jueves, 2 de julio de 2015

[Aula Libre] Crisis universitaria y oportunismos



Crisis universitaria y oportunismos

Gonzalo Rodríguez Amurrio

A propósito de la crisis de la Universidad Mayor de San Simón, en su momento hacíamos eco de la exigencia estudiantil de contar con docentes cualificados, anhelando que se pueda lograr una transformación y compromisos profundos y no aparentes cambios basados en oportunismos gremiales o de autoridades al interior de la UMSS.

La forma en que el último Concejo Universitario pretendió resolver el problema defraudó tal expectativa y, en los hechos, solo alentó el mantener el conflicto, cuya solución definitiva por de pronto no se avizora.

La tendencia docente oportunista, optó por disfrazar el contenido de su cuestionada Resolución 01/2015 de titularización de los docentes extraordinarios, mediante la Resolución 03/2015; que esperan consolidarla aprovechando dos amparos constitucionales que ordenan abrir las puertas de San Simón, en aras de su derecho al trabajo, más no respecto a titularse por resolución administrativa, que no debatió el tribunal de garantías.  

Colateralmente, en medio de la actual incertidumbre del conflicto universitario, un nuevo componente salta a la palestra pública acrecentando el descrédito de los docentes de la UMSS; el publicitado anuncio del Contralor General del Estado sobre informes de auditorías que aluden la existencia de indicios de responsabilidad civil de 300 docentes de San Simón, por más de diez millones de bolivianos.

Pero, no se puede ignorar que tales indicios de responsabilidad civil aún deben ser dilucidados en la vía judicial lo que es probable ocurra hacia adelante. Por de pronto lo concreto es que el Contralor encontró un momento propicio para aparentar ser justiciero.

La Ley SAFCO, que es la norma legal base para establecer y procesar los indicios de responsabilidad, en este caso civil, contempla también otro tipo de responsabilidades funcionarias, sobre las que la Contraloría debió prestar atención y no lo hizo a propósito de la UMSS. A las tradicionales responsabilidades administrativa, civil y penal, esta Ley introdujo la responsabilidad ejecutiva; aquella que permite evaluar si las autoridades cumplieron o no con los propósitos institucionales de la entidad a su cargo.

Habría sido saludable que la Contraloría General del Estado hubiera realizado una auditoría especial sobre la contratación de docentes extraordinarios, de manera que se establezcan los indicios de responsabilidad ejecutiva de las autoridades universitarias de San Simón, respecto a si cumplieron o no con el propósito de contar con docentes cualificados, necesarios para lograr una buena enseñanza universitaria.

Lamentablemente sobre ello, no hubo y es probable que no haya iniciativa alguna de la Contraloría, porque simplemente no está entre sus prioridades, aunque nuestra casa superior de estudios se esté cayendo a pedazos por la crisis actual que la agobia.

También es necesario mencionar que los diez millones que la Contraloría busca recaudar de los salarios de los docentes, en razón a que al tener más de un trabajo habrían sobrepasado el límite del sueldo presidencial, no llegarán a parar a las arcas de la misma universidad, como algunos ilusos piensan; su destino será una cuenta del Banco Central sobre cuyo uso decidirá solo el gobierno nacional, ahí radica precisamente la prioridad del Contralor: recaudar recursos para el gobierno central.

A esa prioridad de la Contraloría además otro factor, el ético, limitaría el auditar la contratación de docentes en San Simón; el Contralor es un interino por más de seis años (desde fines de 2008), entonces ¿con qué moral podría cuestionar la falta de docentes titulares en la UMSS si la propia contraloría no cuenta con un Contralor titular?.

El autor es abogado y ex dirigente obrero



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Enviado por: Juan Gonzalo Rodriguez Amurrio <rodriguez.amurrio.go@gmail.com>


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