jueves, 1 de noviembre de 2012

REGRESAR AL GRAMOFONO

Aitor Iraegui
iraegui@hotmail.com



Es innegable que muchas cosas han cambiado en la política boliviana en los últimos nueve años. La más importante, creemos, es la renovación de las élites que gobiernan el país. La existencia de este remplazo (que en realidad es sobre todo una ampliación en la medida que las viejas élites aun continúan manteniendo, aunque muy menguado, cierto peso específico) es lo que a nuestro juicio le otorga el verdadero sentido revolucionario a lo que ha pasado en Bolivia entre 2002 y 2010, porque pocas cosas hay que sacudan con tanta vehemencia a un sistema político como el recambio en las élites que mandan y para comprobarlo basta recordar, en el caso boliviano, la revolución del 52 o, anteriormente, la guerra federal. La historia enseña que cuando un grupo subalternizado acumula la suficiente fuerza, tarde o temprano termina por ser consciente respecto a su capacidad de controlar el poder. Es lo que Marx, refiriéndose a las clases sociales, llamaba la constitución de la clase para sí, es decir, su formalización como un sujeto político consciente y activo. Ciertamente, en la Bolivia de las últimas dos décadas el problema central de la política no parecía ser el conflicto de clases (aunque por supuesto esa tensión tiende a ser permanente) sino el enfrentamiento entre grupos que chocaban no por su situación frente a las relaciones productivas (dado que su posición era similar) sino respecto a su capacidad de disponer o no del poder político, en una dinámica más cercana a lo que Weber llamaba situaciones estamentales: todos pertenecían a la misma clase pero a estamentos diferentes, lo que variaba radicalmente su prestigio social y, sobre todo, su capacidad para alcanzar los beneficios derivados del acceso al poder político.

Así, en Bolivia gobernaba una burguesía tradicional que, abrumadoramente conservadora, echaba mano de diversas prácticas corporativas para negarse a compartir el poder con una burguesía emergente que poseía un vigor económico cada vez más consolidado; y estamos hablando, sobre todo, de una potente burguesía urbana de origen aymara (comerciantes, transportistas, pequeños y medianos productores, profesionales) pero también de los cooperativistas mineros o de los cocaleros. Por lo tanto, el principal mérito del MAS fue, desde nuestro punto de vista, lograr encabezar exitosamente el esfuerzo de todos estos sectores por controlar el poder político. Quizás es cierto que no lo hubieran logrado con tanta facilidad si no hubieran coincidido otras circunstancias, como la profunda crisis económica o el enorme hastío colectivo hacia un modelo que ya no funcionaba ni política ni social ni económicamente, pero en todo caso estas circunstancias se produjeron y la combinación de todas ellas llevó al Movimiento al Socialismo al poder. Por su parte, el MAS tuvo también la indiscutible capacidad de rebajar el tono de su discurso ideológico y de su imaginario político y de recorrer hacia las formas y los contenidos de un populismo de izquierda mucho más pragmático y elástico, que, bajo el paraguas discursivo del interclasismo (el vicepresidente García, mucho más elegantemente, lo denomina “flexibilidad hegemónica”) y demostrando una genuina preocupación por mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías (que por otro lado también es una pulsión típicamente populista), se muestra decididamente dispuesto a defender los intereses de los grupos emergentes.

Pero el tiempo transcurre y el gobierno lleva ya casi siete años y, haciendo buena la frase de Ernesto Sábato, se sabe que no hay nada más conservador que un revolucionario en el poder. Así, los grupos sociales que auparon al MAS al gobierno y que inicialmente necesitaron de transformaciones radicales para desplazar a la élite anterior, tampoco pueden prosperar en un contexto permanente de cambio revolucionario y en algún momento, que generalmente suele ser pronto, comienzan a precisar de estabilidad, de normas más o menos claras que los favorezcan y de condiciones adecuadas para seguir avanzando en su ciclo acumulativo. Es decir, el primer impulso es el de llegar el poder y el segundo el de quedarse permanentemente en él, por lo que tarde o temprano se van volviendo más conservadores en la medida que la lógica imperante ya no es la de cambiar el status quo sino la de preservarlo y beneficiarse de él. Esto puede explicar en alguna medida la deriva del gobierno del MAS hacia una dinámica más conservadora y mucho menos tolerante con aquellos sectores que promueven disonancias en el estado de las cosas, como los indígenas de las tierras bajas, los grupos ideológicamente asentados a la izquierda del “proceso de cambio” o las colectividades que defienden posiciones sectoriales que no coinciden necesariamente con los intereses de los grupos dominantes. Sólo así se entienden cuestiones como, por ejemplo, el extraordinario despilfarro de capital político alrededor de la carretera del TIPNIS, todo lo que está sucediendo en torno a los cooperativistas y a la minería (a la que, dicho sea de paso, la famosa recuperación de los recursos naturales jamás tocó ni con una parte de la contundencia que le dedicó a los hidrocarburos) o la alianza, ya perfectamente visible, con las fuerzas armadas.

Esta inflexión política (que no tiene que ser necesariamente mala, todo depende del punto de vista del observador) invariablemente influye en la acción de los administradores del poder político. Decía Sartori que aquellos que no pueden cambiar un sistema terminan adaptándose a él y en la Bolivia del MAS este principio parece confirmarse de modo estricto. Así, la élite que administra el poder (que no necesariamente en la misma que lo posee) demuestra, en muchos casos, haber sucumbido por un lado ante la comprensión de los límites exactos del cambio y la necesidad de obtener réditos (personales o colectivos) antes de que su oportunidad administrativa se agote; y, por otro lado, a la presión de una cultura política que se evidencia inmune a cualquier cambio político. Todo esto, en la práctica, parece estar conllevando una asimilación activa de las viejas formas, de los antiguos hábitos y de las pequeñas maniobras que ya antes le daban volumen al sistema político y que nuevamente comienzan a ser su seña de identidad.