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"No nos importa la gestión, lo que nos importa es la revolución". Podrían pasar décadas pero frases como esta permanecerán en mi memoria porque retratan, de manera palmaria, una concepción sobre el ejercicio del poder, la irresponsable. Es del tipo de citas que uno siempre tiene que tener en la punta de la lengua para ejemplificar cómo no se debe administrar la cosa pública.
Como para que el país vuelva a ser el hazmerreir del orbe, quien profiriera aquella frase, en su tiempo de asambleísta constituyente, acaba de ser designado como... ¡responsable de la Escuela de Gestión!, una nueva instancia burocrática del Gobierno.
Ya en uso de su curiosa función, el petit homme se ha anotado otra perla. Ha calificado la "descolonización" como lo opuesto a la modernización, por lo que cabe preguntarle si lo que se está planteando es el retorno de la yupana y de los chasquis como sistemas de contabilidad y comunicación, respectivamente.
En otra demostración de cinismo extremo, el omnipotente Estado se va a autoadjudicar directa y libremente el total de los vehículos decomisados definitivamente por la Aduana y aquellos que, según el propio Gobierno, no reúnen las condiciones de inocuidad ambiental. Respecto de los primeros, ¿por qué no mantener el sistema de remate en puja abierta para mejora de la recaudación aduanera?. Sobre los otros -en esto radica el cinismo- recordemos que las autoridades del área esgrimieron un plausible argumento, el del daño ambiental, para proscribir la internación de vehículos con más de cinco años de data -cometiendo, en el decreto, la arbitrariedad de incluir aquellos que estaban en tránsito, o sea ya pagados por sus internadores-. Si bien una funcionaria asegura que éstos serán destruidos, un ejecutivo de la aduana asegura que serán adjudicados a condición de que los beneficiarios -oficinas estatales- los acondicionen.
El punto está en que los internadores hacían exactamente eso: acondicionarlos una vez desaduanizados. Resulta entonces que el mismo auto en manos de un ciudadano común es un peligro para el medio ambiente, pero en manos de un funcionario público cumple una función social, por así decirlo.
Pero el extremo del cinismo se da en la temática coca-cocaína. Fiel a su estilo de cometer el delito y luego "blanquearlo" -abogados mediante- el Gobierno tiene la solución para la producción ilegal de la coca: aumentar el número de hectáreas para el cultivo legal del arbusto. Unos plantean 20 000, otros 30 000. Yo sugiero que de una vez se ponga 40 000 has., y cuando las plantaciones se aproximen a esta cifra aumentar a 50 000, y así sucesivamente. ¡Cínicos!
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