ASPIRINAS

Julio Héctor Linares Calderón
juliolinaresc@hotmail.com

Una más y van tres, tercer decreto de la era de Morales y su ministro Arce que cambian las normas básicas de las compras estatales, tercer intento de utilizar a este instrumento legal como la panacea para mejorar las ejecuciones presupuestarias del Estado, en especial de los municipios, pero cada intento es peor, la ejecución cada vez es menor.

Felices días los de 2007 para los municipios, cuando la ejecución presupuestaria promedio oscilaba entre el 80 y el 85%, ese año se promulgó el Decreto Supremo 29190 -primer intento de la era del Jefazo- luego vino el 181 en 2009 y ahora llega el 1497, cuando la ejecución promedio del gasto de los municipios el 2012 con suerte llega al 60%; ineficiencia de los gobiernos locales, proclama Arce.

Y no habría que negarlo de manera absoluta, muy poco de ineficiencia, pero demasiadas limitaciones en las capacidades administrativas de muchos municipios pequeños rurales, especialmente, causan los bajos niveles del gasto.

Pero otro poco de ineficiencia o mucho de informalidad, también viene del otro lado, de los que hacen estos decretos en la plaza Murillo. Recordemos, por ejemplo, que el Decreto 181 -lanzado en junio de 2009 con bombos y platillos para agilizar la inversión pública- utilizó el término "municipios con elevados niveles de pobreza" en varios de sus artículos. Afortunados estos municipios pues gozarían de varias ventajas en sus contrataciones.

Sin embargo, para que esto se haga real, se insertó en el decreto una Disposición Adicional que indicaba que la nómina de estos municipios sería publicada por el Ministerio de Economía en un máximo de 30 días. Pues pasaron ya 1.340 días y la famosa listita nunca llegó.

Lo lastimoso es que este tal vez era el único intento serio de mejorar la ejecución presupuestaria municipal, el de clasificar a los municipios de acuerdo con su población o sus niveles de pobreza, que siempre van de la mano con las capacidades institucionales de su gobierno local.

Un cambio de este tipo es estructural, pues lo primero que deberían hacer las autoridades del Ministerio de Economía es comprender que las capacidades administrativas y logísticas de un pequeño municipio fronterizo, por ejemplo, son diferentes a las de La Paz o de su propio ministerio, por lo cual, una norma rígida nunca funcionará.

Pero parece que no se enteran de ello y en lo que inciden estos decretos es en flexibilizar los requisitos de las contrataciones de acuerdo con los montos. Tanto así, que en la presentación de este último decreto en lo que se hizo énfasis es en la ampliación de Bs 20 mil a 50 mil del monto para las contrataciones "menores", totalmente marginales a la ejecución presupuestaria, pues éstas dependen de las grandes contrataciones.

Es otra prueba de que se sigue mirando el árbol y no el bosque, pueden venir más de estos decretos, pero no serán la solución. Lo único que cambiaría esta situación es revisar la normativa a profundidad, desde la Ley 1178, madre de estos decretos, clasificar y diferenciar a los municipios; pero sobre todo, devolverles su cualidad autónoma tan mellada en estos años, con bastos y rigurosos trámites centralistas que sólo perjudican la eficiencia administrativa de la gestión local. Quién sabe, esto debería comenzarse colocando los zapatos de un Alcalde al Ministro, tal vez así cambiaría su visión tan política y centralista.