Oscar Ortiz Antelo
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La Conferencia Episcopal de Bolivia emitió en septiembre un comunicado en el cual se refiere a los principales problemas y conflictos que experimenta Bolivia y, de forma muy especial, a la persecución judicial contra quienes piensan diferente del Movimiento Al Socialismo (MAS), llegando a proponer que se otorgue una amnistía política. El pronunciamiento refleja la gravedad de la evaluación que realizan los obispos sobre la desprotección e indefensión que sufren muchos ciudadanos en materia de derechos humanos frente a la multiplicación de procesos judiciales que sistemáticamente son planteados contra medios de comunicación y líderes políticos que asumen una posición crítica frente al Gobierno.
El pronunciamiento cita la Carta Pastoral de marzo de 2011, en la cual se afirmaba: "Una mirada a fondo a nuestro país muestra que, en la práctica, no solo algunas personas sienten que van perdiendo libertades, sino que estas se recortan en muchos casos mediante la retardación de justicia, la intimidación y el uso inicuo de la coerción estatal y del aparato judicial, creando un clima de inseguridad personal que provoca el silencio y a veces hasta el abandono de la patria, al no encontrar suficientes garantías de un juicio justo e imparcial dentro de ella". Los religiosos concluyen que el escenario descrito ha empeorado desde entonces.
Difícil encontrar mejores palabras para describir la situación que la evaluación de la Conferencia Episcopal: "Muchas otras personas, encarcelados, exilados, refugiados políticos, están sufriendo porque no hay garantía de un justo juicio y por la retardación de justicia. Es urgente que el ejercicio de la justicia sea libre de condicionamientos de tipo económico, social y político no para la impunidad, sino para garantizar juicios imparciales que establezcan la verdad de los hechos¨.
Este comunicado eclesial refuerza la creciente preocupación que tienen las organizaciones de defensa de los derechos humanos y la comunidad internacional sobre el debilitamiento de la democracia boliviana y las violaciones a los derechos humanos, especialmente en el campo de la libertad de expresión y de los derechos de participación política. A diferencia del lenguaje diplomático que caracteriza a las relaciones entre países, que se manifiesta, por ejemplo, en la aceptación de solicitudes de asilo, el liderazgo moral de la Iglesia y su misión pastoral en nuestra sociedad le permiten denunciar con claridad los abusos y las injusticias.
El Gobierno nacional ha rechazado esta propuesta y ha procurado evitar el debate sobre las causas que la originan, es decir, sobre la falta de una conducta democrática, pluralista y respetuosa al derecho a pensar diferente, así como la carencia de tribunales independientes que garanticen un efectivo derecho a la defensa de quienes se sienten perseguidos por el poder político.
En algún momento Bolivia deberá encarar un proceso de transición política que nos lleve a la recuperación de la vigencia plena del Estado de Derecho y de la democracia, como un sistema que proteja los derechos y libertades ciudadanas, para lo cual, propuestas como la de la Iglesia serán fundamentales para lograrlo pacíficamente.
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