Pedro Portugal Mollinedo
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El gobierno prepara acciones internacionales para defender el acullico, o masticado tradicional de la hoja de coca. La legislación internacional contra el uso y tráfico de estupefacientes, sanciona esa utilización.
Sin embargo, la base social en que se apoya ese alegato y a la que están dirigidos sus beneficios, es la de los cocaleros; es decir, los productores de la hoja de coca. La participación de los «consumidores» es casi irrelevante en el discurso y la programación oficial. Situación anecdótica si consideramos que el principal elemento humano en que se apoya el gobierno son los cocaleros del Chapare de Cochabamba, quienes no mascan su producto, sino el que se produce en los Yungas de La Paz.
Esta iniciativa se da en un contexto diferente al que motivó la defensa incondicional de la hoja de coca. El apoyo popular a la coca se dio cuando se juntaron tres elementos: El económico, producto de la necesidad de sobrevivencia por parte de los mineros relocalizados en los años 80 y que para ese fin se dedicaron en elChapare al cultivo de coca. El simbólico, que resaltaba la hoja de coca como constitutivo de la identidad cultural indígena; y el político, que, en nombre de la soberanía nacional, se oponía a la erradicación de los cocales con injerencia norteamericana.
¿Cuál es la situación actual de esos elementos? Los mineros relocalizados se han convertido en prósperos empresarios del cultivo de coca y en un gremio con peso político inusitado, al ser el actual presidente también presidente de su organización sindical. El simbolismos andino, incluyendo la coca, se ha banalizado por efecto del discurso pachamamista del gobierno y su contradicción con las expectativas reales de la población. Finalmente, al mismo tiempo que el gobierno alienta el cultivo de la coca, desarrolla una política de erradicación de la misma, en la cual —directa o indirectamente— siguen interviniendo los norteamericanos.
Fuera de las condicionantes sociales y de los mitos fundadores, queda ahora el espectro de que la coca sirve más al narcotráfico que al consumo tradicional. El gobierno, si no ejecuta una política nueva con esos datos nuevos, corre el riesgo de entramparse, como sucedió anteriormente con varias de sus iniciativas.
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