lunes, 30 de julio de 2012

Un contrato atrasado e interrumpible

Franz Rafael Barrios Gonzalez
franzrbarrios@yahoo.com

El Gobierno Plurinacional no solo perjudicó millonariamente a los ingresos (arcas) del Estado boliviano, con el atraso de tres años y la consecuente pérdida de 527.6 millones de dólares (El Diario, 28/07/2012) por la firma de un contrato de provisión de gas a la Argentina, sino que en agravante consintió la firma de un contrato "interrumpible".

Ahora bien, la característica de interrumpible no solo podría ser interpretada como una eventual extinción de la relación contractual. Ya que también podría dar paso a una modificación contractual con respecto de los volúmenes y los precios, más aun conociendo la mala fe de ambos gobiernos. Por lo que la interrumpibilidad, a la cual los plurinacionales han sometido un negocio millonario, se puede calificar como burda inseguridad jurídica.

En el caso de que se fuese a suceder una interrupción para dar paso a la fijación de nuevos volúmenes y precios, y así concretar la anunciada rebaja de precio de venta del gas a la Argentina, la figura jurídica que se emplearía entonces sería la novación objetiva. Definitivamente por atender a una obligación principal sería un nuevo contrato, camuflado bajo el ropaje de addendum o modificación del contrato vigente. Y como sería un nuevo contrato, podrá (por las nuevas condiciones) resultar lesivo al Estado, más aún si existiere demanda que puede o quiere pagar igual o mayor precio por el gas que se vende a la Argentina.

Sin embargo, el contrato interrumpible siempre será lesivo, porque según el principio pacta sunt servanda ("lo pactado obliga"), Argentina debe cumplir con el precio y el tiempo estipulados, y si no pudiera o no quisiera pagarlo y cumplirlo, deberá resolver el contrato pagando daños y perjuicios al Estado boliviano.

Finalmente, conociendo la postura plurinacional, el acreedor en vez de exigir el cumplimiento de la obligación contractual, a simple solicitud, más bien lo negociará (rebajando el precio), manifestando con ello el dolo típico de la lesión económica al Estado.