La pelea de Evo Morales con los indígenas de las tierras bajas

Aitor Iraegui
iraegui@hotmail.com

El gobierno del Presidente Evo Morales lleva casi seis meses en conflicto con los pueblos indígenas del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. En el origen del conflicto está el proyecto gubernamental de construir un tramo de la carretera entre Cochabamba y Beni, de unos 177 km. que pasa por la mitad del TIPNIS. Los Parques Nacionales están zonificados por Ley y resulta que el trazo de la carretera pasa exactamente por el núcleo del Parque Nacional, que es la parte en teoría que debe ser más protegida. Pero es que además, el TIPNIS es una TCO, es decir, es Tierra Comunitaria de Origen y por lo tanto es de titularidad indígena.

Según la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, los convenios Internacionales y la Constitución Política de Bolivia, antes de iniciar cualquier proyecto que afecta un territorio indígena-originario, se debe realizar una "consulta previa e informada" que involucre exclusivamente a los indígenas que viven en el territorio, pero ésta consulta nunca se hizo porque ya las organizaciones indígenas se habían manifestado en contra y el gobierno sabía que si había consulta previa nunca habría carretera. El Presidente Morales dijo que "quieran o no, la carretera va a pasar por el medio del Tipnis" y afirmó que la oposición a la carretera era cosa de "unos pocos ecologistas que manipulaban a los indígenas"", minusvalorando de paso la capacidad de los pueblos indígenas para decidir sobre sus propios intereses. Más tarde les acusó también de defender los intereses de la embajada americana, por los partidos de derecha y por las empresas madereras.

En realidad, la mayor parte de las 64 comunidades indígenas que viven en el TIPNIS están en contra de la construcción del camino por distintas razones: a) pasa por el centro del parque, una zona de máxima protección medioambiental y un territorio ancestral de los indígenas; b) los indígenas creen que debería construirse la carretera bordeando el parque por zonas donde tendría menor impacto ambiental; 3) los indígenas temen que la carretera facilite una invasión masiva de colonos cocaleros, cuyo número en ese territorio asciende ya a unos 20.000. También temen que se implanten empresas forestales para explotar la riqueza maderera de la región, y que en un plazo relativamente breve comience la explotación de reservas petrolíferas.

Los indígenas encabezados por la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia) marcharon caminando durante más de dos meses desde sus territorios de origen hasta La Paz (más de mil kilómetros). En medio de la marcha fueron duramente reprimidos por la policía que los golpeó, los amordazó, los metió violentamente en autobuses y trató de llevarlos de vuelta a sus territorios de origen, intento que finalmente fracasó debido a la respuesta popular de apoyo a la marcha que incluyó la toma de un aeropuerto para que los aviones militares no pudieran evacuar a los indígenas. La represión a la marcha indígena (con imágenes de mujeres golpeadas y niños muy pequeños perdidos en mitad de la selva) promovió una gran adhesión social y cuando llegaron a La Paz, más de medio millón de ciudadanos les recibieron en la calles y el gobierno (y la mayoría oficialista en el Parlamento) se vio obligado a aprobar la Ley 180 que establecía que la carretera NO pasaría por el TIPNIS.

Pocos días después de aprobar la ley 180, el gobierno organizó una contramarcha, formada fundamentalmente por indígenas y campesinos de la zona sur del Tipnis (que se conoce como Polígono 7 y que está fuera del Parque Nacional) que poseen propiedad privada parcelada (y no comunal como los pueblos indígenas) y que se dedican a la producción de hoja de coca. Es decir, muchos de ellos eran miembros de los sindicatos cocaleros presididos por el propio Evo morales. El gobierno equiparó ambas marchas y cuando esta segunda marcha llegó a la Paz, el gobierno derogó rápidamente la Ley 180 y aprobó una nueva ley que establece la realización de una "consulta previa", pese a que las organizaciones indígenas legalmente constituidas ya se han manifestado claramente en contra de la carretera.

Los indígenas del TIPNIS están firmemente en contra de esta "consulta previa", en primer lugar porque no puede ser previa cuando la empresa OAS (brasileña) ya tiene un contrato firmado desde hace más de un año y sigue trabajando en la construcción de la carretera. En segundo lugar porque el propio gobierno va a ser el encargado de realizar la consulta (los indígenas se preguntan cómo una parte interesada va a ser también el juez de la consulta) y, en tercer lugar, porque ya se ha dicho que los colonizadores cocaleros del polígono 7 (que como hemos dicho está afuera del TIPNIS y que duplican en número a los indígenas) también van a participar en la consulta (pese a que legalmente sólo los indígenas deberían poder opinar) lo que garantiza que la posición gubernamental sea la mayoritaria.

Los antropólogos vaticinan que la construcción de la carretera será un genocidio cultural y significará la desaparición de, al menos, dos pueblos indígenas: los t'simane y los yuracaré, siendo los t´simane los que corren un riesgo más próximo porque al ser semi-nómadas necesitan de un territorio más amplio para garantizar su supervivencia. La CIDOB y la APG (Asamblea del Pueblo Guaraní) ya han presentado una demanda por Genocidio contra el gobierno de Evo Morales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.