jueves, 27 de septiembre de 2012

HÉCTOR ARCE Y LA LÓGICA ADMINISTRATIVA

Boris Bernal Mansilla
boris.bernal@bolivia.com

"Por lógica administrativa no puede pararse el funcionamiento del Estado por el viaje del Presidente, no pueden dejarse de promulgar leyes porque la ley puede tener plazos, los negocios, la administración del Estado por mandato constitucional tiene que seguir funcionando, eso sucede en todas partes del mundo, y la Constitución establece quién reemplaza al Presidente en el primer caso y también en último caso". Esta conceptualización queda lejos de ser un argumento válido para un jurista especialista en derecho constitucional.

La lógica administrativa es comúnmente utilizada por funcionarios novatos e inexpertos en la administración pública por la falta de conocimiento de los procedimientos normativos.

La doctrina jurídica, el derecho constitucional es un vasto mundo de investigación, que nutrirían de elementos válidos, eficaces y sobre todo académicamente éticos al Presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

El remplazo temporal de Gabriela Montaño como Presidenta del Estado Plurinacional y el carácter inconstitucional de este tiene su vicio de origen en la misma Constitución Política del Estado, al generar un vacío e incertidumbre jurídica.

Si bien la CPE establece en el artículo 169 la sucesión constitucional, la gramática o escritura literal divide, separa en dos párrafos esta definición, dejado suelto e incompleto el parágrafo segundo que a la letra dice: "en caso de ausencia temporal, asumirá la Presidencia del Estado quien ejerza la Vicepresidencia, por un periodo que no podrá exceder los noventa días", sin hacer mención alguna a autoridad legislativa, del Senado o la Cámara Baja.

Sobre la sucesión constitucional la anterior Constitución de la República de Bolivia, que estuvo vigente desde 1967 hasta 2009, establecía claramente el procedimiento que permitía al presidente o presidenta del Senado asumir el interinato del mando de la Republica.

En conclusión, por ética académica y profesional es necesario reconocer y enmendar este vacío constitucional. Porque recurrir a la lógica administrativa en estos temas es un absurdo monumental.