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La historia reciente del país ha estado marcada por la promesa del cambio. Insatisfechos con nuestras condiciones de vida y de trabajo, con las perspectivas que ofrece el país a nuestros hijos, con la pobreza extendida por toda el área rural y las visibles desigualdades en las ciudades, con la debilidad e ineficacia de nuestras instituciones, con la lentitud de la justicia y la precariedad de la policía, con el comportamiento de nuestra dirigencia política y hasta con el bajo desempeño de nuestro fútbol, los bolivianos apostamos por el cambio y nos dejamos deslumbrar por quienes lo prometen rápido y sin costo.
El movimiento pendular
Ninguno de los problemas mencionados es nuevo, y tampoco lo es la promesa del cambio. En realidad, hemos vivido ya varios procesos de cambio, todos con distintos denominativos, sin haber logrado el progreso prometido, también llamado de distintas maneras. Es que, en el fondo, nos movemos como en un péndulo que nos lleva en una época hacia el estatismo y en otra hacia la iniciativa individual, enfatizando una vez la redistribución y otra la generación de riqueza, confiando a veces en liderazgos personales y a veces construyendo instituciones. Ese movimiento pendular nos impide completar ciclos y procesos y nos da la ilusión de que siempre podemos empezar de nuevo.
Ese movimiento pendular depende de la generosidad de la naturaleza. La abundancia acompaña el movimiento hacia el estatismo pues consideramos que es el único mecanismo que hará público el acceso a las riquezas naturales. La escasez nos devuelve hacia la opción de aplicar nuestra creatividad en la generación de riqueza mediante la producción y el intercambio. Los tiempos del movimiento pendular, o la velocidad con que nos movemos de uno a otro extremo, dependen de cuán rápido se agota o descubre una riqueza natural, y cuánto la demandan en los mercados internacionales.
Sería absurdo pensar que ese movimiento pendular lo es todo porque alguna experiencia acumulamos y de cada movimiento algo queda. Pero no es mucho y casi nunca como parte de un esfuerzo racional y deliberado de aprendizaje. Las élites políticas, en general, prefieren creer que vale la pena ser originales y fundadoras.
En las últimas décadas el cambio más exitoso y persistente ha sido el gestado a través del crecimiento de las ciudades. Hacia ellas se volcó la población rural, en busca de mejores servicios, más oportunidades económicas, educación y salud para sus hijos. Mucho más que las políticas públicas, el cambio social en el país lo ha producido la gente en su búsqueda incesante de bienestar. La urbanización ha permitido que la pobreza se traslade allá donde mejor se la puede superar, lo que se ha reflejado en reducciones de la mortalidad infantil, ampliación de la cobertura educativa y aumento de los años de escolaridad, mayor acceso a los servicios de agua, saneamiento, electricidad y telefonía, y mejores viviendas. Con la urbanización creció el mercado interno y muchos bolivianos encontraron en él la oportunidad para establecer su pequeño negocio de comercio, transporte, artesanía, servicios.
Poco a poco, todo esto ha ido creando mejores condiciones para una economía más abierta a la innovación y a la creatividad de las personas, pero su despliegue pleno no ocurrirá mientras existan incentivos para buscar o esperar soluciones desde el Estado, la política o la acción corporativa.
Mucho símbolo y pocas nueces
¿Qué ha cambiado en estos últimos años? Mucho, si se observa el proceso desde su discurso y sus símbolos y se mantiene una perspectiva de corto plazo. Pero muy poco si uno atiende a las condiciones estructurales y observa las tendencias económicas y sociales en una mirada de largo plazo. Estamos en un extremo del movimiento pendular, pero nada indica que vayamos a liberarnos de él. No estamos creando las condiciones para superarlo.
Es evidente que hay un cambio radical en la élite gobernante, incluyendo a los funcionarios y administradores públicos. El discurso enfatiza y justifica las dimensiones étnicas de ese cambio que, en las percepciones del público, se refieren también a nuevos poderes económicos que, sin duda, también emergen.
La cuestión es si este cambio simbólico tiene correspondencia con un cambio estructural.
La respuesta es negativa. Hay una ampliación del control estatal sobre una parte de la economía, como ya la hubo otras veces, pero es posible que ésta termine asfixiada y perdiendo importancia relativa, como ya sucedió y empieza a suceder (pienso en la importación de carburantes y la caída de reservas y producción).
Hay otros cambios, ajenos a las políticas, que pasan por la expansión acelerada de los mercados más primitivos y salvajes, lejos de toda regulación, donde priman procesos y productos informales e ilegales. Las noticias recogen evidencias de la expansión del contrabando y la presencia de grupos extranjeros en el transporte y procesamiento de droga. En estos mercados la competencia económica reviste también caracteres de enfrentamiento violento por ausencia del Estado. Para muchos, algo de esto explica también las pugnas entre mineros y cooperativistas, transportistas libres y federados, campesinos e indígenas, animados por la defensa de los que creen sus derechos y la reticencia del Estado a cumplir un rol de regulación o de arbitraje.
Pero más allá de esos cambios, la política pública reconstruye una economía que depende cada día más de la exportación de materias primas y, por tanto, de los precios del mercado mundial, sin crear las condiciones para que el excedente obtenido de ese modo encuentre oportunidades de inversión dentro del país. Los bancos tienen dificultades para ampliar su cartera y los ahorristas se refugian en la construcción.
Como parte de ese movimiento pendular el gasto fiscal ha crecido pero tampoco ha logrado cambiar las condiciones de salud y educación, ni mejorar significativamente la deficiente integración caminera. En parte porque prima en la gente la idea de que sin presión no hay decisiones, y multiplican sus acciones colectivas obstaculizando o desviando la aplicación de los planes o proyectos del Estado.
El cambio de mayor potencial
En este panorama de "cambio que no cambia", tan frecuente en nuestra historia, hay una política de probado éxito: la distribución de efectivo a las familias.
La Renta Dignidad dio continuidad al Bonosol y podemos decir que tenemos ya 12 años de experiencia al respecto. Sus consecuencias en la vida cotidiana de las familias son positivas y ya han sido verificadas, así como su impacto directo en la reducción de la pobreza y la mejoría en la equidad social. Los prejuicios la condenan por "asistencialista" y se niegan a ver sus consecuencias en los mercados laborales y de bienes.
Lo incomprensible es que no se amplíe esta política tanto en términos de la población involucrada como de los recursos dedicados a ella. Al contrario, se intenta volver a ensayar lo que antes fracasó, como la industrialización forzada y los emprendimientos estatales, despreciando una experiencia probadamente efectiva y cuyo potencial transformador podría ampliarse mucho más.
Es indudable que darle a la gente su plata, la que proviene de las rentas de los recursos naturales que le pertenecen, sí sería un cambio real, que no solamente honraría la promesa del cambio, sino que eliminaría los incentivos de la burocracia al abuso político y a la corrupción, expandiría la libertad de los pobres y por tanto sus posibilidades de cambiar, y fortalecería la economía nacional, creando oportunidades para los formales e informales, para los grandes y los chicos, para los innovadores y los comerciantes.
Más importante aún, una política de este tipo produciría el cambio definitivo, aquél que nos permita superar el movimiento pendular del cambio que no cambia.
