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La inmigración internacional es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la sociedad europea del siglo XXI. Es un fenómeno que responde a necesidades económicas, sociales y humanas, a las que difícilmente puede ponerse fronteras. Aunque el economista norteamericano y defensor del libre mercado, Milton Friedman, afirmase que "sobre inmigración cuanto menos se diga, mejor" se hace necesario reflexionar, hablar alto, claro y preciso a los gobernantes de los países desarrollados destinatarios del trabajo de los inmigrantes.
A la globalización comercial y financiera le ha seguido una enorme inmigración internacional. Estos procesos han proporcionado a las sociedades desarrolladas un cómodo colchón que les ha permitido recoger importantes ganancias en tiempos de bonanza. Sin embargo, la inmigración no es un hecho coyuntural consecuencia del envejecimiento de las sociedades europeas y la consiguiente reducción de la población activa, la inmigración es una necesidad planetaria debido a diversas causas económicas, políticas y sociales. Europa necesitará, entre los años de 2000 y 2050, alrededor de 35 millones de inmigrantes. Esto supone un auténtico reto que los gobiernos y los propios ciudadanos tienen que saber contextualizar y gestionar correctamente, evitando actitudes prejuiciosas, arbitrarias y xenófobas que puedan minar la convivencia y la identidad humana, tanto de inmigrantes como de nativos; sobre todo en la actual de crisis económica y financiera.
La inmigración ha proporcionado a los países ricos mano de obra joven, más barata que la nacional o autóctona. Esta fuerza de trabajo joven ha producido beneficios a nivel macro y microeconómico. Al mismo tiempo, ha asegurado envíos de remesas a los países de origen que han sobrepasado, en mucho, el valor de los presupuestos de asistencia de desarrollo internacional. En 2007, las remesas enviadas por los bolivianos residentes en España, representaron el 10% del Producto Interior Bruto de Bolivia, lo que implica un impacto macroeconómico de considerables dimensiones y supone que la estabilidad económica depende, en cierta medida, de los envíos. Además, estos aportes económicos han actuado como factor de cambio social en algunos ellos. En Ecuador, Rafael Correa (recién reelegido Presidente en la primera vuelta) ha podido aplicar durante su mandato anterior mejoras sociales, gracias al alto nivel de ingresos en remesas y por los beneficios derivados del petróleo.
Lamentablemente, corren malos tiempos para el trabajador inmigrante; ya que, la crisis financiera y económica en Europa está propiciando que las políticas de empleo se vuelvan cada vez más proteccionistas y menos solidarias, redundando en el aumento del desempleo entre la población extranjera. Esta reducción de ingresos ya se ha dejado sentir y, según el Banco de España, el envío de remesas se redujo, en el cuarto trimestre de 2008, en un 20%, frente al mismo periodo de 2007. En Ecuador, la reducción en el envío de dinero y la bajada del precio del petróleo pueden hacer peligrar la Revolución Ciudadana de Correa, que se ha basado, hasta ahora, en un alto nivel de ingresos que han financiado sus planes sociales.
Hoy, más que nunca, los líderes políticos deben aunar esfuerzos para afrontar esta crisis global y multidimensional. Estos esfuerzos deben llevarse acabo consolidando los procesos de integración de los inmigrantes, creando nuevos organismos que los tiempos requieren para tender puentes entre los países del Norte y del Sur, promoviendo una cultura humanista de la inmigración. Dicho de otro modo, no es sólo un problema de leyes, sino también un problema de educación de la sociedad para aceptar y compartir con los demás, independientemente de raza, grupo social o género. Se trata, por tanto, de buscar soluciones en un ámbito de equidad social, así como de reformular convenios de desarrollo con los países del Tercer Mundo, cantera permanente de flujos migratorios. Recurrir a la media de expulsar trabajadores extranjeros tiene dudosa validez económica y social como respuesta a la crisis porque, al fin y al cabo, los que buscan trabajo se marcharan con sus propios pies a donde haya medios de vida. Además, la ponderada cooperación internacional, unida a las deficientes y corruptas políticas de los países que la reciben, no ha logrado generar activos de producción que permitan salir de la pobreza o, por lo menos, despertar las esperanzas de un futuro mejor.
Por otra parte, las actuales políticas en materias de integración, en la Europa de los 27, no dan motivo para el optimismo. Desde este nuevo escenario económico y de fuerte impacto social, en España, Francia, Italia..., se están reformando aspectos normativos de su legislación con el propósito de frenar las corrientes migratorias e invisibilizar a los inmigrantes sin permiso de trabajo y residencia. En este contexto, se está criminalizando a los extranjeros en situación irregular. Y es que, en el caso de los recién llegados a España, al quedarse fuera de la última regularización masiva, el sueño de poder normalizar su situación a través del arraigo social, también se desvanece por la imposibilidad de obtener un contrato de trabajo. De este modo, el irregular se ve inmerso en un tormentoso círculo vicioso de desempleo, dependencia, pobreza y marginalidad.
La legislación sobre extranjería de los países de la UE coincide en puntos polémicos e insertan preceptos, que penalizan valores éticos tan fundamentales en todas las culturas como la hospitalidad. Tal es el caso de España, donde el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería introduce este contenido. El artículo 53, tipifica la permanencia irregular de un extranjero en España como una falta grave. Hasta ahora, se hacían redadas para detener a los inmigrantes en situación irregular. Se los lleva a los nuevos centros de internamiento de extranjeros para posteriormente devolverlos a su país en un tiempo máximo de 60 días. Ahora, se quiere penalizar no sólo a los empleadores que les ofrecen trabajos, sino también a quines los acogen solidariamente, sancionándolos con una multa de entre 501 y 10.000 euros. La multa será exactamente igual a la prevista para los empresarios que sacan provecho económico y explotan al inmigrante, que para quienes por solidaridad y filantropía ayuden a un extranjero, dándole comida o vivienda, sin fines de lucro. Los inmigrantes sostienen que los empresarios han reaccionado a esta medida bajando los estándares laborales, despidiendo a trabajadores y duplicando las horas de trabajo a los empleados que quedan contratados; sin aumentar en un centavo sus salarios y con la amenaza de que si no les interesa pueden marcharse.
El Gobierno español no es el primero en Europa en dar paso a normas de este tipo. Francia, por ejemplo, en el entramado de sus "reformas", leyes y actos sobre inmigración, prevé en uno de sus artículos hasta cinco años de cárcel y 30.000 euros de multa a "cualquier persona que, directa o indirectamente", ayude a un indocumentado. En Italia, por expresarlo con las palabras del ilustre filósofo y sociólogo francés, Sami Nair: "la extrema derecha de tendencia fascista, aliada del gobierno de Berlusconi, utiliza el racismo para aterrorizar a los extranjeros". De esta manera, España da un paso más hacía la convergencia con el resto de países de la Unión Europea donde la inmigración irregular ha quedado relegada e invisibilizada desde las instituciones, hasta cuestionarles la asistencia sanitaria como en el caso italiano. Tratan de intimidar a los ciudadanos europeos y extranjeros con estatus legal para que nieguen toda forma de apoyo a las personas en situación irregular.
Sobre estos aspectos que atentan contra los Derechos Humanos, varias Congregaciones religiosas, Cruz Roja, ONGs, Cáritas, la Federación Nacional de Red Acoge, Partidos de Izquierda y ciudadanos en general, han subrayado que asistir a una persona para proteger su salud, su integridad o su dignidad, lejos de ser un delito, "es un deber", como lo han venido sustentando Soledad Gallego-Díaz, Xavier Rius Sant, Rafael Martínez Martínez… entre otros periodistas españoles.
En España, el colectivo de inmigrantes latinoamericanos más afectado por las nuevas políticas restrictivas a la inmigración, es el boliviano. La mayoría llegó en el año 2006 y el primer trimestre del 2007, justo antes de que se impusiera la exigencia del visado de entrada. Por esta razón, los ciudadanos bolivianos no han normalizaron su situación en la última regularización masiva de 2005. En la actualidad, la falta de empleo no les permite completar los tres años necesarios para optar a una regularización por arraigo social. Así las cosas, el número de bolivianos empadronados en España asciende a 239.942 y de ellos, sólo 85.427 tienen permiso de trabajo y residencia, según los datos oficiales hasta el 31 de diciembre de 2008. Este colectivo de bolivianos no puede salvar las innumerables dificultades burocráticas necesarias para la regularización y queda en un limbo de irregularidad, pero no de ilegalidad o sin papeles, porque poseen sus pasaportes u otros documentos de sus respectivos países.
Más bien al contrario, los únicos que parecen no encontrar o haber perdido los papeles son los propios políticos. Existe una contradicción entre la política de Integración, anunciada por José Luis Rodríguez Zapatero para esta legislatura, y la que se está llevando a cabo actualmente con los inmigrantes, en la cual se está obstaculizando la integración, criminalizando al irregular y al que le ampara. De esta manera, se empuja al extranjero a la clandestinidad y al desarraigo, no obstante que la mayoría de ellos llevan años de residencia continuada y, en muchos casos, tienen hijos nacidos en España.
Rememoro aquí la celebre frase de Mariano José de Larra, articulista y crítico de una ironía mordaz: "Vuelva usted mañana". Esta es la respuesta que reciben hoy los inmigrantes; los que tienen la suerte de no ser detenidos. ¡Qué Pena! Desperdiciar esta crisis, en vez de aprovecharla para normalizar la situación de los inmigrantes en el mundo, fortaleciendo el Estado de derecho para todos.
