martes, 2 de abril de 2013

PARA COMPRENDER LA DESCENTRALIZACIÓN EN BOLIVIA

Marianela Vidaurre R.
marianela_vidaurre@yahoo.com

Generando una nueva relación centro – periferia la descentralización no es un fin en sí misma, sino un proceso que en América Latina se ha orientado a la consolidación democrática y el desarrollo económico. Deben distinguirse los tres tipos primordiales: desconcentración, delegación o devolución. La implementación de la devolución permite la creación o fortalecimiento financiero y legal de las unidades de gobierno subnacional, cuyas actividades están fuera del "control directo" del gobierno central, es decir, cuentan con autonomía e independencia; delimitadas por un espacio geográfico determinado contando con una autoridad exclusiva con facultades también exclusivas. Las experiencias de otros países explicitan que los ciudadanos perciben que los gobiernos locales pueden identificar oportunamente sus problemas inmediatos y procurar una solución, mucho antes que el gobierno nacional.

La devolución como la forma más profunda de descentralizar abarca tres dimensiones fundamentales: política, administrativa y fiscal. La primera abarca la elección popular de las autoridades, arreglos institucionales para que los ciudadanos participen en la toma de decisiones, existencia de mecanismos de control social, rendición de cuentas y la delimitación espacio – territorial. La dimensión administrativa implica la transferencia de competencias en el ámbito de servicios, planificación, coordinación y promoción de la participación social. La tercera dimensión, fiscal, debe orientarse a identificar las necesidades de los ciudadanos, optimizar la asignación de bienes públicos, distinguir las fuentes de los ingresos locales (generación de recursos propios o transferencias) y la libre disponibilidad de los mismos (decisiones independientes o recursos etiquetados).

En el caso de Bolivia se ha definido constitucionalmente un modelo de Estado descentralizado en el que la autonomía implica la elección directa de sus autoridades, la administración de sus recursos económicos, el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva (CPE: Artículos 1 y 272). La Ley Marco de Autonomías establece que el proceso de descentralización tiene como fin la distribución de funciones político administrativas del Estado para la participación ciudadana en la toma de decisiones, la profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico (Ley No.031: Artículo 7).

Si bien el modelo boliviano de descentralización se denomina Autonómico, para consolidarse requiere atender todas las variables enunciadas. En lo político es fundamental que las normas jurídicas garanticen la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre el destino de recursos de los gobiernos municipales y departamentales, de la misma manera profundizar la rendición de cuentas. En lo administrativo es necesaria una mayor transferencia competencial en orden exclusivo y menor concurrencia. Pero sin duda, el punto de inflexión en la realidad deberá ser la dimensión fiscal generando mayor libertad en la disponibilidad de sus recursos y que éstos de manera progresiva sean mayormente generados por cada gobierno subnacional para garantizar la sostenibilidad e institucionalidad a largo plazo. No se debe perder de vista que a mayor descentralización, mayor autonomía y ésta a su vez contribuirá a la consolidación democrática y desarrollo económico.