jueves, 5 de abril de 2012

Reservas internacionales e Inversiones Estatales

José Luis Evia
Henry Oporto
hocastro07@yahoo.es


Con inusitado apuro y prácticamente sin debate parlamentario, la Asamblea Legislativa se apresta a sancionar un proyecto de ley para la creación del Fondo para la Revolución Industrial y Productiva (FINPRO), destinado a financiar emprendimientos de empresas y entidades públicas con participación directa del Estado. El proyecto dispone que FINPRO se financie inicialmente con un monto de 1.200 millones de dólares; aproximadamente el 10% de las Reservas Internacionales que administra el BCB. El 50% de este financiamiento (600 millones de dólares), sin cargo de devolución o reposición, provendría de las reservas patrimoniales y/o el patrimonio del BCB, y el 50% restante de un crédito de largo plazo otorgado por el BCB.

¿Qué son las Reservas Internacionales?

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) son los recursos aceptados internacionalmente para realizar pagos de transacciones con el resto del mundo. Una parte importante de estas reservas están depositadas en el BCB. Como se sabe, el sector público, y el sector privado obtienen moneda extranjera por diversas transacciones que realizan con el resto del mundo y cambian esta moneda extranjera por bolivianos al BCB, generalmente a través del sistema financiero. De este modo, cada vez que el BCB cambia divisas por moneda extranjera genera un activo (la divisa), y un pasivo (la moneda nacional que dio a cambio). El principio contable de la doble partida exige que el pasivo que se crea sea de igual monto del activo.

Veamos la “descomposición” de las cuentas del BCB, que son la contrapartida del activo RIN, a diciembre de 2011. En primer término se cuentan las monedas y billetes en poder del público que alcanzan al 31,3% de las RIN. Le siguen en importancia los depósitos netos del sector público no financiero, que representan 28,1% de las RIN. Las reservas que poseen los bancos en el BCB significan el 19,2% de las RIN. Los títulos que vende el BCB en sus operaciones de mercado abierto representan el 11,9%. Otras cuentas netas (dentro de las cuales se encuentra el patrimonio del BCB) alcanzan al 10,6% de las RIN. Las RIN son entonces un activo que pertenece finalmente a diferentes agentes, con los cuales el BCB tiene un pasivo. Entre éstos el principal es el público que posee billetes y monedas (bolivianos).

Pero tanto el sector público como el sector privado pueden requerir moneda extranjera para realizar diversas transacciones (importaciones, pago de deudas, inversiones en el exterior, etc.). Uno y otro pueden comprar divisas al BCB mediante el sistema financiero. El BCB puede vender moneda extranjera al público (o utilizar la que necesita), si es que posee suficiente cantidad de Reservas Internacionales líquidas o activos liquidables. De lo contrario no podrá cubrir la demanda de divisas y se verá obligado a elevar el precio de las moneda extranjera (devaluar la moneda nacional) para reducir esta demanda, o bien restringir la venta de la misma, por ejemplo mediante controles previos. Así, pues, cada vez que el BCB vende divisas reduce un activo (la divisa que vendió) y reduce un pasivo (la moneda nacional que adquirió).

¿Qué puede implicar la nueva Ley?

El Ejecutivo pretende utilizar el 10% de las RIN para financiar planes de inversión a través de FINPRO. El proyecto señala que el BCB le otorgará a este Fondo moneda nacional (bolivianos). Esta medida puede ser vista como un incremento en el gasto del gobierno, financiado con una donación de recursos y un crédito a largo plazo del BCB, con el consiguiente riesgo crediticio, y aparentemente sin cobrar intereses.

Esto significa que el BCB reducirá sus activos (por los 600 millones de dólares), monto éste que por fuerza debe reflejarse en una reducción de su patrimonio, lo que significa que se le estaría forzando a transferir una  parte importante de su patrimonio al gobierno, para que este lo gaste en “proyectos productivos”. Esta reducción se realizará en sus activos líquidos, por lo que probablemente el patrimonio del BCB refleje solamente activos no líquidos o no liquidables.

Por otro lado, el BCB estará transformando un activo líquido (las RIN) en un activo no líquido (préstamo a largo plazo, que tiene en sí mismo el riesgo de no devolución). Téngase en cuenta que el mayor pasivo que posee el BCB son los billetes y monedas en poder del público, por lo que, después de esta sui generis operación, parte de este circulante queda respaldado por activos no líquidos (y en muchos casos no liquidables), y por un crédito que tiene un riesgo de no recuperación. Mientras el público mantenga o incremente la cantidad de bolivianos que posee, la ficción contable puede continuar, pero si el público decide mantener menos bolivianos y demandar más dólares la ficción puede hacerse insostenible, conduciendo a la devaluación de la moneda local.

Ahora bien, ¿cuánto tiempo puede durar esta ficción contable? ¿Cuánto tiempo podrá el BCB evitar una dolarización, o una preferencia por mantener dólares en vez de bolivianos cuando el público sabe que los activos que respaldan los bolivianos que poseen no tienen respaldo líquido (o liquidable), y que además poseen un riesgo de no re-pago?

Efecto inflacionario

Adicionalmente, las operaciones del FINPRO generarán una expansión del gasto público, incrementándose por tanto la demanda agregada. Plausiblemente, tal incremento será mayor al gasto de los 1.200 millones de dólares, pues generará una dinámica adicional en la economía (el efecto multiplicador). La mayor demanda agregada en parte se destinará a importaciones (para lo que se cambiará la moneda local en moneda extranjera, reduciendo así las reservas internacionales), y en parte incrementará la demanda de bienes y servicios nacionales. En consecuencia, el efecto sobre las RIN dependerá de la proporción de la expansión de la demanda agregada que se destine a importaciones, y también de los efectos sobre las expectativas del público, que repercutirán sobre su decisión de mantener sus activos financieros en dólares. El impacto sobre los precios internos puede ser sustancial dado el monto involucrado. La cantidad que se quiere utilizar está en el orden de los 8.200 millones de bolivianos, equivalente a más o menos el 30% de la emisión monetaria de finales de enero del presente año.

Sin duda se trata de un monto significativo, que, dependiendo del período de tiempo en el que se utilicen estos recursos, podría tener efectos importantes sobre la inflación. Recuérdese que la economía nacional se encuentra funcionando al tope de su capacidad, por lo que un incremento en la demanda agregada eventualmente tendría un fuerte impacto sobre el nivel de precios, especialmente en los precios de los activos. En suma, una menor cantidad de RIN, un patrimonio del BCB que no está respaldado por activos líquidos o liquidables, y una mayor inflación, aumentan la probabilidad de una depreciación del tipo de cambio. Eventualmente, ello que puede afectar la bolivianización de la economía, con consecuencias insospechadas sobre todo el sistema financiero.

El papel de un Banco Central

Un Banco Central no es una entidad de intermediación financiera (o ayuda al desarrollo); es decir, no capta ahorros de un sector de la economía para colocarlos en otro. Lo propio de un Banco Central es regular la cantidad de dinero para facilitar el intercambio de los bienes y servicios que se producen en una economía, de manera tal que el valor de los bienes que se transan esté protegido en todo momento; en otras palabras, que la cantidad de dinero responda a la cantidad de bienes y servicios producidos. Cuando se rompe ése equilibrio -porque se imprime más dinero del necesario-, los precios de los bienes suben hasta que nuevamente se establece un equilibrio entre la cantidad de dinero y la cantidad de bienes, o bien, alternativamente, las importaciones aumentan para que la oferta de bienes guarde relación con la cantidad de dinero (reduciéndose las RIN). Cuando se aumenta artificialmente la cantidad de dinero se produce inflación o el deterioro de la cuenta corriente, o ambos; en definitiva, una situación de desequilibrio que si no se contiene termina en alguna forma de crisis.

Desde el punto de vista de la sociedad, los efectos de financiar los gastos con aportes del Banco Central son todavía más perniciosos. Si el Estado financia sus gastos creando dinero, porque el Ente Emisor está bajo su control, las familias y las empresas tienen menos bienes a su disposición. El Estado, al comprar bienes sin tener recursos genuinamente conseguidos, termina aumentando la demanda por encima de la producción disponible haciendo subir los precios. Consecuentemente, el dinero que tienen en su poder los particulares puede adquirir menos bienes. Es lo que se conoce como el “impuesto inflación”; es decir, la capacidad del Estado de restarle recursos a la sociedad disminuyendo el poder adquisitivo de la moneda. Esta forma de gravar a los particulares afecta más a los pobres y a quienes dependen de una renta fija como es el salario; sin duda es el más regresivo de todos los impuestos.

La historia reciente de Bolivia muestra los efectos de esa política. A la revolución del 52, le siguió un periodo de excesivo gasto público y aislamiento internacional que terminó en la masiva inflación de 1956. Posteriormente, durante los años 70, Bolivia acumuló un endeudamiento público que no pudo honrar al finalizar la década, forzando al gobierno a imprimir dinero para financiar sus gastos y pagar sus obligaciones externas. El resultado fue la hiperinflación de 1984. Por eso, la idea de separar la función de emitir dinero de la de financiar los gastos estatales ha tomado distintas formas, siendo la más aceptada la que en la actualidad rige en la mayor parte del mundo: los bancos centrales deben ser independientes del poder político, pues a ellos les cabe definir la política monetaria con autonomía de la política fiscal.

¿Se puede esperar una gestión idónea del FINPRO?

El proyecto de ley no especifica la instancia encargada de identificar y presentar los proyectos a ser financiados. Establece, solamente, que el gobierno aprobará los proyectos mediante decreto, y hace responsables del uso de estos recursos a los ejecutivos que los reciban, sin establecer los criterios que deberán seguirse en la selección y evaluación de los proyectos, y sin señalar el mecanismo de fiscalización o supervisión del buen manejo de los dineros entregados.

Estos recursos podrán financiar a empresas públicas del gobierno central o del gobierno central asociado con gobernaciones y municipios, o mixtas en las que el gobierno central tenga la mayoría accionaria. Los proyectos deberán ser de industrialización de materias primas o de producción de alimentos, que generen excedentes, sin especificar a qué tipo de excedentes se refieren ni en qué proporciones o plazos, porque habrá que convenir en que ninguna empresa genera excedentes desde el momento de su creación. La ley dispone también que los primeros proyectos a ser financiados con estos recursos sean para la instalación de plantas de concentración y fundición de minerales, como si los créditos concesionales del BCB a COMIBOL, ya aprobados en las leyes de presupuesto de las dos últimas gestiones, no fueran suficientes. Ordena, sin especificar a quién, que se conceda financiamiento para la instalación de plantas de producción de textiles, industrialización de madera y la producción de alimentos.

Ciertamente que normas laxas e imprecisas como éstas -en un contexto de desorden institucional y falta de controles-, es un caldo de cultivo para el manejo discrecional de los recursos. Es precisamente lo que muchos temen: que la creación del FINPRO sea una manera de abrir rendijas por donde se escurran y despilfarren las Reservas Internacionales.