viernes, 24 de agosto de 2012

LINCHAMIENTOS Y AUSENCIA DEL ESTADO

Oscar Ortiz Antelo
oscar.ortiz.articulos@gmail.com

Los linchamientos suceden con cada vez mayor frecuencia en Bolivia, como una reacción de la población frente a la inseguridad ciudadana y a la desprotección que sienten los ciudadanos frente a la delincuencia. No podemos aceptarlos como algo normal o simplemente mirarlos con indiferencia; reflejan un grave estado de malestar y violencia en la sociedad que degrada la vida de la comunidad en su conjunto.

Recientemente, en una localidad fronteriza, la detención de un ciudadano brasileño, que supuestamente habría asesinado a tres personas y herido de muerte a otra, provocó una reacción por la cual una turba enardecida arrebató al presunto criminal a la Policía y, junto con un amigo, fueron golpeados hasta la muerte y después quemados. Este hecho ha despertado nuevamente el debate de los linchamientos. Ni podemos aceptar la reacción ciudadana ni tampoco olvidar los crímenes que la provocan.

La justicia por cuenta propia por parte de grupos enfurecidos de ciudadanos, que reaccionan frente a robos, violaciones o asesinatos, se ha vuelto un tema recurrente en nuestro país. Prácticamente, no hay mes en el cual no se produzca algún linchamiento en distintas partes del territorio nacional. No son sucesos que se hayan originado con el actual Gobierno, pero indudablemente se han agravado en los últimos años.

Algunos consideran que la inclusión de la justicia comunitaria en la nueva Constitución incentiva esta práctica. Otros, que es una consecuencia del agravamiento de la inseguridad ciudadana por la falta de atención de las autoridades a este problema y la utilización de la Policía nacional en la persecución a disidentes del régimen y no a los criminales.

Seguramente, ambos son factores que inciden para provocar las circunstancias que generan estos actos de violencia pública. Sin embargo, hay un problema de fondo que tenemos que discutir y encontrarle una solución para evitar que estos ajusticiamientos se continúen reproduciendo, y es cuestionarnos qué es lo que lleva a ciudadanos pacíficos a reaccionar de tal forma, que de pronto se ven formando parte de una acción colectiva de ajusticiamiento. Por qué un padre o madre de familia, que nunca ha cometido un delito, que nunca ha practicado la violencia, de un momento a otro se encuentra formando parte de un grupo que golpea a una persona hasta provocarle la muerte.

En mi opinión, es el sentimiento de impotencia e indefensión que siente la gente frente a la delincuencia que se sufre día a día, especialmente en las zonas de menores ingresos. Es la pérdida casi absoluta de confianza en el Estado y sus instituciones, especialmente en el sistema judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, como los organismos llamados a combatir la delincuencia, administrar la justicia y proteger a los ciudadanos.

Un Estado en el cual los ciudadanos terminan aplicando justicia por cuenta propia no está cumpliendo una de sus razones fundamentales de existir, cual es el brindar seguridad a sus ciudadanos. Un Estado fuerte no significa seguir creando empresas públicas, sino, entre otras cosas fundamentales, brindar seguridad y justicia al ciudadano común, especialmente a los más pobres.