Gamal Serhan Jaldin
gamalserhan@yahoo.com
http://www.gamal2010.com
Posiblemente para muchos de ustedes –como para mí antes de la Asamblea Constituyente- estas dos palabras tienen casi un mismo significado o las usamos comúnmente como sinónimos.
Sin embargo cada una encierra una visión del mundo y su relación con él. Ambas se pueden usar para definir un mismo espacio físico geográfico, por eso es que este artículo tiene apellido "dos visiones un camino". El concepto de tierra está asociado al uso y aprovechamiento de este espacio físico geográfico, mientras que el concepto de territorio está asociado a la pertenencia a ese espacio y su codependencia existencial.
Parece casual que justo la intención de construir una carretera que pase por un Territorio Indígena y Parque Nacional (TIPNIS) justamente esté planteando esta dicotomía entre estas dos visiones sobre este mismo espacio.
Detrás de la construcción del proyecto carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos se esconden entre otros intereses: a) la ampliación de la frontera agrícola b) el "desarrollo" y la integración c) la explotación de los bosques d) el acceso de productos del norte brasilero al pacifico e) la expansión de los cultivos de coca.
La Reforma Agraria del año 1953 tuvo como sujeto "Tierras al Indio y Minas al Estado, persiguiendo la modernización del Estado a través de la distribución de tierras a los campesinos otorgándoles los títulos de propiedad privada. Distribución que con el tiempo origino aceleradamente el fraccionamiento de las tierras hasta alcanzar niveles de surco fundio. Esta política estuvo orientada principalmente a las tierras en los valles y los altiplanos, mientras las tierras bajas del oriente los pueblos indígenas y amazónicos estaban excluidos totalmente de éste "beneficio".
Por eso los pueblos indígenas de tierras bajas del oriente, chaco y amazonia del país, cada vez más desplazados de su hábitat por las constantes explotaciones de recursos no renovables y sin tierra productiva, se organizan en la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y dan inicio a la primera marcha por el territorio y la dignidad en el año 1990, logrando el reconocimiento del Parque Nacional Isiboro-Secure como Territorio Indígena.
Seis años transcurrirían hasta la promulgación de la ley INRA en 1996, que se propuso revisar técnica y jurídicamente todos los derechos propietarios para otorgar certificados y títulos de propiedad sobre todas las tierras agrarias del país. Ley que no pudo ser aplicada sino hasta la aprobación de su reglamento el año 2000. A la fecha se ha titulado 20.7 millones de hectáreas (20% del territorio nacional) a través de 190 títulos a favor de los pueblos indígenas que representan solo el 4% de la población nacional.
La mentalidad colonial –no en vano se llama a estos grupos colonizadores- de los migrantes del occidente a tierras bajas, asociado a una lógica liberal de economías de escala para la producción agrícola, han generado tensiones irresueltas sobre los territorios indígenas hoy consagrados en la Constitución Política del Estado.
Los derechos colectivos parece no ser la solución a estas tensiones, porque primero la responsabilidad es de todos y es de nadie, y segundo a título de todos algunos toman decisiones ya sean están consensuadas o impuestas, consultadas o no.
El desafío es encontrar UN camino que integre estas dos visiones, respetando las aspiraciones de progreso con el respeto a las tradiciones de los pueblos indígenas y el cuidado del medio ambiente. La diversidad de Bolivia no solo cultural, sino territorial requiere políticas públicas diferenciadas que a mi entender no encuentran otro camino que la consolidación de un Estado Autonómico.
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