miércoles, 6 de junio de 2012

Persecución al senador Pinto

Oscar Ortiz Antelo
oscarortizantelo@gmail.com

El senador Róger Pinto ha solicitado refugio en la embajada del Brasil en La Paz, movido por una situación que considera insostenible: sufre acoso por los juicios que le siguen distintas autoridades del Gobierno y por las amenazas de muerte recibidas que ponen en riesgo su vida y la seguridad de su familia. Su caso es un ejemplo extremo del amedrentamiento sistemático y del estado de indefensión que padecen quienes se atreven a desafiar el autoritarismo gubernamental.

El senador Pinto, actualmente jefe de la bancada de oposición en el Senado boliviano, se ha caracterizado durante todos estos años por su firme defensa de la democracia, de los derechos humanos y de ciudadanos perseguidos por pensar diferente a quienes ejercen el poder público. También ha efectuado denuncias sobre casos de corrupción, abusos de poder, violaciones de los derechos humanos e infiltración del narcotráfico en las instancias encargadas de combatirlo.

Como respuesta ha recibido 21 procesos judiciales, de los cuales debe defenderse en cuatro ciudades: Cobija (donde reside), La Paz (donde trabaja), Sucre y Santa Cruz. Aquí se cumple aquel dicho de que no hay peor maldición para tratar al enemigo que caerle con una justicia sometida y manipulada. Obviamente, para cualquier ciudadano enfrentar esta cantidad de juicios, en cuatro jurisdicciones diferentes, es una tarea imposible de afrontar que lleva inevitablemente al quebranto económico y a la imposibilidad de una defensa efectiva.

Más de un tercio de estos juicios corresponden a la figura del desacato, que no es un delito, pues, como han determinado distintas instancias de derechos humanos, esta figura es incompatible con la libertad de expresión prevista en los tratados internacionales de derechos de los cuales Bolivia es signataria. Peor aún, si se trata de un legislador que efectúa denuncias en el marco de su mandato de fiscalización y de la libertad de opinión, que la Constitución le garantiza como inviolable.

Llama la atención que se le haya iniciado juicios por sedición en la ciudad de Santa Cruz, donde no reside ni trabaja, lo que permite suponer que simplemente obedece a la búsqueda de acoso y obstaculización del derecho a la defensa. También, que uno de los procesos obedezca a un supuesto incumplimiento de deberes, por haber abandonado una sesión del Congreso Nacional en 2009, cuando el oficialismo pretendía imponer un proyecto de Ley Electoral, amenazando la vida de los opositores con la presencia de más de 50.000 militantes que rodeaban el Parlamento. Tampoco faltan los procesos por temas administrativos que, en lugar de ser tratados como tales, omiten las auditorías y procedimientos ante la Contraloría para ser llevados directamente como juicios penales.

El odio político, el revanchismo y la persecución a quienes piensan diferente destruyen la tolerancia y el respeto al pluralismo, principio básico de la democracia. Por ello, la sociedad no puede quedar indiferente frente a estos abusos y la opinión pública debe condenar estos atropellos para impedir que la impunidad de los mismos amenace la libertad de todos.