Mauricio Ochoa Urioste
Las normas jurídicas (NJ) deben de ser eficaces, esto significa que deben ser aplicadas y observadas por sus destinatarios. El Estado, a su vez, debe procurar que éstas sean efectivamente cumplidas y debe éste mismo cumplirlas. Las NJ persiguen ordenar la convivencia social estableciendo los cauces por los que deben discurrir las relaciones sociales de los hombres y dictando los criterios, más adecuados y justos, para la resolución de las controversias. Cumplen, pues, una función de ordenación social, imprescindible para que la vida en comunidad sea posible.
¿Qué ocurre en los casos en que la sociedad no aplica o desobedece tácita o expresamente las NJ?. Se suele entender que las NJ son ineficaces.
En Bolivia, desde tiempo atrás, se ha visto con bastante perplejidad y no menor asombro que las NJ son, en su generalidad, total o parcialmente ineficaces. La infracción de las NJ y, especialmente, los actos contrarios a aquéllas de carácter imperativo, deberían ser sancionados por el órgano judicial. Lamentablemente, éste se encuentra en un proceso de franco y progresivo debilitamiento ocurrido a raíz del carácter autoritario del régimen de Gobierno, que avala por sí mismo NJ y actos contrarios a la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Además, la aprobación de la propia norma fundamental de 2009 fue el resultado de actos en fraude de la ley debidamente documentados en su momento.
Este panorama sombrío llama a una profunda reflexión entorno a qué tipo de sociedad se pretende. El galimatías de la Constitución de 2009, con todos sus ininteligibles recovecos y laberintos, entre los cuáles se halla el confuso Estado Plurinacional y 36 naciones inexistentes y el mismo número de lenguas oficiales – cosa ésta última que jamás se cumple – antes que establecer normas jurídicas primarias y secundarias que den certeza y seguridad jurídica a la sociedad, y en especial a los órganos de Gobierno, han pervertido la razón del derecho a tal punto que se convirtió en una figura cosmética de oscuras intenciones, opresión y perversidades.
Lo peor de todo, es que existen NJ de carácter represivo avaladas subterráneamente desde el órgano judicial a través de fallos espurios y contrarios a la razón jurídica. El respeto por la dignidad y la libertad humana – piedra angular de la Constitución de 1967 – parece ahora sucumbir a los antojos de una casta de hombres superiores que dictan no solamente leyes; sino sentencias judiciales y acusaciones formales a partir del tráfico de influencias patentizado en el así llamado "gabinete jurídico" que está conformado por jueces, ministros de Estado, fiscales, funcionarios públicos, parlamentarios y abogados, con el afán de radicalizar un régimen de cuño autoritario que virtualmente ha cercenado las libertades y los derechos fundamentales.
Por todo lo anterior, la comunidad internacional, en su conjunto, ha de saber que el Estado Plurinacional de Bolivia ya no es más uno de corte democrático. Ha sido subvertido cualquier orden de justicia y el imperio del derecho.
No hay comentarios:
Publicar un comentario