Pablo Andrés Rivero
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En marzo de 2009, el presidente boliviano Evo Morales afirmaba en Viena, con un k'intu en la mano, que la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas cometía un error histórico al seguir penalizando a la hoja de coca, haciendo referencia al artículo 49 de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961.
El artículo en cuestión dice:
"1. Al firmar, ratificar o adherirse a la Convención, toda Parte podrá reservarse el derecho de autorizar temporalmente en cualquiera de sus territorios: [...] c) La masticación de la hoja de coca; [...] e) La masticación de hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención conforme a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 41.
2. a) Las actividades, mencionadas en el inciso 1 se autorizarán sólo en la medida en que sean tradicionales en los territorios respecto de los cuales se formule la reserva y estuvieran autorizadas en ellos el 1° de enero de 1961."
Antes de proponer un debate preciso al respecto, conviene retroceder a los antecedentes de esta Convención y también poner "sobre la mesa de discusión" otros instrumentos que tienen validez e influencia sobre el caso.
En 1950 se conformó la Comisión de Investigación de Naciones Unidas sobre la hoja de Coca, la cual visitó Bolivia y Perú realizando una serie de estudios y a partir de su reporte final se establecen los criterios de prohibición sobre la coca.
Este informe proporciona un argumento crucial, que se apoya en varias investigaciones científicas, haciendo hincapié en que la hoja de coca contiene cocaína y esto debería ser un motivo de preocupación internacional. Sin embargo, este informe muestra prejuicios y serias inconsistencias, refleja también la arbitrariedad y la evidente sesgada negatividad en relación a los "efectos negativos" de la hoja de coca en sus múltiples formas de consumo. Es más, no tiene contraste de fuentes que respaldan los efectos de lo que se afirma adversos al desempeño social y productivo , así como a la nutrición y la salud humana en general (véase el reporte "Coca yes, cocaine no" y el informe de la Comisión de 1950 en el sitio de la UNODC [embos en inglés]).
Desde entonces, como afirmo en mi tesis de maestría, la disputa de argumentos a favor y en contra de esta penalización ha sido sobre todo discursiva y sujeto a los intereses y las relaciones de poder de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. En 1988 se logró introducir una modificación al artículo 14 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Narcóticos y Sustancias Psicotrópicas, en la que se reconoce los derechos humanos fundamentales y considerará los usos tradicionales lícitos.
Es más, en 1991 y 1995 respectivamente, la Organización Mundial de la Salud junto al Instituto Interregional de las Naciones Unidas para la Investigación del Crimen y la Justicia reunieron a 45 investigadores y llevaron a cabo un estudio exhaustivo sobre la coca y sus derivados, legales e ilegales, en 19 países de los 5 continentes, arribando a la conclusión que no hay argumentos sólidos que muestren queacullicar daña la salud y que más bien se deberían explorar su beneficios terapéuticos.
Este informe no fue publicado bajo la presión política ejercida por los representantes de EE.UU., aunque sin duda representa un desafío para la política antidrogas de EE.UU. consistentemente aplicadadesde la década de 1980.
Pero eso no es todo, en 2003 la UNESCO reconoce a la cosmovisión andina Kallawaya como Patrimonio cultural e intangible de la humanidad. Este reconocimiento incluye implícitamente a la hoja de coca por ser un elemento ritual y curativo de dicha cultura y sus prácticas.
Con estos antecedentes, se llega a 2008 y 2009, cuando el gobierno de Evo Morales, máximo dirigente de los productores de coca de Bolivia, encamina una estrategia internacional hacia la despenalización de la hoja de coca, en su estado natural. Esta estrategia está ante todo orientada políticamente (de allí es que parte una hipótesis mía sobre la 'coca política') y se sostiene ideológicamente en la 'dignidad' y 'soberanía' del pueblo boliviano por preservar y revalorizar sus culturas.
Los intensos persuasivos e incluso las peticiones oficiales de despenalización no han surtido efecto, por lo que la Cancillería anunció el retiro temporal de Bolivia de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.
Ahora propongo ver la imagen amplia.
El gobierno y sus funcionarios, desde el presidente mismo, saben que una parte de la producción de coca está destinada a la producción ilícita de clorhidrato de cocaína. Ellos también saben que el precio es fluctuante pero que la presencia de la demanda ilícita garantiza la adquisición, por tanto, el dinamismo del mercado de la coca en general.
Sería ingenuo pensar que los productores de coca organizados no ejercen presión para expandir las fronteras económicas de su producto, y esto es aún más evidente considerando que el MAS-IPSP está sobre todo liderado por el movimiento cocalero.
Pero no se debe confundir tendenciosamente, con afanes políticos y pobremente informados, las consideraciones sobre la Convención de 1961.
La mayoría de los habitantes urbano-mestizos caemos muy fácilmente en una simplista relación coca-cocalero-tráfico-cocaína-gobierno permisible. No consideramos la magnitud del mercado y consumo en constante expansión de la hoja de coca en estado natural, incluso fuera de nuestras fronteras, que posiblemente se haya incrementado además en los últimos años como parte de la reafirmación identitaria y política de quienes se afilian culturalmente a su consumo y hoy detentan el poder (hipótesis a comprobarse).
La despenalización de la hoja de coca es un mandato constitucional. No es una práctica retrógrada ni 'cavernaria' porque reafirma y reproduce, nos guste o no, relaciones sociales y culturales en pueblos y segmentos de nuestro país que además se adapta y expande.
Estos argumentos de defensa de la despenalización no deben desligarse de la responsabilidad de control y delimitación urgente del mercado legal. Allí el gobierno tiene mucho por responder y sobre todo demostrar, en esa posición discursiva de dignificar la cocasacándola del circuito del narcotráfico, por ejemplo a partir de un efectivo control georeferenciado y el estricto cumplimiento de las áreas de cultivo tradicional y en transición.
Asimismo, tampoco debemos ser ingenuos al creer que no hay una agenda política integral tras este anuncio. El acto es ciertamente un reafirmante político hacia los prodestinatarios del poder político, sobre todo los sectores indígenas y subalternos, y una nueva arremetida tras varios hechos políticos recientes que parecen estar minando el apoyo al proceso.
Pero la estrategia de denunciar la Convención de 1961 e introducir una reserva sobre el acullicu es, además de un mandato constitucional como ya se dijo, una respuesta a las prácticas sociales, culturales y económicas de miles de bolivianos que no puede refutarse, de manera simplista y poco informada, bajo la argucia política de suponer que esta iniciativa nos convierte en un narco-estado.
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