martes, 11 de mayo de 2010

Problemas salariales

Rolando Morales Anaya
rolando@entelnet.bo

Las recientes reivindicaciones salariales (mayo 2010) de varios sectores de trabajadores se presentan en un contexto por demás singular caracterizado por la existencia de superávit fiscal (en este año y, posiblemente en los siguientes), pocas ganancias en productividad e insuficiente creación de empleos. La existencia de superávit fiscal hace posible incrementos salariales en el sector público. Esta posibilidad puede ampliarse en la medida en que se reduzcan algunos gastos que el Estado tiene planeado hacer y que se pueden considerar innecesarios, como los relativos a la compra de aviones presidenciales o armamento.

En una economía cerrada, o en una economía abierta con escazas reservas internacionales, se podría argüir que el incremento de los ingresos de los trabajadores que no está acompañado de una ganancia similar en productividad genera inflación. En una economía abierta como la boliviana, con abundantes y crecientes reservas internacionales, un incremento de la demanda interna que no sea acompañada por un aumento similar en la producción de bienes será absorbido por las importaciones, restableciendo el equilibrio entre oferta y demanda, sin generar inflación.

Un personero de gobierno señaló que la contención de salarios en el sector público se inscribía en una política orientada a generar ahorros para financiar los grandes proyectos del Mutún, de litio, de hidrocarburos y de electricidad, lo que dentro de algunos años redundaría en beneficio de todos los bolivianos. Esta es una estrategia de desarrollo que ha sido abandonada por la mayor parte de los países del mundo hace varias décadas por sus pobres resultados. Por ello y por otras razones, corresponde sugerir un cambio en el patrón de inversiones públicas para orientar una mayor proporción de recursos a actividades que generen empleo e ingresos en el corto y mediano plazo. Ello contribuiría a aliviar la tensión en el mercado laboral.

Si el incremento salarial real en el sector público va más allá de la ganancia en productividad constituirá una suerte de subvención financiada con la renta hidrocarburífica. Puesto que muchas personas que no trabajan reciben un subsidio, existen argumentos éticos suficientes para demandar que los que trabajan sean igualmente beneficiados. La posibilidad de esta transferencia se apoya también en la expectativa de los agentes económicos de beneficiarse de alguna manera del auge de las exportaciones.

Si bien es posible un incremento salarial en el sector público, habrá que ser prudente con relación a sus efectos en el sector privado pues este último no puede financiarlo con subsidios y hay un cierto número de empresas que trabajan al margen, es decir, con pocas ganancias. El aumento obligatorio de salarios puede llevarlos a cerrar, aumentando el desempleo, el que a su vez empujará los salarios hacia abajo. Las empresas que resisten mejor un incremento de sus costos laborales son aquellas que pueden trasladarlos a sus precios finales deteriorando el poder de compra del incremento salarial. Pero no todas las unidades económicas están en esta situación por lo que estas observaciones llevan a sugerir la realización de estudios previos para determinar la capacidad de las empresas privadas de incrementar salarios sin provocar daños colaterales.

Los ingresos laborales son bajos por lo que los trabajadores tienen razón de quejarse. En el periodo neoliberal se trató de acallarlos, pero, hoy en día, la situación es diferente (o debería serla). La política más sana para aliviar los problemas laborales es la de crear más fuentes de trabajo de manera a que la competencia entre los demandantes de trabajo haga subir los salarios. Esta creación debe hacerse en el sector público y en el privado. Para que se creen nuevas fuentes de trabajo, se requiere diseñar y ejecutar políticas industriales de nueva generación que sin implicar subsidios estatales creen un ámbito económico y jurídico adecuado para la inversión y la expansión del empleo. Se puede pensar en la utilización de recursos estatales para la constitución de capitales semilla que faciliten la creación de nuevas empresas y recordar lo señalado por un dirigente del magisterio que el hierro, el litio, el petróleo no se comen y que resultaría muy difícil convencer al panadero, carnicero o verdulero que se les pagará por sus productos después de cinco años.