Waldo Albarracín Sánchez
La dictadura militar de Hugo Bánzer Suárez encaramada en el poder producto del golpe militar del 21 de agosto de 1971, había desplegado contra el pueblo boliviano una sañuda represión, generando un escenario de terror, inseguridad jurídica y de absoluta e indefensión ciudadana. Para el año 1976 muchos compatriotas habían sido expulsados del territorio nacional, otros estaban presos en cárceles y "casas de seguridad", centenares de asesinados y un buen número de desaparecidos. En ese escenario crítico, a iniciativa de valientes ciudadanos, algunos vinculados a sectores progresistas de la Iglesia Católica como Luís Espinal, Julio Tumiri, Gregorio Iriarte, Ana María Ajuria (tres de ellos españoles), deciden fundar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, precisamente para denunciar y combatir los atropellos cometidos por la referida dictadura, no obstante lo difícil que para entonces significaba desarrollar esta labor. Su trabajo pese a lo riesgoso fue impecable y hasta hoy reconocido. Muchos ciudadanos, especialmente los perseguidos por el régimen, salvaron su vida gracias a esta importante labor humanitaria. Así nació la APDHB y desde esas épocas su legitimidad ante el pueblo se fue consolidando cada vez más. Sus militantes participaron activamente en las posteriores movilizaciones que exigían democracia para Bolivia, amnistía para los presos, exiliados y confinados y la convocatoria a alecciones. Varios de sus militantes participaron apoyando a la histórica huelga de hambre iniciada por cuatro valerosas mujeres esposas de trabajadores mineros, hasta lograr el objetivo. Posteriormente desplegó una importante labor de denuncia ante la masacre protagonizada por la dictadura de Alberto Natuch Buch y por ello no extrañó que durante el régimen militar de Luis García Meza los miembros de la APDHB fueran perseguidos y apresados.
Consolidada la democracia a partir del 10 de octubre de 1982, la APDHB decide seguir vigilando al Estado, esta vez representado por gobiernos constitucionales, para que éstos respeten los derechos fundamentales del pueblo boliviano. Esta tarea no fue fácil, pues los diferentes gobernantes que a su turno llegaron al poder por la vía de las elecciones, en lugar de generar las condiciones para consolidar el sistema democrático y hacer de los derechos humanos una cuestión de Estado, replicaron comportamientos heredados de las dictaduras, vulnerando derechos en diferentes circunstancias, situación ante la cual la APDHB desarrolló un conjunto de acciones interpelando a las autoridades públicas, defendiendo a las víctimas. También luchó contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad promoviendo el Juicio de Responsabilidades contra Luís García Meza, Luís Arce Gómez y otros coautores de estos crímenes, hasta lograr la condena penal.
Frente al surgimiento de conflictos emergentes de demandas provenientes de sectores que planteaban sus pliegos petitorios, acompañados con medidas de presión, las mismas que ocasionaban permanentes situaciones de inestabilidad política en el país, la APDHB contribuyó a la solución pacífica de los mismos, evitando derramamiento de sangre, promoviendo espacios de diálogo, trabajo desarrollado junto a la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo.
Esta organización defensora de los derechos humanos, con más de 37 años de vida, se convirtió en una especia de patrimonio del pueblo boliviano, la más emblemática del país y el continente americano, por el altruismo y trabajo no rentado de voluntarios que la integran, pero fundamentalmente por la transparencia e independencia política que siempre le ha caracterizado. Por ello resulta inaceptable que en la actual coyuntura, grupos afines al Gobierno de Evo Morales pretendan intervenirla, manteniéndose por la fuerza en su interior, ocupando ambientes, amenazando y practicando la xenofobia, al cuestionar a personas fundadoras de la institución por el sólo hecho de llegar desde Europa, ignorando el mérito de ser fundadores de la institución y entregarse a la causa de los derechos humanos por varias décadas. Debe tomarse en cuenta que lo que le dio legitimidad y fuerza en su trabajo a la APDHB, fue precisamente ese distanciamiento natural y necesario de los gobernantes, virtud que hoy pretende extinguirse al intentar convertir a la organización en una entidad encubridora de los abusos que se cometen desde el poder. Pero la fuerza moral de esta importante institución se impondrá a la mezquindad política, para bien de la democracia.
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