viernes, 7 de junio de 2013

EL ASILO DEL SENADOR PINTO

Óscar Ortiz Antelo
oscar.ortiz.articulos@gmail.com

El senador Roger Pinto ha cumplido un año como asilado político en la Embajada de Brasil en la ciudad de La Paz, sin que el Gobierno de Bolivia le otorgue el salvoconducto para que sea trasladado por las autoridades brasileñas a su territorio en cumplimiento de tratados internacionales suscritos por ambos países y el conjunto de los países latinoamericanos. El hecho de que un ciudadano reciba asilo político y de que el Gobierno boliviano se niegue a autorizar su traslado a Brasil son pésimos indicadores de irrespeto a los derechos humanos, y a los acuerdos internacionales que los protegen.

El asilo es definido como una institución en virtud de la cual se protege a individuos cuya vida o libertad se encuentran amenazadas o en peligro por actos de persecución o violencia derivados de acciones u omisiones de un Estado. Es una práctica diplomática que ha sido especialmente desarrollada en Latinoamérica, región donde se han suscrito diversos tratados para proteger de esta forma a quienes sufran persecución política.

En Bolivia, país donde se han sufrido tantos golpes de Estado y gobiernos dictatoriales, el asilo ha sido una figura muy utilizada por personas que sentían sus vidas y libertad en peligro en estas circunstancias. Paradójicamente, incluso los gobiernos dictatoriales encabezados por militares respetaron el derecho de asilo y otorgaron los salvoconductos para que los ciudadanos refugiados en legaciones diplomáticas fuesen trasladados al exterior.

El caso del senador Pinto es muy llamativo. Jefe de la bancada de oposición en el Senado Nacional, al momento de su solicitud de asilo afrontaba más de 20 juicios iniciados contra él por autoridades gubernamentales o ciudadanos afines al Movimiento Al Socialismo. Éstos se desarrollaban en cuatro ciudades distintas, lo cual le obligaba a trasladarse permanentemente de un lugar a otro para comparecer ante el Ministerio Público y autoridades judiciales. La mayoría de estos juicios correspondía a denuncias por desacato, figura declarada recientemente inconstitucional, y a denuncias de carácter administrativo que debían haber sido procesadas primeramente por la Contraloría General del Estado antes de ser remitidas directamente a la Fiscalía.

Tanta saña sólo parece explicarse a una actitud de venganza política como represalia a las gravísimas denuncias presentadas por el senador Pinto contra autoridades del Gobierno nacional por casos de corrupción y vinculaciones con el narcotráfico de algunas otras. Quizás una de las cosas que más le duele al Gobierno del MAS es que esta protección haya sido otorgada por Brasil, país al cual no puede tildar de derechista, lacayo del imperio o cualquier otro de sus acostumbrados adjetivos.

Por el contrario, siguiendo su larga trayectoria de protección a los derechos humanos, Brasil ha otorgado refugio a más de otros cien ciudadanos bolivianos que sentían que sus derechos fundamentales no estaban garantizados en Bolivia. España, Estados Unidos, Paraguay y Perú han otorgado similar condición a ciudadanos perseguidos por el actual Gobierno.

El sacrificio del senador Pinto es un ejemplo de consecuencia con la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos frente al cual no podemos ser indiferentes.