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En febrero de 2009 se promulgó la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y en julio de 2010 la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD). Con estas leyes se estableció el sistema de "autonomías simuladas", dirigidas a construir el proyecto gubernamental de "socialismo comunitario" en los departamentos, en las municipalidades, en las regiones y en los supuestos territorios indígenas.
Considero que aún no existe una interpretación cabal sobre estas autonomías y sobre las intensiones de la élite gobernante. ¿El objetivo sería, como lo afirma el gobierno, fortalecer la democracia comunitaria y participativa? ¿Se trataría de un avance de los programas de Participación Popular y de Descentralización Administrativa de los noventa? ¿Se trataría más bien de establecer un sistema político autoritario y burocrático estatal en los departamentos y municipios para dividirlos y bloquear su desarrollo?
La LMAD forma parte de las "cinco leyes estructurales" aprobadas en 2010, dirigidas a la construcción del "socialismo comunitario" de la CPE. Mientras las cuatro primeras relativas al sistema judicial están destinadas a proteger a la oligarquía burocrática en el poder y a perseguir a la oposición, la LMAD organiza para ésta un "aparato burocrático regional" para fortalecer su poder. El objetivo gubernamental no es implementar algún sistema autonómico convencional.
El nuevo "sistema autonómico" contempla cinco objetivos. El primero es incorporar las supuestas "naciones indígenas" y "autonomías regionales" a los gobiernos departamentales y municipales autónomos como instrumentos de debilitamiento y obstaculización. Los representantes de las "naciones indígenas" a las asambleas departamentales y a los municipios, al ser designados por "usos y costumbres propios", es decir, indirectamente por el Poder Ejecutivo, tienen el papel de actuar en función de consignas gubernamentales. Si no lo hacen así pueden ser revocados de inmediato también "por usos y costumbres", es decir, por el Poder Ejecutivo.
El segundo, al designar a los representantes de los pueblos y naciones indígenas por "usos y costumbres", se determina la subordinación tanto de estos representantes, como de las "naciones indígenas" mismas. Estos representantes resultan con legitimidad limitada y subordinada. En los años cincuenta del siglo pasado, las poblaciones indígenas habían conquistado el derecho al "voto universal, libre y secreto", ahora lo pierden en beneficio de la elite burocrática.
El tercero es "arrancar" una serie de competencias y recursos de inversión pública que eran de competencia departamental y municipal, con el objeto de debilitarlos. Las autonomías indígenas y regionales no son, sin embargo, las beneficiadas con el debilitamiento y los recortes sino el poder central que resulta facultado para administrarlos discrecionalmente y para su beneficio político.
Un cuarto lo juegan las denominadas "naciones indígenas". De manera arbitraria se considera que las poblaciones indígenas actuales constituirían "naciones" en base a algunas características "culturales ancestrales" (idioma, etc.). A las dichas naciones se les asigna el papel de crear inicialmente las "autonomías indígenas" y, más tarde, las "naciones indígenas". El objetivo asignado a estas naciones es en realidad crear "autonomías artificiales" dependientes y manejables desde el poder ejecutivo, para que constituyan luego los instrumentos para reducir recursos de inversión de las gobernaciones departamentales y de los gobiernos municipales y obstaculizar sus demandas y dinámicas de desarrollo. Se pretende que estas autonomías y naciones constituyan los instrumentos para generar las fragmentaciones y enfrentamientos culturales, sociales y políticos en el país.
Un quinto es que la dinámica económica regional y de los gobiernos subnacionales dependa cada vez más de los recursos generados y transferidos por el Estado Central. Pese a que esta dependencia financiera es ya abrumadora, se pretende incrementarla en sujeción al modelo económico y político de la elite burocrática que privilegia el fortalecimiento del sector extractivo estatal y relega el desarrollo de los diversos sectores productivos y regiones. Lo lamentable es que la centralización extrema si bien incrementa el poder de la oligarquía burocrática aumenta simultáneamente la dependencia económica externa del país y fragiliza y limita la dinámica económica y el desarrollo regional.
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