lunes, 12 de abril de 2010

Conflictos de Interés en la Administración del Ahorro para la Jubilación

Armando Alvarez Arnal
aralar3@gmail.com

En el sistema de pensiones vigente, denominado de Capitalización Individual, los aportes realizados por cada trabajador para el pago de su futura jubilación son registrados en una cuenta a nombre de este e invertidos para hacerlos crecer por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). A diciembre de 2009, los aportes realizados por más de un millón doscientos mil trabajadores más los rendimientos obtenidos por la inversión de estos superan los 4.600 millones de dólares.

De ese total, un 62% se encuentran invertidos en valores emitidos por el Tesoro General de la Nación (TGN), en parte debido a que las AFP están obligadas por Ley a invertir en valores públicos y en parte a que no existen otras alternativas de inversión, entre otras razones, por la falta de un ambiente favorable para ello en el país.

El sector de pensiones, de acuerdo a Ley, se encontraba regulado por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS), cuyo principal ejecutivo era elegido de una terna propuesta por el Senado y no podía ser removido por el lapso de seis años. Sin embargo, el actual gobierno, mediante Decreto Supremo, modificó el sistema de regulación creando la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones (AP), cuya estructura organizacional fue establecida mediante Resolución Ministerial por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Tomando en cuenta lo anterior y ante la iniciativa del actual gobierno que pretende modificar el sistema de pensiones vigente manteniendo la cuenta individual pero eliminando a las AFP y creando una institución pública que se encargaría de la administración de los aportes de los trabajadores, surgen serias preocupaciones sobre evidentes conflictos de interés.

Las preocupaciones tienen que ver con dos hechos: 1) que el Estado, a través del TGN, es el principal deudor de los aportes de los trabajadores y 2) que la AP quién debería regular a la institución pública que se haría cargo de la administración de los mencionados aportes depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

En otras palabras, de implementarse los cambios propuestos por el actual gobierno, el Estado, principal deudor que además es el regulador del sector de pensiones se haría cargo de la administración de los aportes de los trabajadores. Ante este incestuoso escenario, la probabilidad de que se repitan los horrores cometidos en el pasado en la administración de los mencionados aportes prácticamente sería de certeza.

El tema de Pensiones, por sus connotaciones sociales, económicas y financieras, requiere ser estudiado, analizado y tratado con seriedad y responsabilidad. El pago de rentas adecuadas a los ciudadanos que han reunido los requisitos para jubilarse, la posibilidad de incrementar el ahorro nacional de largo plazo, ampliar y mejorar el financiamiento de las actividades productivas, así como la administración transparente y responsable de los aportes de los trabajadores para que lo anterior suceda, son aspectos cuya importancia supera ampliamente los intereses particulares de algunos sectores que proponen y pretenden introducir cambios al sistema de pensiones sin mayores explicaciones ni análisis.