ESPIONAJE POLITICO Y DERECHOS HUMANOS

Carlos Hugo Laruta Bustillos
chlaruta@hotmail.com

1. Los dirigentes sociales y los líderes políticos son ciertamente personajes públicos. Sus acciones tienen por ello un doble carácter, uno privado en su vida personal-familiar y otro público en su vida sindical o política. Pero en ambos casos no pierden ni un ápice su derecho pleno como seres humanos, sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Es decir, que sean o no sean dirigentes, el Estado debe respetar sus derechos constitucionales.

2. Entre los derechos humanos –también de los dirigentes sociales- está el derecho a la integridad y seguridad de su persona. Esto implica que el Estado a través de sus leyes, sus instituciones y las personas que las representan, entre ellas el Presidente que representa al Poder Ejecutivo del Estado, debe garantizar a los dirigentes sociales que su integridad física, moral y psicológica está protegida y defendida. Pero el Presidente Morales y su Gobierno acaban de violar este derecho, como varias veces lo ha hecho antes, al intentar desprestigiarlos. Lo intentó con Samuel y otros líderes políticos nacionales y regionales, haciéndolos aparecer como de poca fiabilidad por supuestos "daños al Estado" que hasta ahora no pudo probar. ¿Acaso a mediados del 2010, el Presidente no dijo que los líderes indígenas de la CIDOB eran agentes pagados de USAID y no lo demostró?.

Ahora, en ocasión de la 8va. Marcha Indígena por el TIPNIS y sus demandas de 16 puntos, el Presidente busca dañar la imagen moral del dirigente de CONAMAQ, Rafael Quispe, de Pedro Nuni Asambleísta indígena y la dirigenta Marupa, diciendo que recibieron llamadas de tales y cuales personas. El Presidente en representación del Estado, viola el derecho humano a la integridad personal y al prestigio moral de estos dirigentes indígenas.

3. Y el Presidente va más allá, pues viola también el derecho al debido proceso (es decir a un juicio justo, iniciado-desarrollado-acabado conforme a Ley) que cualquier ciudadano tiene. Los 3 líderes indígenas acusados por el Presidente son personas de acciones y palabras conocidas públicamente, más allá de si se pueda estar de acuerdo o no con ellos en sus opiniones. Hasta donde se conoce, ninguna acción de ellos ha sido comprendida dentro de ningún delito penal. Pero el Presidente Evo y su Gobierno, han estado haciendo "seguimiento" de sus conversaciones telefónicas con compatriotas y con extranjeros.

Y el momento adecuado, es decir en medio de la Marcha por el TIPNIS y los derechos indígenas, aparece el Presidente y dice que ellos recibieron llamadas de tales y cuales personas. El grave acto de violación al debido proceso aparece al desnudo, pues el Presidente no presentó denuncia previa contra ellos –con notificación a los denunciados- ni ante la Fiscalía ni ante ningún Juez. El Presidente no tenia causal de delito, salvo que les haga "seguimiento" sólo por ser opositores políticos y esto no es delito, aunque quizá sí en la mentalidad autoritaria de representantes del Estado que violan la Constitución y los derechos humanos establecidos en ella simplemente porque otros lideres tienen su propio modo de pensar la realidad nacional.

Es claro que un mero requerimiento fiscal es insuficiente para instruir el acceso a los reportes de llamadas de las empresas telefónicas, pues hay requisitos constitucionales que cumplir: a) solo un juez competente podría ordenarlo, siempre y cuando b) esa persona esté sometida a un proceso penal y c) por delitos que por su gravedad ameriten la solicitud del registro telefónico. El Presidente Evo Morales, no tiene –por lo tanto- ninguna atribución de actuar como juez ni de involucrarse como fiscal en un debido proceso judicial, tratando de sacar conclusiones sobre la investigación penal y menos atribución tiene para referirse a supuestas razones o temas de conversación de los líderes sociales mencionados, pues la Constitución en su artículo 25, establece que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo que haya autorización judicial que lo demande.

Lo real es que el Ministerio de Gobierno espió y espía a los dirigentes políticos buscando anularlos y desacreditarlos en sus acciones, y ahora hace lo mismo con los líderes indígenas. Quiere hostigarlos, amedrentarlos, desprestigiarlos, acallarlos. Estemos atentos, pues el Gobierno ha ampliado el círculo de líderes sociales con quienes realiza persecución política y con ello, está muy claro que el Gobierno viola los derechos humanos a la integridad de la persona y al debido proceso.