Mike GemioPperez
mgemio@hotmail.com
La Planificación en nuestro país a lo largo del proceso neoliberal se ha mostrado como proceso teórico y por demás cerrado, donde un grupo de tecnócratas, convencidos de conocer la realidad nacional, se han dado a la tarea de redactar las políticas del gobierno, las cuales son los lineamientos grandes de nuestro país que determinan que hacemos con la plata, esto desde luego, para el resto de los mortales los cuales fuimos testigos mudos de la derrochadera de dinero que hubo en años pasados, nos parece un hecho que llama a la reflexión y a poner sobre el tapete, juicios críticos de como se hace planificación en nuestro país, cuales son las herramientas técnicas claves para llevas adelante una planificación razonable, y desde luego, cual la base jurídica en la cual descansa un plan gubernamental aplicable.
La gran problemática de la planificación en Bolivia es desde luego su operatividad, es decir, cuanto de los que se escribe, se analiza se proyecta es posible y que realmente encuentra un beneficiario final, que para el caso de la planificación del Estado debe ser la población, no es secreto para nadie que planes, programas, proyectos, han sido el lindo adorno de un estante de algún ministerio o un excelente complemento para una fotografía de autoridades; pero sin lugar a dudas estos documentos le han costado al país cuantiosos recursos que por la realidad en la que fueron realizados solo representan un gasto insulso y sin beneficiario final.
El Plan Nacional de Desarrollo planteaba 5 pilares para el mejoramiento de la calidad de vida de los bolivianos, esto desde una perspectiva que rompía esquemas tradicionales y buscan el vivir bien como principio fundamental de nuestra sociedad. Estos 5 pilares son el Bolivia Digna, Bolivia Soberana, Bolivia Productiva, Bolivia Democrática y Macroeconomía, cada una corresponde a una agregación de políticas, estas políticas una suma de estrategias y las estrategias están compuestas por una cantidad de programas, los mismos que establecen las bases programáticas de las estructuras presupuestarias de cada una de los ministerios de Estado y de las instituciones descentralizadas del aparato público.
La capacidad de gestión de cada una estas instancias logra que los niveles de ejecución presupuestaria en cada línea de gasto sean aceptables, sin embargo, al referirnos a la medición de esta "gestión", nos hemos encerrado en el criterio de medir cual es el porcentaje especifico de recursos gastados, sin lograr entrar al análisis de cuanto de ese dinero utilizado ha logrado un beneficios específicos para la población o si estos recursos económicos han cumplido con la planificación de actividades, este es otro elemento que prácticamente no se toma en cuenta.
La medición de estos programas tiene como principal actor a la determinación de un buen indicador, que descansa sobre una buena variable, esto definitivamente no se ha logrado concretar, salvo en algunos programas dirigidos íntegramente por la cooperación, es necesario clarificar formas de medición para el uso de los recursos del estado, sin embargo esto descansa en la posibilidad de contar con sistemas informáticos que nos faciliten seguimiento y monitoreo en tiempo real, aspecto que es manejado ya en muchos países de la región.
Entre tanto muchos se preguntaran como cambiar esta realidad, se plantea varias soluciones entre las que principalmente está la de volver a la planificación gubernamental a una planificación participa de actores sociales involucrados, organizaciones civiles de la sociedad, colegios de profesionales y principalmente universidad que puedan ser un mecanismo de enlace entre el gobierno y la población, por otro lado está la iniciativa la de generar políticas públicas que se sostienen en bases de datos de la realidad nacional, sin caer en percepciones sesgadas de uno que otro político.
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