sábado, 6 de julio de 2013

LA DESTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA

Oscar Ortiz Antelo
oscar.ortiz.articulos@gmail.com

Las declaraciones del exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, en las cuales revela cómo habrían recibido instrucciones de un anterior ministro de Gobierno para presionar a jueces y fiscales hasta conseguir la detención del exgobernador de Beni, muestran una acción sistemática para someter la justicia a los intereses del partido de Gobierno. Obviamente, son declaraciones de un detenido y habrá que investigarlas. Sin embargo, no son las primeras y no se ve reales intenciones de llegar a conocer la verdad de este caso. Por el contrario, se procura distraer la atención de la opinión pública hacia otros temas o desviar la investigación para que la misma se limite a los mandos medios, como denunció la expresidenta de Diputados Rebeca Delgado.

En las citadas declaraciones se relata cómo se transmitía órdenes de ministros del Ejecutivo hacia fiscales y jueces y se sostenían reuniones con estas autoridades y dirigentes políticos del Movimiento Al Socialismo para organizar la detención del exgobernador Suárez, suspendido de su cargo en función de disposiciones legales posteriormente declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (TC). El escándalo es tan grande, que en dichas reuniones habría participado el entonces presidente de la Corte de Justicia de Beni y actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Si esto fuese cierto, obviamente comprobaría el estado de indefensión que sufrimos los bolivianos.

Desde la designación presidencial de miembros interinos de la anterior Corte Suprema de Justicia, la persecución de miembros del Tribunal Constitucional que habían anulado dicho decreto, hasta lograr su renuncia; la carencia del TC durante varios años, la aprobación de una ley en la cual la Asamblea Plurinacional autorizaba al presidente a nombrar interinamente a los altos magistrados, la elección de los miembros de los altos tribunales de justicia, previa preselección de los candidatos por la mayoría oficialista de la misma Asamblea; la elección de un fiscal general del Estado que había sido constituyente del MAS, hasta el descubrimiento de la red de extorsión, todos son episodios de la destrucción sistemática de la independencia judicial y, por lo tanto, de la misma justicia.