EVO MORALES, LA CEPAL Y EL DESARROLLO

Bernardo Corro Barrientos
bcorro@gmail.com

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), visitó al presidente Evo Morales los días 6 y 7 de diciembre para presentarle el informe sobre la economía boliviana realizada por esa institución. Su evaluación, siguiendo en general los puntos de vista del FMI, del Banco Mundial y del PNUD, fue indulgente con las políticas gubernamentales aplicadas desde hace 6 años.

La alta funcionaria destacó el alto nivel de las reservas internacionales netas (RIN), la “política cambiaria y de estabilidad de precios para favorecer la producción y las exportaciones” y resaltó el éxito que se habría tenido “en cuanto a la reducción de la pobreza”. Pronosticó, que se “continuará por la senda del crecimiento en 2012, pese a la crisis internacional”, por lo que la política gubernamental sería “una de las más exitosas en relación con Brasil, Chile y México”. Las palabras bondadosas de Bárcena sonaron para el gobierno como villancicos de navidad, agobiado el último año por importantes fracasos en la economía y por las protestas crecientes de los sectores populares.

La propaganda gubernamental no pudo silenciar las críticas a la superficialidad de la CEPAL. Fernanda Wanderley, la analista económica más destacada del país, recordó que los organismos internacionales felicitan indiscriminadamente a los gobiernos “desde 1985”, por “los resultados macroeconómicos, la estabilidad de precios, la deuda  y el superávit fiscal” (La Razón 11/12/2011). El uso parcial de las cuentas macroeconómicas para evaluar la situación económica permite a los gobiernos de los países atrasado y a los funcionarios internacionales, pasar por alto, por una parte,  la deteriorada situación económica de la población y, por otra parte, encubrir la tendencia al atraso en que se encuentra una economía. Estos dos aspectos definen la tendencia en que se encuentra Bolivia actualmente.

Las cuentas macroeconómicas, como el nivel de las reservas internacionales netas (RIN), no son, como todos saben, logros del gobierno sino de los precios volátiles de las materias primas en el mercado internacional. El modelo económico burocrático actual no tiene la capacidad de utilizar convenientemente estas reservas. Una parte las usa en la inversión pública, otra en los “bonos inflacionarios sin generación de empleo” (escolares, tercera edad, madres gestantes), otra en subsidios a la gasolina de autos de contrabando y otros y, finalmente, en el crecimiento gigantesco de la burocracia estatal (¡213% en 6 años¡). El gobierno pretende usar una parte significativa de ese ahorro en la creación de más empresas estatales pero factores estructurales como la falta de eficiencia y de rentabilidad le impiden. La mayor parte entonces se acumula en el Banco Central como RIN. También existen otros ingresos como las remesas de los migrantes bolivianos que abandonan crecientemente el país por no encontrar trabajo, así como por la producción creciente de cocaína en el Chapare.

Estos recursos que ingresan a la economía, incluyendo a los “bonos inflacionarios sin generación de empleos”, en un contexto de contracción del aparato productivo interno, generan fuertes presiones inflacionarias sobre los precios de los bienes de la canasta básica de consumo popular. Para reducir la inflación el gobierno bajó el precio del dólar con el objeto de incrementar las importaciones legales e ilegales de bienes de consumo y aumentó fuertemente la deuda pública interna. La gigantesca inundación de importaciones causa, lamentablemente, el cierre y la quiebra de miles de micro, pequeñas y medianas empresas lo que contribuye al desempleo, a la informalidad y a las migraciones al exterior.

La secretaria ejecutiva de la CEPAL también se estremeció al escuchar que el gobierno habría contribuido a la reducción de la pobreza. Lo que no perciben los expertos de la CEPAL y de otros organismos internacionales es que la política de redistribución monetaria, los “bonos inflacionarios sin generación de empleos”, “pilar del modelo económico” según los teóricos del gobierno, está basada en los ingresos volátiles generados por la exportación de materias primas y no en el desarrollo de los sectores productivos internos, actualmente en proceso de contracción. El gobierno arguye que los bonos, “instrumento central de la reducción de la pobreza extrema”, contribuirían también “al dinamismo de la demanda interna”, es decir, a la demanda de bienes producidos por el sector productivo.

He detectado, sin embargo, que los sectores más beneficiados por esta política son los importadores legales e ilegales de bienes de consumo, los grandes comerciantes locales, la banca y un grupo reducido de industrias (Cocacola, Pepsicola, Cervecería, etc.), no generadores de empleo ni de ingresos para los trabajadores. Otros países de la región como Brasil y Chile ejecutaron estas políticas de transferencias monetarias que estimularon la “demanda interna” de bienes como los productos electrodomésticos, eléctricos, electrónicos, automóviles, la mueblería, etc. En Bolivia el sector más estimulado es simplemente el señalado y sobre todo la oferta externa. El modelo gubernamental incrementa la concentración asimétrica del ingreso y el atraso económico. 

La secretaria ejecutiva de la CEPAL reconoce, sin embargo, que “el gran problema” que enfrenta el gobierno es la “informalidad”. Esta informalidad creciente proviene justamente del desempleo producido por la política económica del gobierno que favorece las importaciones y destruye el aparato productivo chico y medio. Para reducir la informalidad ella recomienda el desarrollo de las “Pymes” mediante el crédito de la banca de desarrollo, es decir, una recomendación tradicional y sin resultados en los países atrasados. ¿Cómo desarrollar a las Pymes mientras el gobierno las destruye mediante el crecimiento de las importaciones?

Bárcena, siguiendo esta vez las recomendaciones de los maestros fundadores de la  CEPAL, reconoció también que Bolivia (como América Latina) no ha logrado “cerrar su brecha de productividad con los países desarrollados, ni ha podido transformar su estructura productiva, aún basada en sectores intensivos en recursos naturales”. Con esta constatación ella cuestiona frontalmente al “modelo estatista burocrático” que impulsa el gobierno, caracterizado por “priorizar” la expansión de los “enclaves estatales estratégicos” basados en la extracción y exportación de recursos naturales y no en el desarrollo diversificado de las Pymes industriales, agropecuarias y de servicios. Bárcena contradice igualmente al modelo burocrático al sugerir “cerrar las brechas que impiden lograr la convergencia productiva y la convergencia territorial”. Al bloquear la expansión de las Pymes, que no le proporcionan recursos para la “redistribución política directa”, el modelo burocrático contribuye a la “pobreza productiva y social” de la población, expande el desempleo y la informalidad, impide la innovación tecnológica y la expansión del mercado interno y territorial.

Bolivia puede “continuar en la senda del crecimiento” como lo pronostica Bárcena, pero al mismo tiempo continúa generando la “pobreza productiva” y el subdesarrollo económico, social y territorial.