Rodrigo Villarreal
libertadysentidocomun@gmail.com
Como ya es de conocimiento público la Central Obrera Regional de El Alto (COR), a través de una resolución y ‘a nombre de todos los alteños’ ha decidido exigir a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que trabajan en esa ciudad, que expliquen y avalen el origen de sus fondos de financiamiento, el uso de los mismos y detallen las planillas de sueldos se sus funcionarios. El argumento de la COR es el “control social” y la sospecha de que los ejecutivos de estas ONG estén ganando mas que el Presidente de la República. Esta exigencia tiene su contraparte de coacción ya que la COR ha amenazado con tomar medidas contra aquellas ONG que no cumplan con esta exigencia, haciendo notar que estas medidas pueden llegar a capitalizarse en la toma de las instalaciones y expulsión de sus funcionarios.
El primer “disparo” en este intento de “control social” fue dirigido al Centro de la Mujer Gregoria Apaza. ONG que trabaja hace 26 años en la ciudad de El Alto y rinde cuentas a sus financiadores de acuerdo a sus normas y relaciones contractuales (según su Directora Cecilia Enríquez). Hay en la lista otras 49 ONG que esperan recibir el ultimátum de esta organización social afín al MAS (partido en función de gobierno).
Más allá de la especulación sobre el posible apoyo que muchas de estas ONG le dieron al MAS en su carrera por alcanzar el poder y la inexistente reciprocidad del gobierno para evitar la potencial agresión de la COR sobre estas instituciones. Es importante hacer notar que estas instituciones tienen un carácter no gubernamental y por lo tanto tienen un perfil privado ineludible. Por un lado el patrimonio con el que cuentan no es más que propiedad privada debidamente registrada en las instancias correspondientes (entiéndase que no es propiedad de la ciudad de El Alto ni del Estado). Por otro lado el financiamiento de sus actividades proviene de gobiernos extranjeros, ONG internacionales, fondos privados y/o instituciones internacionales; no están financiadas por recursos estatales.
Bajo este punto de vista, la COR a nombre de los alteños o si se quiere a nombre de los beneficiarios de los proyectos de estas ONG no tiene ningún derecho a ejercer coacción sobre dichas instituciones y menos amenazar la propiedad privada que supuestamente la NCPE y el Gobierno dicen respetar (aunque no hacen nada por demostrarlo). Tampoco tiene derecho alguno a exigir información sobre el origen y uso de los recursos con los que cuentan o que expongan sus planillas de sueldos de manera pública. Los únicos que tienen derecho a exigir esta información son los financiadores. Quienes otorgan los créditos o donaciones pueden exigir información para ver que los recursos provistos tengan los fines buscados.
No es posible pensar que los usuarios/beneficiarios de los proyectos/actividades de estas ONG tengan el “derecho” de exigir esta información. Si seguimos así, mañana serán los consumidores Mentisán los que exijan (bajo amenaza de tomar instalaciones) a Laboratorios Drogería Inti a explicar el origen y uso de sus fondos y que abran sus planillas bajo sospecha de que sus ejecutivos ganan más que el Presidente.
En resumen la información que exige la COR es propiedad privada de cada persona natural o jurídica y si el Gobierno realmente va a respetar la propiedad privada, debería controlar a sus “movimientos sociales” y evitar que la amenaza contra la propiedad privada continúe.
La actitud cómplice de los funcionarios del ejecutivo es muestra clara de que la propiedad privada está seriamente amenazada y que no hay autoridad que ponga freno a estos avasallamientos.
¿En que número de la lista estaremos cada uno de los bolivianos?
Rodrigo Villarreal
http://libertadysentidocomun.blogspot.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario