jueves, 1 de julio de 2010

Centralismo regresivo y conservador

Erika Brockmann Quiroga
erikabrockmann@yahoo.com.mx

Con este encabezamiento contribuyo a la confusión de quienes creen o creyeron algún momento en el discurso del 'cambio' y la 'revolución democrática y cultural'. Y es que luego de dar lectura a las leyes del Órgano Electoral Plurinacional y de Régimen Electoral, la conclusión es inevitable, ambas son conservadoras porque lo que debió cambiar no cambió, y centralistas porque ignoró un factor consustancial al cambio, me refiero a la autonomía como una nueva cualidad del Estado Plurinacional. Se trata de dos debilidades que derivan en disposiciones inconstitucionales que pronostican tormentas y nuevas escaramuzas territoriales.

"No entiendo, ¿por qué tantas observaciones de la oposición?, si el régimen de designaciones de los vocales electorales prácticamente es el mismo de antes, no hay cambios de fondo". ¡El problema radica en que precisamente no hay cambios! ¡Cuando éstos eran fundamentales para guardar coherencia con el nuevo texto constitucional –poco coherente–, así como con una realidad demográfica, sociopolítica y territorial distinta, a estas alturas insoslayable! Mencionemos algunos.

Quedó en el papel el concepto de un nuevo Poder Electoral independiente e imparcial. Persiste el 'chip' mental del presidencialismo centralista, cuya influencia será difícil de contrarrestar si se considera la abrumadora mayoría oficial en la Asamblea Legislativa, hoy reflejo y eco acrítico de las instructivas del entorno presidencial. Como en el pasado centralista, el régimen de designaciones permite al Presidente tener al menos uno de todos los vocales en el Tribunal Supremo y los nueve departamentales. Aquí hay lecturas distintas en alusión al texto constitucional "que dispone designar sus representantes ante –que no sería lo mismo que en– el Órgano Electoral". En fin, pequeñas cosas en tiempos de grandes desconfianzas y desencuentros.

La inconstitucionalidad y los excesos centralistas son preocupantes. Es el caso de la definición de límites y formas de elección de autoridades y representantes en los gobiernos departamentales y ediles que debieran definirse en cada nivel territorial. Finalmente, al referirse a la conformación de 'gobiernos regionales' se confirma una vez más el carácter no sólo anacrónico de la región como dispositivo desestabilizador de las gobernaciones y de conflictividad, lejos de ser los espacios de planificación y gestión del desarrollo armónico departamental.

Como avestruz, el oficialismo eludió el cambio, manteniendo la distribución desigual de escaños por departamento, postergando su definición, una vez más, hasta la oficialización de resultados del censo 2011. En este dilatado tiempo se habrá profundizado la brecha entre escaños urbanos y rurales, favoreciendo la sobrerrepresentación de los últimos en desmedro de los importantes centros urbanos. A esto se suma una demanda indígena que reclama lo prometido por el Presidente, cuyo entusiasmo discursivo infló expectativas. Debieron equilibrar la simple aritmética –34 pueblos indígenas– con las nociones de representación e inclusión. Un representante indígena por departamento es suficiente para interpretar, agregar y canalizar las demandas más sentidas de uno o más pueblos minoritarios, entre los cuales muchos no superan los 500 habitantes.

Al venderse ilusiones no se midieron consecuencias. Hoy, en respuesta defensiva, lo rabiosamente revolucionario termina siendo peligrosamente conservador.