiva técnica, es posible encontrar "pros y contras" que están relacionados a la sostenibilidad financiera del seguro, al excesivo enfoque en los pequeños productores e incluso a la romántica idea de fundamentar la provisión de alimentos en un tipo de economía (la economía comunitaria) que más que una realidad es una construcción idealizada del comportamiento económico de ciertos electores.
Sin embargo mi objetivo en esta ocasión es tocar otro punto: la falta de fundamento estadístico que está detrás de la ley (y varias otras). Me explico con algunos datos, la encuesta MECOVI[1] del 2007 muestra que los ingresos promedio de las familias que viven en el área rural se explican en algo más del 52% por la actividad agrícola, mientras que el 35% de sus ingresos está explicado por actividades laborales no relacionadas con la actividad agrícola y el resto son transferencias o ingresos no laborales. Estos datos son el promedio para toda Bolivia, pero si se observan los datos por regiones vemos que la dependencia de las familias de la actividad agrícola es mucho menor en los llanos con relación al altiplano.
Hacia donde apuntamos con estos datos, pues bien la cuestión importante es que una ley que asegure el ingreso "agrícola" de las familias en el área rural (recuerde el seguro agrícola subvencionado por el Estado), sin tomar en cuenta que las mismas tienen otras e importantes fuentes de ingreso puede llevar a una situación muy poco deseada: cultivos abandonados mientras los "agricultores" incrementan el tiempo que dedican a sus otras actividades.
Lo que nos lleva a una conclusión importante: hacer política económica solo con opiniones personales (que inevitablemente están sesgadas cualquiera sea la persona) sin tener un fundamento estadístico detrás no solo es tirar millones y millones de bolivianos gastados por el INE en su intento por proporcionarnos datos de nuestra realidad, sino que también es jugarse a una suerte de ruleta rusa donde el resultado puede ser el esperado (que los agricultores no caigan en la tentación maximizadora de sus ingresos) o puede terminar en un completo fracaso debido a nuestro escaso conocimiento de la realidad como simples individuos en una economía compleja.
Ojo, esto no quiere decir que la política económica deba estar solo en función de datos (que también pueden ser interpretados de forma sesgada), sino que un hacedor de política debe pertenecer a una especie muy rara, una que a la vez que sea capaz de traducir y entender las necesidades sociales pueda también comprender toda la batería de información cuantitativa de la que hoy por hoy disponemos para lograr el balance entre lo que los individuos (o grupos de ellos) quieren y lo que la sociedad necesita.
Todo esto con el único objetivo de que los supuestos sobre los que decidimos construir, o reconstruir, las interrelaciones sociales estén lo más próximos posibles a las formas en las que verdaderamente interactuamos todos los individuos en la sociedad. Esto no es fácil, al final del día lo que se pide es que el hacedor de política se salga del esquema que está en el gráfico[2].
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