martes, 30 de agosto de 2011

Tipnis: El Gobierno tiene la palabra

Rolando Morales Anaya
rolando@entelnet.bo

El Gobierno se apresta a iniciar la construcción de la carretera que une Villa Tunari en el departamento de Cochabamba y San Ignacio de Moxos en el departamento del Beni con costos elevados en materia financiera, de medio ambiente, humanos, sociales y legales. La construcción de la carretera costará 430 millones de dólares, implicará el corte de más de medio millón de árboles (en su primera fase), destruirá el hábitat de varias comunidades indígenas a las cuales habrá que indemnizarlas de alguna forma e implicará el irrespeto de la Constitución Política del Estado, de otras 20 normas nacionales y de un acuerdo internacional que tiene el carácter de supranacional.

Hay muchas interrogantes sobre este proyecto, una de ellas es para qué se lo quiere hacer y si el balance costo-beneficio es adecuado desde el punto de vista económico, social, político u otro. El Gobierno no ha dado explicaciones al respecto y, sorprendentemente, la opinión pública tampoco se pregunta para qué servirá esa carretera y si su alto costo se justifica frente a los beneficios que se espera de ella. Tampoco se ha especificado cuál sería el rango de esta importante inversión en las prioridades económicas nacionales. Algunos personeros y medios de comunicación del gobierno se han limitado a explicar que esta carretera servirá para enviar productos del Beni a Cochabamba, sin precisar cuáles; algunos han dicho que serían bananas (propaganda televisiva); personeros oficiales señalaron que la carne beniana que actualmente va primero a Santa Cruz podría encaminarse directamente hacia Cochabamba. Se menciona también el objetivo de "integrar" los departamentos del Beni y Cochabamba y se repite, con alguna ligereza, que "una carretera siempre ayuda al desarrollo". ¿En qué sentido habría que entender una posible integración entre Cochabamba y Beni? Desde el punto de vista económico, la integración implica el uso de bienes y servicios en un departamento como insumo para la producción de otros bienes en el otro departamento o como productos de consumo final. Hasta la fecha, el Gobierno no ha dado a conocer cuáles serían estos bienes y servicios que podrían ser los instrumentos de integración económica. Para que una carretera ayude al desarrollo tiene que inducir la creación y expansión de actividades económicas en su entorno o en sus terminales, pero en este caso sería imposible que genere algún tipo de actividad económica pues las actividades productivas comerciales están prohibidas por la CPE en los parques naturales. Finalmente, sin echar raíces para justificarlo, el gobierno abunda en improperios y denuncias contra todos aquellos que hacen alguna observación a este proyecto.

Ninguna de las argumentaciones escuchadas hasta el presente justifica el costo ni el gran sacrificio que haría Bolivia construyendo esta carretera, pero, posiblemente el Gobierno tiene alguna razón importante para insistir en su construcción. Parte de la opinión pública sospecha la existencia de agendas u objetivos ocultos, pero habría que dar la oportunidad al Gobierno de explicar a la población porqué quiere hacerla, calculando sus costos, evaluando sus beneficios, mostrando proyectos de desarrollo regional, nacional, etc. También tendría que mostrar que esa es la mejor forma de gastar los recursos de los bolivianos frente a otras alternativas como la de invertir en la agropecuaria (mejoramiento de tierras, riego, tecnología), reparando y ampliando otras vías como por ejemplo las carreteras Cochabamba-Santa Cruz, Santa Cruz-Trinidad, Santa Cruz-Puerto Suárez, dragando los ríos para hacerlos completamente navegables o realizando un importante esfuerzo en la industrialización del país.

Una forma de destrabar el conflicto actual es que el Gobierno tome la palabra para explicar todos estos puntos con calma y racionalidad, evitando la guerra sucia, más aún cuando tiene la obligación legal de acompañar este proyecto con el llamado TESA (estudio técnico-económico-social-ambiental). Mientras que dure la preparación, difusión y discusión de esta documentación lo sensato es suspender el inicio de esta construcción pudiéndose además aprovechar ese tiempo para esclarecer las denuncias de sobreprecio y las condiciones en las cuales se ha firmado el contrato con la constructora brasileña.