Álvaro Jordán Medrano
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Después de siglos de lucha de los pueblos nativos, defendiendo su libertad, contra la invasión colonial europea, el coloniaje españolista republicano y ahora, ante las pretensiones colonialistas del estatismo aimara, se ha logrado, por fin, poner la semilla de la unidad de los pueblos de valles y llanos de la cuenca amazónica-platense.
El reconocimiento de la Secretaría Indígena, como representación institucional del Consejo de Pueblos Nativos del Oriente Boliviano, (CIDOB) en la estructura de la gobernación de Santa Cruz es el paso más importante que se ha dado a lo largo de la historia de este Departamento en beneficio de la unidad de los habitantes de esta importante región y sienta las bases objetivas para la lucha por la defensa de los intereses de los sectores de la región y la libertad de los pueblos marginados por la hegemonía estatista aimara.
Es de esperar que muy pronto este compromiso se haya de reproducir en todos los otros departamentos de Bolivia, ya que la población nativa y mestiza de todo el País está siendo agredida por las pretensiones hegemónicas de la burocracia estatal aimara del gobierno de Evo Morales. Se debe esclarecer que el estatismo aimarista impuesto por el gobierno no compromete a la población aimara del altiplano, ya que el CONAMAQ (Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qullasuyo ) al colocarse en una posición crítica frente al gobierno no lo compromete con el estatismo colonialista.
Es evidente que el nuevo frente de unidad eleva la calidad de la lucha contra el verticalismo estatal al ampliar las conquistas logradas por los pueblos nativos a los espacios de las mayorías mestizas hasta ahora discriminadas, como es la democracia participativa, la generación de la autoridad desde las bases, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, el derecho a la consulta de las bases ante cualquier pretensión abusiva del gobierno central de aprovecharse de las riquezas locales, a nombre del interés nacional. Cualquier pretensión estatal de apropiarse de las riquezas de los pueblos, incluso las llamadas riquezas estratégicas, no es otra cosa que políticas colonialistas de expoliación de las riquezas regionales, si no se ha consultado previamente la aceptación de los intereses de las bases locales.
La declaración del vicepresidente García, lanzada durante su discurso del 22 de febrero, proclamando que el interés del Estado está por encima del interés local, regional o departamental no es otra cosa que una declaración disgregadora de la unidad del País y como tal debiera ser vista como traición a la Patria, ya que para que la unidad sea sólida no puede asentarse el interés estatal en el abuso de los intereses locales. Es la suma de las parcialidades lo que hace la totalidad, lo opuesto, la totalidad al margen de las parcialidades es imposición despreciable. La aceptación de esta imposición, por afectar la misma a los departamentos, regiones, municipios y territorios nativos, sólo puede interpretarse como una imposición autoritaria de carácter colonial que debe ser rechazada airadamente, siguiendo el ejemplo heroico de los hermanos nativos del CIDOB. Son los pueblos heroicos, los que se sacrifican por su derecho a existir, los que sobreviven a las imposiciones del poder.
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