Oscar Ortiz Antelo
oscarortizantelo@gmail.com
La confianza es la base de las relaciones humanas y de la paz y cohesión social. Cuando los ciudadanos no confían en sus instituciones, en sus normas, en su justicia y en sus gobernantes, surge inmediatamente un conflicto permanente en el que cada sector trata de proteger y procurar sus intereses a como dé lugar, afectando a otros y debilitando al Estado y la democracia como los espacios en los cuales podemos resolver pacíficamente nuestras diferencias.
Sin confianza no se alcanza el desarrollo porque no existen ni el mediano ni el largo plazo y la lucha por la supervivencia diaria y la defensa de los propios intereses, consumen la mayor parte de los recursos de una sociedad y la atrapan en el estancamiento y el atraso.
Hago estos comentarios a raíz de la grave situación de conflictos que vive Bolivia y la falta de credibilidad de las principales autoridades del Estado frente a las protestas sectoriales de los sindicatos del sector salud, la Central Obrera Boliviana, los pueblos indígenas y las universidades. No es para menos, si las leyes son desconocidas por el mismo presidente que las promulga y la Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba leyes que contradicen las aprobadas por los mismos parlamentarios tan solo unos meses antes, no se puede esperar que los ciudadanos confíen en sus gobernantes y las instituciones democráticas.
El anuncio del Gobierno del MAS de dejar en suspenso el decreto supremo que originó las protestas de los trabajadores del sector salud no ha logrado apaciguar el país, debido a que los sectores no confían en los compromisos de las autoridades nacionales. Tienen presente en la memoria la actitud del Gobierno frente al conflicto del Tipnis, en el que se aprobó una ley determinando que no se construiría una carretera que atravesaría este parque nacional y territorio indígena, y una vez que los marchistas retornaron a sus comunidades el oficialismo promovió la aprobación de otra ley para construir la misma carretera. Con este tipo de actitudes el conjunto de la sociedad pierde confianza en las autoridades y el círculo vicioso del conflicto se profundiza, expande y prolonga.
Lamentablemente, el Gobierno, que debería velar por la paz social, se convierte en un promotor de la inseguridad mediante la promoción del conflicto entre ciudadanos afines al Gobierno y quienes piensan diferente. Declaraciones como aquella del vicepresidente, que afirmó que no le preocupan los conflictos porque la revolución se nutre de ellos, buscan negar y camuflar la difícil realidad, económica, social y política del país.
Por ello, la única solución para superar las causas del conflicto es recomponer la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, a fin de que los ciudadanos vuelvan a creer en la democracia y sus instituciones y así podamos avanzar hacia el progreso, aprovechando las inmensas oportunidades que nos ofrece la economía internacional y el mundo del siglo XXI.
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