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La pretensión gubernamental de imponer a los profesionales y trabajadores del sector salud una ampliación de la jornada laboral, ha puesto en evidencia la presencia de una mentalidad feudal que ha generado un conflicto social cada día más distante de ser resuelto, pese al perjuicio que causa a las necesidades de atención de salud de la población.
Pensar que es legítimo exigir dos horas más de trabajo, sin ninguna remuneración a cambio, solo cabe en una mente que erróneamente cree que el personal de salud son seres despojados de derechos constitucionales y laborales. Es ese pensamiento el que ha resultado reflejado en el Decreto 1126, su reglamentación y en las expresiones de gobierno.
De entrada, tal mentalidad llevó a incurrir en un maltrato a los asalariados del sector salud a través de una sistemática denigración, pese a que la Constitución prohíbe toda forma de discriminación en razón al tipo de ocupación y que tenga por objetivo impedir el ejercicio de sus derechos (Art. 14-II). También llevó a olvidar el mandato constitucional de que nadie puede ser obligado a prestar servicios sin su consentimiento y justa retribución (Art. 46-III) ni puede ser sometida a la condición de servidumbre (Art. 15-V).
Los argumentos gubernamentales de que su proceder se justifica en aras del derecho a la salud, terminan chocando con la integralidad de los derechos fundamentales que los estados asumen en la actualidad en el mundo, y que nuestra propia Constitución la reitera, al indicar que ningún derecho es superior a los otros derechos constitucionales (Art. 13-III) y que todos los derechos gozan de iguales garantías para su protección (Art. 123-I).
No darse cuenta de que el reconocimiento constitucional del derecho a un trabajo digno y que para ser tal, entre otras cosas, debe merecer una remuneración justa, equitativa y satisfactoria (Art. 46-I-1), es haber estancado su mente en la época de los patrones, donde éstos disponían arbitrariamente de sus pongos imponiendo más trabajo y menos derechos.
Cosa absolutamente distinta hubiera sido si el gobierno decretaba la posibilidad de mutar contratos laborales de 6 a 8 horas de trabajo, con incremento proporcional de salarios, respetando el libre consentimiento que caracteriza todo contrato, es decir en función de la voluntad e interés de cada profesional y trabajador de salud; pero no lo hizo.
Por el contrario, persiste en tratar a este sector como servidumbre, se empeña en imponer y no consensuar, niega el carácter consensual de los contratos laborales, así como una remuneración proporcional al incremento de jornada; para el colmo sus amenazas: o acatan o se van, constituyen un constante acoso laboral que la Constitución no admite y la prohíbe a tiempo de reconocer el derecho a la estabilidad laboral (Art. 49-III).
Como si ello fuera poco, esa mentalidad feudal se traduce también en el conocido pongueaje político, cuando ciertas autoridades anuncian que los "sectores sociales" saldrán en apoyo a la pretensión gubernamental, cual si fuesen sus huestes de capataces. ¿Olvidan que es deber del Estado promover, respetar y proteger los derechos (Art. 13-I) y no manipular a sectores para avasallar derechos e incumplir prohibiciones constitucionales?.
El gobierno cada año retacea recursos para infraestructura, equipamiento, insumos, ítemes y salarios para el sector salud; pese a que, por mandato constitucional, el derecho a la salud es su función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado (Art. 37). Y cada vez queda más claro que, con su pretendida imposición de corte feudal, el gobierno solo busca tapar ese conjunto de obligaciones incumplidas.
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