Golpes al voto del pueblo

Oscar Ortiz Antelo
oscarortizantelo@gmail.com

La suspensión del Gobernador del Beni, Ernesto Suarez, y la resolución de aprehensión al Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, han marcado un agravamiento del acoso judicial que sufren los principales lideres democráticos de Bolivia. El gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) sufre un desgaste acelerado, comprobado en significativas derrotas electorales en las elecciones judiciales y las elecciones municipales de Quillacollo y Sucre. Estos golpes antidemocráticos a los únicos gobernadores de oposición que quedan, son la reacción desesperada de quien habiendo perdido la popularidad recurre a la fuerza para preservar su poder, buscando el aniquilamiento judicial de cualquier líder de opinión disidente o posible adversario electoral.

Cómo entender que en una semana que comenzó con una Cumbre Social convocada por el Gobierno Nacional para concertar con distintos sectores, una nueva Agenda Nacional, buscando dar una imagen positiva del gobierno, se termine con una sesión de la Asamblea Legislativa Departamental del Beni, en la que se suspende a su Gobernador, atropellando las normas constitucionales y sus derechos humanos. Exactamente, un año antes se había procedido de la misma forma con el Gobernador de Tarija, Mario Cossio, que hoy vive como refugiado político en el Paraguay.

Cual es la lógica de esta contradicción entre dar, por un lado, imágenes y gestos de concertación y por otro, golpes a las autoridades electas. Contradicciones al interior del gobierno, reacciones autoritarias frente a las derrotas electorales y la perdida de popularidad o parte de un plan para consolidar un régimen de partido único mediante la inhabilitación legal y el linchamiento moral de los principales referentes de la oposición democrática.

Quizás haya una combinación de los tres motivos. El resultado es el mismo, una democracia cada vez más limitada, el pluralismo en extinción y los derechos fundamentales como la libertad de expresión, el debido proceso, la presunción de la inocencia y el derecho a la defensa ante tribunales imparciales e independientes, en franca desaparición. Mediante la persecución selectiva a quienes puedan representar un liderazgo social alternativo, ya sea desde los medios de comunicación, las organizaciones indígenas, la misma Iglesia o las organizaciones políticas, se procura amedrentar y adormecer al conjunto de la población.

Paradójicamente, es la misma gente la que le dice al gobierno del MAS que no va a perpetuarse en el poder por este camino. La multitudinaria recepción de la ciudad de La Paz a los machistas indígenas del TIPNIS y las derrotas electorales sufridas por el partido del presidente Evo Morales en los últimos dos meses, son pruebas irrefutables de que el pueblo boliviano no aceptará el autoritarismo y lo rechazara por las vías pacificas y democráticas que, en el mundo moderno, han triunfado sobre gobiernos que abusan del poder y violan los derechos humanos.