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El gobierno, en un evidente esfuerzo de seguir encubriendo el fracaso de la nacionalización del gas, ha decidido seguir su marcha estatista buscando el control de las empresas eléctricas. No solamente ha dispuesto la captura de las generadoras, sino también de una distribuidora: ELFEC de Cochabamba. El caso ilustra el penoso nivel al que han caído gobierno y oposición.
Que la nacionalización es un fracaso lo demuestran las cifras: la inversión ha caído y la producción también, y ninguno de los planes ofrecidos para exportar, industrializar o explorar se ha podido cumplir. Las colas por gas licuado son la evidencia más clara de ese fracaso, pero también puede citarse el hecho de que Bolivia dejó hace tiempo de autoabastecerse de líquidos y está importando diesel, gasolina y hasta gas licuado!
Pero el gobierno se niega a reconocerlo. Escudado en precios del gas muy superiores a los que regían en los años 90 o a comienzos de la década, juega con las cifras monetarias para esconder el fracaso real. En su esfuerzo por negar esa realidad, sin embargo, ha decidido ir más lejos y seguir nacionalizando, en la esperanza de que al insistir en ello se logre convencer al pueblo de que el fracaso ha sido un éxito.
Como en casos anteriores, la estatización consiste en forzar a los propietarios a vender una parte de las acciones a fin de darle el control de la gestión a la burocracia política.
Se trata, por supuesto, de un abuso de autoridad. La mayor parte de esas empresas son sociedades anónimas, lo que quiere decir que sus accionistas tienen gran libertad para vender sus acciones. ¿Por qué el gobierno no las compra de la manera más simple y directa? Es cuestión de negociar, de hacer una buena oferta y de convencer a los propietarios de que se desprendan de lo que les pertenece a cambio de un buen precio. El gobierno no lo hace porque no le interesa el aspecto económico sino el político. Estatizar es ejercer poder y en ese acto debe poner de manifiesto que tiene el poder y, por supuesto, que puede abusar de él, pues sólo así se nota. Esto es lo que le importa y esto es lo que busca, más allá de cualquier otra consideración o criterio.
Si luego cae o sube la producción, si hay o no inversiones, si mejoran los servicios son cosas irrelevantes. El acto de poder ya se produjo y el letrero de nacionalizado, con policías y militares custodiándolo, es todo lo que importa. Por eso resulta patética la actitud de los ejecutivos de COMTECO. Nada que objetar a sus argumentos de que la empresa es eficiente, que invierte y amplía continuamente la cobertura. Y es verdad que ofrece tarifas baratas y aún así genera utilidades para seguir invirtiendo. Lo patético es la manera en que plantean su reclamo: a los otros está bien, pero ¿por qué a nosotros? Más de uno, incluyendo un imberbe senador, ha justificado las otras estatizaciones porque habrían sido de capitales internacionales.
Lo patético del caso es que al reclamar de esta manera se alejan del principio que ponen en juego las expropiaciones, que es el derecho a la propiedad, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se hunden en el pantano de los pretextos banales que esgrime el gobierno para justificar su abuso de poder.
Porque ellos, más que nadie, deberían conocer el famoso poema de Martin Niemoller, que denuncia la indiferencia de la gente ante el avance de los nazis, escondiéndose en una identidad distinta a la del abusado de turno, porque de ese modo esperaban evadir la violencia. Hoy se diría "Primero los nacionalizaron, y no dije nada, porque no soy internacional. Luego los estatizaron, y no dije nada, porque no soy grande. Y cuando vinieron por mí, ya no quedaba nadie que dijera nada".
La lección de la historia es que si el poder abusa una vez, seguirá abusando.
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