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Su artículo no puede estar más plagado de distorsiones y, en el mejor de los casos, desinformación. Sí, efectivamente, hubo gente que se opuso al contrato con la transnacional interesada en explotar el Salar de Uyuni. Sin embargo, esta oposición estuvo basada en puntos concretos. Más abajo le explicaré algunos de ellos. Pero, antes quisiera decirle que la valerosa actitud de un puñado de ciudadanos bolivianos (entre los que me incluyo) de defender a ultranza los recursos evaporíticos más importantes del mundo de la voracidad del capital extranjero no debería ser sino ponderada porque gracias a ella se pudo mantener esta inconmensurable riqueza en poder del Estado Boliviano. En buena hora, digo yo, porque de lo contrario hoy quizá hubiéramos tenido que lamentar, probablemente, una ocupación territorial en nuestro país.
Con el propósito de explicarle por qué me opuse al contrato con la ex Lithco, a continuación, paso a transcribir la primera parte de un extenso artículo de mi autoría titulado "El enorme potencial del litio de Bolivia", publicado etre noviembre y diciembre de 2009 en HORA 25.
Entre 1988 y 1993 los sucesivos gobiernos de Víctor Paz Estenssoro y Jaime Paz Zamora negociaron intensamente con la Food Machinery Chemical (FMC) Corporation (ex Lithium Corporation – LITHCO) un contrato de explotación de las reservas más ricas de litio y otros minerales del Salar de Uyuni.
En realidad, el gobierno de Paz Estenssoro sólo alcanzó a acordar los términos de un borrador de contrato apropiado luego por el de Paz Zamora que condujo a la suscripción de un primer contrato negociado de manera directa con la transnacional y rechazado vehementemente por el Comité Cívico Potosinista y las fuerzas vivas de ese departamento. Esto, sin embargo, derivó en una convocatoria pública internacional y posterior adjudicación y firma de un segundo contrato con la misma empresa el 14 de febrero de 1992.
Posteriormente, el contrato fue remitido al Congreso Nacional para su consiguiente aprobación. A mediados de 1992, el Primer Poder del Estado decidió introducir cuatro enmiendas al contrato, aspecto que desató la furia de la transnacional. Hace algunos meses, en conversación con uno de los actores principales en la negociación pude conocer que la compañía había decidido en efecto no aceptar cambio alguno por ningún motivo al contrato de febrero, aunque dicha persona no supo explicarme las razones de tal determinación.
Entre las cuatro enmiendas introducidas por el Parlamento se destacan dos. En primer lugar, la FMC mantuvo la posición de no aceptar la homologación del incremento de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) - del 10 al 13% - realizado por el gobierno nacional en mayo de 1992, aparentemente bajo el argumento de que el contrato se había suscrito antes de la aprobación de esta medida, en total desconocimiento del derecho soberano de la República de Bolivia a modificar sus leyes en el momento en que considerara conveniente. En segundo lugar, la introducción de una modificación a la cláusula de duración del contrato dirigida a evitar que la empresa se quede en Bolivia por 40 años sin la seguridad de que explote un solo gramo de litio y pueda incluso solicitar una prórroga de 10 años más, tampoco fue del agrado de la compañía estadounidense, pues desnudó su intencionalidad de mantener el área de mayor concentración de litio del Salar de Uyuni en calidad de reserva estratégica.
El contrato entre el Complejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (CIRESU) y la FMC era un típico arreglo contractual de "riesgo compartido" (o joint venture) en el cual los ingresos para el Estado boliviano se limitaban a los impuestos emergentes del proyecto. En un artículo titulado "CIRESU-LITHCO: El Contrato del Engaño al Pueblo" publicado en el periódico Hoy el 1 de julio de 1992 hice un análisis detallado de los tres impuestos contemplados por el contrato. En primer lugar, el impuesto de 0,5% sobre ventas netas estaba destinado al CIRESU. En segundo lugar, el impuesto (anticipado) del 2,5% sobre ventas netas correspondía al Tesoro General de la Nación (TGN), que operaba de la siguiente manera: (i) si la sumatoria de anticipos de este impuesto superaba el 30% de las utilidades netas del proyecto, la diferencia se debía acreditar a la FMC; y (ii) si la sumatoria de los anticipos resultaba siendo inferior al 30% de las utilidades netas, la diferencia debía ser pagada por la transnacional.
[1]. En tercer lugar, el impuesto del Régimen Complementario del IVA del 10% estaba dirigido al TGN y se aplicaba a los dividendos de la FMC a remitirse a los Estados Unidos.
Adicionalmente, en el citado artículo argumenté que el Valor Actual Neto (VAN) calculado no incluía la inversión del Estado boliviano en caminos, electrificación, energía y, principalmente, el valor de las 400.000 toneladas métricas (TM) de contenido metálico de litio, por lo que se podía ver a todas luces que el proyecto no era en efecto beneficioso para el país.
En todo caso, el 31 de diciembre de 1992 la FMC Corporation rechazó las enmiendas del Congreso Nacional de Bolivia y a los 15 días siguientes anunció su salida definitiva del país. La decisión de la FMC produjo una gran conmoción en el ambiente político de ese tiempo; muchos dirigentes se rasgaron las vestiduras y bautizaron este episodio como "el fracaso del litio". Sin embargo, con base en una larga investigación, me atreví a afirmar que la negativa de la FMC a venir a Bolivia estuvo vinculada ante todo a las condiciones del mercado mundial del litio.
Para entonces ya se visualizaban dos grandes aplicaciones del litio: baterías para vehículos eléctricos y fusión nuclear. Al respecto, en diciembre de 1992 la General Motors (GM) Corporation, primera fábrica de automóviles del mundo en el momento, anunció la suspensión indefinida de producción de vehículos en serie programada inicialmente para mediados de los 90. Asimismo, se conoció que el proyecto de construcción del reactor nuclear ITER en Francia iniciado en 1987 también sufriría una demora importante.
Según mi análisis, ambos eventos contrajeron las expectativas de demanda del litio[2] para los siguientes años generando un "retraso tecnológico" que duraría entre 20 y 30 años. A la FMC no le convenía invertir en Uyuni en ese momento, sino apostar al Salar del Hombre Muerto (Argentina), un yacimiento con sólo 130.000 TM de litio. Si bien le interesaba obtener la concesión de Bolivia, hacia fines de 1992, el proyecto del Salar de Uyuni había dejado de ser su primera prioridad. Si el contrato era finalmente aprobado por el Congreso estaba bien, pero la idea no podía ser otra que mantener las reservas bolivianas sin explotarlas hasta que mejoraran las condiciones de mercado. En mi artículo publicado en Hoy el 13 de enero de 1993 (dos días antes de conocerse la determinación final de la FMC de alejarse de Bolivia) bajo el título de "El rechazo de la FMC Corporation: Una búsqueda de explicaciones", puse todo lo anterior al descubierto.
[1] Cabe aclarar que el Decreto Supremo No. 23059 aprobado un día antes de la suscripción del contrato establecía una serie de deducciones de la utilidad neta gravada. Esto quería decir que además de todas las gangas que el contrato le ofrecía a la transnacional, el gobierno de entonces estaba empeñado en brindarle incentivos adicionales aún a pesar del daño económico que aquello pudiera significar para el país.
[2] Si bien para entonces las baterías de litio para vehículos eléctricos aún se encontraban en proceso de experimentación, todo indicaba que los primeros "carros verdes" producidos en serie tendrían que ser activados por ese tipo de sistemas avanzados de almacenaje de energía.
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