martes, 13 de julio de 2010

Las trampas de la Bolivia Autonómica

Boris Alberto Céspedes Muñoz
albertcesp@yahoo.com

Intentaremos de manera breve exponer lo que hemos llamado las "trampas esenciales de la Bolivia Autonómica" y sus consecuencias en torno a su implementación. Es importante aclarar que el tema de autonomías en Bolivia no es algo novedoso más al contrario si uno analiza la historia de la República en varios pasajes esta ha sido una demanda sentida por los pueblos (no sólo los indígenas originarios campesinos). Lo distinto ahora es el soporte contextual en el que se va desenvolver esta demanda.

La primera trampa esencial del proceso autonómico en Bolivia tiene que ver con los estatutos autonómicos departamentales. En este sentido el proceso fáctico implementado por la llamada "media luna" ha desconocido las transformaciones estructurales que vivía el país.

En el análisis comparado, a nivel internacional sobre procesos autonómicos, se evidencia que los estatutos de los gobiernos subnacionales emergen de reformas constitucionales que permiten que se pueda llevar adelante este proceso o de acuerdos políticos que generan un equilibrio entre lo que se desea y lo que normativamente señala una Constitución.

Se puede decir que antes de la aprobación de estatutos autonómicos existe una Constitución que los regula y una institucionalidad que los revisa, los protege y los adecua (como por ejemplo Tribunales Constitucionales Independientes).

En el caso de Bolivia, los líderes locales de la media luna han instrumentalizado políticamente el argumento de las autonomías para enfrentar a un Gobierno, liderado por Evo Morales Ayma, bajo la creencia que este gobernante tenía en su horizonte ideológico el impulsar al país hacia el socialismo del siglo XXI o el comunitarismo Andino.

Sea cual fuere la lectura; el rasgo esencial de la propuesta gubernamental iba en contra del llamado "neoliberalismo" que según la interpretación de los dirigentes del Oriente Sur del país les quitaría poder de influencia en la elaboración de políticas públicas pero además la capacidad de mantener, acrecentar y representar la unión de los mundos empresariales y políticos que en el paso les resultaba bastante beneficioso.

En este sentido, la autonomía no fue planteada como un mecanismo para mejorar la administración pública; sino, como instrumento para frenar y enfrentar al gobierno "indígena" liderado por el Presidente Morales que tenía la intención de convertir a Bolivia en un país socialista que desarticulará el poder de terratenientes y ganaderos concentrados en las tierras bajas del territorio boliviano.

Lo anterior, intenta reflejar la falta de comprensión y el desconocimiento que los actores (representantes de los intereses de ciertos grupos de poder de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) tenían de la realidad del país. Desde esas latitudes sistemáticamente se ha querido negar que Bolivia viviera un proceso Constituyente que tenía como finalidad generar un nuevo Estado, no sólo con potencial de reestructurar las relaciones de poder sino de cambiarlas por completo.

El Gobierno por su naturaleza centralista, segunda trampa del proceso autonómico boliviano, no comprende el significado ontológico de la autonomía. Ni siquiera como un proceso de modernización de la gestión pública.

Al contrario, la lectura que hizo del proceso autonómico se resolvió en clave de sociología política condicionada a la lógica de poder en la que se debería develar cuál de los actores, sea el gobierno central o las emergentes gobernaciones, tenía la fuerza para imponer su visión y condicionar a la otra. Por ende una verdadera vocación autonomista no es parte del alma del Gobierno de Evo Morales.

Esto hizo que se pasará de las autonomías esenciales a las autonomías instrumentales[1]. En Palacio Quemado sólo se apoya la autonomía en tanto y en cuanto responda a los cálculos políticos que hagan los analistas de coyuntura. Si la autonomía como discurso responde a los intereses del poder ejecutivo será impulsada si es al contrario será perseguida y denunciada.

Lo anterior parece explicar la conducta que asumió el Poder Ejecutivo que en principio manifestó su desacuerdo con el proceso autonómico, al catalogarlo incluso de separatista, y luego más tarde en función del reacomodo de fuerzas lo acepta y lo impulsa agregándole algunas novedades como la Autonomía Indígena y la Autonomía Regional. Cuyo fin era frenar la arremetida de las autonomías departamentales.

Hasta ese momento, la autonomía en el país era mayormente analizada desde una perspectiva de juego de fuerzas políticas (un ajedrez político). Los análisis técnicos, relacionados por ejemplo con pactos fiscales, con competencias y atribuciones no eran considerados en la reflexión pública.

Posteriormente, con la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado, aunque desde el ámbito académico se estima que sólo el 4% de los ciudadanos entiende en propiedad que significa el contar con gobiernos autónomos, para ningún ciudadano boliviano el proceso autonómico le es ajeno. En este sentido, las autonomías como nueva estructura estatal de Bolivia son una realidad legal (formal) y con una amplia legitimidad.

Lo anterior motivo la profundización en los estudios relacionados con procesos autonómicos, sus alcances y significados. Los análisis dejan de ser unidimensionales y empiezan a integrar otros elementos relacionados con recursos, competencias y demás aspectos. Sin embargo, muchos de los especialistas desarrollan sus planteamientos desde la experiencia de la descentralización administrativa en el país que dio pie a la participación popular provocando un sesgo municipalista en la forma de entender la autonomía en el país.

Pero además los estudiosos basaron sus análisis, otra de las trampas, en las experiencias de otros países cuya esencia autonómica estaba circunscrita a la noción de Estado de Derecho Liberal Moderno. Es decir, los Estados complejos que se analizaron tenían como supuesto de explicación canales institucionales para implementar los gobiernos autonómicos.

Sin embargo, en Bolivia la CPE, manifiesta la emergencia del Estado Plurinacional que, aunque muchos constitucionalistas aún se resistan a pensar que se trata de una realidad distinta a la hasta ahora conocida, da pie a una estructura diferente a la noción de Estado de Derecho como se entiende en el mundo Occidental. De hecho el país ya no es más una República, no existe la división e independencia de poderes, y se articula a partir del Monopoder[2].

Pero quizás un elemento mucho más importante y esencial es el hecho de la noción de Plurinacionalidad que en su faceta más concreta genera la coexistencia de dos sistemas judiciales (la justicia ordinaria fundamentada en el Derecho Romano y la justicia comunitaria) que no necesariamente son compatibles. Además que se reconocen con igual jerarquía. Uno de los elementos particulares del proceso de implementación de autonomías en Bolivia.

El Estado Plurinacional de Bolivia, dadas sus particularidades, hace pensar que lo que se puede implementar en el proceso de desconcentración del poder son "autonomías tuteladas". Es decir, en última instancia las autonomías deberán regirse no solamente a una norma independiente sino a la visión del monopoder encarnado en el Poder Ejecutivo. Será el Presidente Morales, su Gabinete de Ministros y el grupo de asesores quienes cuentan con el potencial de controlar y/o condicionar las dinámicas del proceso de autonomías.

Por eso es, que desde cualquier lectura convencional de lo que son los procesos autonómicos en el mundo (al menos occidental), la realidad boliviana parece incomprensible para quienes intentan articular argumentos que puedan dar luces para la implementación de las autonomías en Bolivia.

Es la esencia plurinacional, concepto difícil de entender con precisión, del Estado boliviano el que ha motivado desde el Gobierno Central a ir más allá de lo establecido hasta el momento generando no sólo dos niveles de autonomías como generalmente sucede en las realidades occidentales que tienen esta estructura.

Se habla en Bolivia de autonomía departamental, autonomía indígena, municipal y regional que sumados al gobierno central constituyen el ejercicio de mayor desconcentración política que se haya vivido en un mismo Estado. La consecuencia previsible de este desmenuzamiento del poder parece ser bajos niveles de gobernabilidad y un debilitamiento de la estabilidad socio política.

El planteamiento de las "autonomías tuteladas" al haber sido articulada a partir de una lógica de poder han generado realidades discursivas como las autonomías indígenas que en la realidad no tienen sustento. La autonomía indígena, otra trampa del proceso, carece del elemento simbólico principal que ha sido la demanda histórica de los pueblos originarios como la tierra – territorio. Es decir, finalmente las autonomías indígenas tiene vida en el papel, incluso para darle mayor forma a través de una Ley de Autonomías, pero en la realidad carecen de un espacio para poder concretarse.

La salida de convertir a las autonomías municipales en indígenas, incluso a través de las mancomunidades municipales, aunque inteligente no basta pues la demanda real de los pueblos originarios campesinos es otra y esta indisolublemente asociada con tierra-territorio. Es por eso que la CIDOB, sin tener incluso mucha claridad sobre el punto mencionado anteriormente, reclama al Poder Ejecutivo y hace ver que las dificultades de la autonomía indígena no sólo se circunscribe al número de representantes originarios ante la Asamblea Plurinacional. El tema de fondo es otro.

En el caso de las autonomías regionales, el tema apunta a otro aspecto fundamental relacionado con quien tiene en su territorio y pueda controlar recursos naturales que puedan ser explotados para generar dinero. En este sentido la autonomía regional del Gran Chaco es expresión de lo anterior. El Gran Chaco considera que al tener recursos gasíferos en su territorio tienen el derecho de recibir ingresos de manera directa y no esperar que la gobernación del departamento de Tarija les asigne recursos.

Sin duda, esta percepción tiene que ver con la idea, otra trampa, de que las autonomías en el país tienen garantizada su sostenibilidad a partir de la explotación de recursos naturales. Se cree por ejemplo que será los ingresos que tiene el Estado por la explotación de gas natural lo que va garantizar los recursos para implementar las autonomías en el país.

Pero sólo un dato, no existe autonomía en el mundo que para garantizar su viabilidad económica haya utilizado en al menos 20% del total de ingresos recursos naturales. La gran fuente de financiamiento para las autonomías viene generada de impuestos a los ciudadanos. Además de impuestos relacionados con servicios de calidad. Es decir, para poder generar y aumentar ingresos los gobiernos deben ofrecer a los usuarios mejores y mayores servicios.

La dificultad en el caso boliviano es que existe la cultura tributaria es inexistente, es decir nadie quiere pagar impuestos. El mejor ejemplo lo encontramos en aquellas personas que se dedican a las actividades comerciales en la conocida uyutus. En un intento de explicar más técnicamente esto, los procesos autonómicos garantizan su viabilidad financiera y económica porque esencialmente tienen una economía formal. En cambio en nuestro país la mayor cantidad de recursos vienen de una economía informal. Este es un elemento que poco se ha discutido en el país.

Finalmente, la mayor trampa de la Bolivia autonómica tiene que ver con la incapacidad para mirar el futuro desde una perspectiva plurinacional cimentada en LA POLITICA donde la creatividad, innovación y acción de buena fe pueda doblegar el oportunismo, la mediocridad y la miopía de quienes dicen liderar este proceso.

No cabe duda que la autonomía, ante todo es una pedagogía social que no responde a un modelo de manual sino que es la expresión de las personas que viven en comunidad y que buscan mayores niveles de realización personal y social. No basta con tener una ley de autonomías aprobada sino que esta se debe apoyar en la cultura del diálogo de la complementariedad y del compromiso de sacar al país hacia el desarrollo para el bien no de unos cuantos, ni siquiera de un grupo sino de todos los bolivianos.

Si bien es cierto que no hay autonomía sino que se hace autonomía al andar, esta necesita estar inscrita en un espíritu solidario y comprensivo que atienda las demandas de la comunidad de personas y no sólo a ideas más o menos bien intensionadas que por construir el paraíso en la tierra, aquí y ahora, pueden destruir el mayor logro de la revolución boliviana: Un Estado Plurinacional Autonómico que es igual a decir un espacio de vida digna donde tienen todos lugar y donde cada uno se siente parte del todo.