MÉTANLE NOMÁS

Julio Héctor Linares Calderón
juliolinaresc@hotmail.com

Alrededor de 240 millones de dólares costará el segundo aguinaldo al Estado. Si pensara como neoliberal y creería en la teoría de que el ciudadano es el que libremente decidirá sobre el mejor destino de los recursos, entonces estaría de acuerdo con esta improvisada medida. Si pensara diferente y creería en la intervención estatal en la economía, diría que este decreto cuesta igual que otro teleférico para La Paz o la construcción de más de 40 hospitales de primer nivel.

Alrededor de un millón de personas reciben aguinaldo. Los datos del CEDLA calculan que la masa trabajadora en el país circunda los cinco millones de trabajadores, de esos, un poco menos de 1 millón reciben aguinaldo; es decir que cuatro millones de trabajadores verán con envidia como una pequeña parte de la ciudadanía se beneficia de este inusitado ingreso.

Se calcula que de ese millón de afortunados trabajadores, como 350 mil son autoridades y funcionarios públicos; divididos casi por partes iguales entre los niveles central y autonómico ellos, son los que se beneficiarán con los 240 millones verdes.

El decreto es claro, pero paradójico, recordemos que dentro de los más de 20 juicios que tiene el alcalde Revilla, hay uno de la Contraloría por el pago del "Bono 16 de julio" a los trabajadores de la alcaldía que ganaban menos de 4 mil bolivianos, lo tildaron de ilegal. No imagino entonces, con qué cuerpo se animará a realizar el desembolso del segundo aguinaldo.

Digo esto, pues el decreto -cuando trata lo administrativo y financiero- impone claramente que se transgreda la ley de dos formas: primero, que se transfiera dinero destinado a inversión pública, a gasto corriente; y, segundo, que en algunos casos -al menos la mitad de las alcaldías y un par de gobernaciones- traspase el límite permitido por ley para gasto de funcionamiento (25% para gobiernos locales y 15% para departamentales). Es decir, ¡métanle muchachos!, para qué están los alcaldes, gobernadores, directores, asambleístas y concejales, si no es para hacer caso al Jefazo; hagan los informes, fírmenlos y ¡malversen los fondos públicos!

Pero lo que no está claro, es en lo procedimental. Recordemos que es este Gobierno, muy a gusto con las políticas centralistas, el que complicó los procedimientos administrativos de gobernaciones y alcaldías, incluso para hacer cualquier cambio de partida presupuestaria; y el que fijó además que la reformulación presupuestaria debe ser aprobada por la Asamblea Plurinacional, obviando así, por ejemplo, a los concejos.

Entonces, ¿quiénes y cómo serán cómplices de este acto ilegal?, ¿los gobiernos subnacionales ya están corriendo en la reformulación de sus POA y presupuestos?, ¿lo aprobarán sólo sus ejecutivos?, ¿lo firmarán sus asambleas y concejos?, ¿lo mandarán a la Asamblea como manda ahora la ley?, ¿habrá el tiempo necesario?, u omitimos todos estos pasos y le metemos nomás, finalmente, algún abogado lo arreglará luego.

Sin embargo, se debe recordar algo al Ministro de Economía, que parece desconoce la planificación local y que muy suelto de cuerpo ordena a los alcaldes a pagar el segundo aguinaldo con recursos que dice no utilizan y están en cuentas fiscales. El que esta plata no se haya ejecutado en la gestión -por ineficiencia, burocracia centralista o lo que fuera- no implica que se deje de utilizar el próximo año en proyectos que están comprometidos. Si ahora, por una orden centralista se desviara a gasto corriente, se cambiará doble aguinaldo por escuela; alguien, algún día, lo reclamará, no a Usted, sino a su eventual intermediario, el Alcalde.