CAMBIOS EN LA LEY SAFCO, EJECUCIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

Mike Alejandro Gemio Perez
mgemio@hotmail.com

La Ley 1178 desde su promulgación en 1990, ha logrado cambios en la lógica de la administración de los recursos públicos, por ejemplo, y es necesario decirlo, en muchas instituciones públicas se ha dejado de pensar que la plata esta en saquillos al fondo de un armario y de ahí se puede sacar de manera que, a simple solicitud de la autoridad de turno, puedan usarse sin el mas mínimo remordimiento sobre lo que pueda pasar en el futuro.

Por otro lado, ha buscado que la administración de la plata estado este orientada a alcanzar la eficiencia y eficacia en el uso de estos recursos, esto desde muchos puntos de vista es cuestionable, ya que como muchos hemos comprobado, el uso de los recursos muy pocas veces está orientado a cumplir objetivos, es decir, se gasta por gastar, no se tiene un norte claro sobre a quienes, específicamente, está beneficiando un determinado gasto, hablando obviamente desde el punto de vista de que los recursos públicos tienen como beneficiario a los sectores con mayores necesidades de la población.

Muchos de los defensores de la Ley SAFCO, han usado el argumento de que mucho de lo descrito en la Ley, es la teoría administrativa hecha norma, ya que si uno se pone a revisar bibliografía clásica de la administración encuentra el conservador proceso de planificar, organizar, ejecutar y controlar, que llevado a la lógica de la Ley, son los ocho sistemas de la Ley SAFCO que, agrupados de alguna manera, cumplen con estos principios y que buscan que el uso de los recursos este orientado a maximizar los beneficios a través de implantación de estos sistemas en las instituciones públicas.

Ahora bien, el Estado Boliviano ha logrado implantar en parte, algunos sistemas con bastantes consideraciones que muestran que no se han logrado resultados específicos, uno de los que es necesario nombrar es el Sistema de Control Gubernamental, apoyado, supervisado y regido como órgano rector por la Contraloría General de la República (ahora Estado), donde se invirtieron millones en capacitación para los funcionarios públicos (ahora servidores), para que este sistema sea considere el chicote en las instituciones y de esta manera se pueda construir una cultura del miedo a la hora de ejecutar recursos del Estado, ahora bien, cuando nos toca medir resultados la pregunta es, cuantas autoridades han sido procesadas con Responsabilidad Ejecutiva y que además, hayan cumplido una pena de privación de libertad?, pues difícilmente superan los dedos de las manos, por otro lado, todo el aparato burocrático instalado en la contraloría para controlar las actividades económicas y financieras de las instituciones públicas, ha logrado mejorar el uso de los recursos?, y la ultima cuestionante, de que sirve implantar sistemas de control, si lo que van a lograr es que los servidores públicos prefiera no ejecutar recursos?, mas aun ahora con la implantación de la nueva Ley 004 (Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz).

Aterrizando en la ejecución de los recursos es inevitable hablar sobre el tan mencionado SIGMA, como único sistema informático que brinda a nuestras autoridades información gerencial sobre el uso de recursos, que dicho sea de paso, tampoco tiene aplicación para todo el sector publico ya que gigantes financieros como la Caja Nacional de Salud han impedido a toda costa que sus recursos sean inscritos y supervisado por este sistema, sin embargo, para los interesados en hacer algún tipo de análisis logra ser un instrumento útil para buscar información.

El gran problema del Sigma es que es un sistema cien por ciento enfocado en los recursos económicos, lo que quiero decir es que tanto valores absolutos como relativos son fácilmente analizados desde ahí, pero el enlace con el Sistema de Programación de Operaciones es definitivamente inexistente, este sistema en la Ley SAFCO, es donde se encuentran todos los objetivos de gestión que deben estar relacionados necesariamente con el presupuesto anual, el Sigma llega hasta ahí, solo hasta el presupuesto, el seguimiento a los objetivos no existe y por eso se deja de lado cuan útil pueden ser los recursos si se trata de alcanzar metas.

Mucho se ha caído en la medición de gestión gubernamental relacionándola directamente con la ejecución presupuestaria, y eso nos está llevando a un circulo vicioso de mediocridad, dicho de otra forma, no podemos considerar a la gestión gubernamental como la capacidad que tienen las instituciones públicas de gastar dinero, eso nos vuelve extremadamente cortoplacistas, para concluir en una total falta de políticas de Estado a largo plazo.

La realidad nos muestra que, en los últimos meses del año, es cuando los ministerios empiezan a transferir recursos a las alcaldías, cumpliendo con acuerdos que los tenían desde principios o mediados de año, transfirieron la plata pero en definitiva no se ejecutan los recursos, simplemente cambian de dueño, el objetivo es que los ministros queden bien con el presidente, con niveles aceptables de ejecución, pero la plata sigue durmiendo el sueño de los justos, esperando ahora que sean las alcaldías las que puedan contratar a una empresa que al final sea la que se encargue de generar el gasto.

Los municipios tiene serios problemas en la ejecución de recursos, y muchos echan la culpa de estas debilidades a la rigurosidad de las normas, sin embargo es sabido que donde no hay control los recursos suelen encontrarse con algún alcalde en el extranjero o quemado en una plaza.

La relación entre normativa para la administración y recursos públicos es medular, cuando se quiere medir el impacto del accionar del gobierno en la economía, ya que la famosa inversión publica, uno de los principales motores de esta, es la que depende cien por ciento de las metodologías y normas que van usarse en la ejecución de los recursos, para el caso boliviano debe orientarse estas normas a buscar el beneficio de los ciudadanos, más que a la simple utilización, es de ahí de donde parte un giro interesante en la perspectiva para la administración publica y la base para la construcción de un futura y muy probable Gestión Pública.