LA VERDAD VERDADERA

Zulema Alanes Bravo
zalanes@hotmail.com

— ¿Yo? ¡Yo estoy del lado de mi verdad!

Desde los medios de comunicación oficialistas han circulado columnas que destacaron la experiencia ecuatoriana como "ejemplo paradigmático de cómo el poder mediático de la prensa tergiversa hechos, declaraciones, y todo con el fin de devaluar a sus oponentes, y más aún si éstos lideran procesos políticos. Por esta asquerosa corrupción de la verdad, Correa en un juicio logró condenas para los periodistas inmorales" (Cambio, 27 de agosto 2012).

El empeño por retrotraer esa experiencia —el presidente Rafael Correa ganó el juicio por injurias que presentó contra directivos y un editorialista del diario El Universo— puede ser entendido como una crónica de una sentencia anunciada y se podría transcribir como el fallo que se espera de la Justicia boliviana para los medios de comunicación que en nuestro país han sido puestos en el banquillo de los acusados.

En una reciente visita al país, Esperanza Martínez, una activista ecuatoriana, decía que acercarse a Bolivia era como mirar en un espejo al Ecuador. Es que "estamos viviendo presiones bien parecidas, desde los movimientos sociales le apostamos a procesos de cambio que no llegaron, sino que nos están costando presión, descalificación, persecución. Hay procesos de criminalización muy duros" y todo hace ver que las columnas de los medios que el Gobierno controla lo confirman.

Lo anterior es pura especulación, pero lo cierto es que sobre el caso de Ecuador se dice una verdad a medias, y a veces para mentir no es necesario decir mentiras, sino ocultar una parte de la verdad. Es cierto que el mandatario Correa enjuició a un medio de comunicación y que logró que la Justicia lo sancione por supuestas difamaciones, pero también es cierto que, luego de la sentencia contra el diario El Universo, la jueza Mónica Encalada denunció que fue el abogado del Jefe de Estado quien redactó el fallo, lo que dejó entrever que el Gobierno controla el Poder Judicial de ese país. La jueza no se retractó, pidió asilo para protegerse de la furia del poder.

También es cierto que el juicio del Presidente ecuatoriano ha sido interpretado como mecanismo de represalia contra los periodistas, en un régimen que desde 2007 ya enjuició a unos 20 comunicadores y que, al amparo de un fallo favorable de la Justicia, usa los medios del Gobierno para de-sacreditar a la prensa y manda cartas notariales a las redacciones a título de defender la libertad de expresión.

Todo hace ver que las certezas parecieran estar en retirada y que Nietzsche tenía razón cuando lanzó una de sus ocurrencias: "No hay certezas, sólo interpretaciones".

Y desde mi modesta interpretación, el juicio a los medios de comunicación en Bolivia constituye un exabrupto, de la misma dimensión que el exabrupto que le dio origen: las afirmaciones del presidente Evo Morales en un infortunado discurso en el que quiso explicar las razones del hambre y la pobreza.

No es la primera vez que los medios de comunicación reproducen exabruptos, pero es la primera vez que se entabla un juicio al margen de la Ley de Imprenta. No es la primera vez que los medios y los periodistas son señalados como responsables del contenido de improvisadas declaraciones oficiales, y ya es trillada la frase "me han tergiversado" y nunca —que yo conozca— alguien ha publicado una ratificación de declaraciones o afirmaciones que hubieran sido desmentidas por los hechos o hubieran provocado la protesta ciudadana.

En Bolivia, como en el resto del mundo, se libra batallas cruciales por el control del acceso a la información, de los medios de comunicación y de la tecnología de redes. Durante las dos últimas marchas indígenas, una ocurrente autoridad sugirió que se impongan restricciones a la libre circulación de ideas a través de la internet y, recientemente, en el proceso de la posconsulta en el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), se han cortado las redes de telefonía móvil y se han decomisado radios comunitarias, que fueron potenciadas al calor de los primeros impulsos del denominado proceso de cambio.

No es casualidad que el poder se querelle contra los medios, pues-to que desde su labor informativa —queriéndolo o no— han contribuido en el empoderamiento de causas que el proceso de cambio ha abandonado. Sin los medios de comunicación, Chaparina hubiera tenido otras derivaciones y la posconsulta en el TIPNIS tendría otro decurso. Sin los medios de comunicación, posiblemente Santos Ramírez no estaría donde está y la corrupción seguiría campeante.

El poder se desgarra las vestiduras por un titular que dizque tergiversa la intención de las afirmaciones de su líder, pero se regodea con el ajusticiamiento mediático de líderes indígenas, a quienes los voceros oficiales sancionan —sin el beneficio del derecho a la defensa o la presunción de inocencia— como corruptos y delincuentes. Los titulares que afirman la criminalización como pedagogía del orden no incomodan, afirman la prepotencia.

Y el poder controla la información y la opinión de los medios gubernamentales, y despliega millonarias campañas mediáticas —que por lo que se conoce ya han superado la friolera de los 8 millones de dólares— para incidir en la opinión de las audiencias de los medios que repudia.

No hay nada oculto bajo el sol, diríamos, y todo lo anotado hasta aquí es parte de una dinámica que, sin embargo, no consigue acabar con las voces de protesta de quienes reclaman por sus derechos y con las críticas de aquéllos que no comparten la forma cómo se gobierna.

Ésa es mi verdad, una que me recuerda que en otros tiempos desafiamos al autoritarismo que aspiraba a controlar a los medios y a los periodistas a base de represión y amenazas, con la incautación de medios de comunicación —entonces en manos de sindicatos obreros— y con el envío al exilio a quienes cometían el delito de ser periodista. Felizmente, la realidad ha derrotado esas maquinaciones.

Y ésta mi verdad, una verdad no se pone del lado de los propietarios de los medios de comunicación, sino de quienes elegimos el desafío de ser periodistas.